La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, dictó el 6 de noviembre una medida cautelar que ordena a doce empresas y grupos españoles y a siete sociedades hispano-isleñas abstenerse de realizar actividades pesqueras sin habilitación argentina en el mar territorial y en la Zona Económica Exclusiva, incluidas las aguas que rodean a las Islas Malvinas hasta las 200 millas. La resolución, dictada en el expediente FCR 16446/2026, prohíbe la captura de recursos marinos vivos por cualquier método, el procesamiento a bordo, los transbordos y las descargas, además del inicio de nuevas mareas y la incorporación de embarcaciones, según difundió la Fundación Agustina Lerena, impulsora de la demanda.

La acción colectiva fue promovida por esa fundación, que preside César Augusto Lerena y cuyo patrocinio ejerce el abogado Eduardo Salvador Barcesat, con un reclamo de reparación ambiental estimado en hasta 26.464 millones de dólares. Días antes, el 3 de noviembre, el juzgado había asumido la competencia territorial y material del caso, convalidado la legitimación de la actora y ordenado informes del INIDEP y registros de Prefectura Naval como paso previo a la cautelar.

El secretario del Juzgado Federal de Río Grande, Juan Vicente, valoró el alcance de la medida en una entrevista con Radio Fueguina (La 97). Explicó que la magistrada consideró acreditadas las condiciones de urgencia para impedir la continuidad de esas actividades mientras se sustancia el proceso principal, y aclaró que todavía no existe una sentencia definitiva sobre el eventual daño ambiental: se trata de un proceso civil en el que las partes deberán aportar las pruebas correspondientes.

Vicente destacó también la proyección internacional del fallo. Como las empresas demandadas tienen domicilio fuera del país, la resolución deberá comunicarse a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. "Hay una parte que es judicial, que es la de adaptar la medida, pero después parte queda en manos del Poder Ejecutivo", señaló, y explicó que "los Estados son soberanos y esto se da a partir de la colaboración, no hay una obligación", por lo que las gestiones se canalizarán mediante exhortos a España y a los demás países donde estén radicadas las compañías. Una vez notificadas, las empresas podrán ejercer su defensa y aportar pruebas, incluso en forma virtual. En declaraciones a Del Pueblo Radio, el secretario resumió el criterio del tribunal: "Si no cuentan con autorización del Estado argentino, tienen que cesar la actividad", al referirse a embarcaciones que operan en el espacio marítimo circundante a las islas bajo permisos otorgados por autoridades británicas.