TRIBUNAL DE ARBITRAJE

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I.- ALGUNAS NOCIONES PREVIAS ELEMENTALES

I.1.- ¿Qué es el arbitraje?

El arbitraje, sintéticamente definido, consiste en someter el juzgamiento de un conflicto entre dos o más partes, a la decisión de uno o más terceros, ajenos al poder público, elegidos por aquéllas. Una de las notas más importantes de este tipo de procedimiento es que la decisión del árbitro tiene exactamente la misma eficacia que la sentencia de un juez; es tan ejecutable como ésta. En suma, sentencia de un árbitro (laudo) = sentencia de un juez.

I.2.- Las ventajas del arbitraje

Al respecto, cabe destacar que:

  • el arbitraje transita a través de un procedimiento ágil que posibilita acortar el trámite de los litigios;
  • el árbitro no está sobrecargado de tareas; el juez lleva miles de juicios;
  • el arbitraje permite elegir a un árbitro especializado en la materia;
  • en el arbitraje se puede mantener la confidencialidad del conflicto en los casos que las partes lo deseen;
  • en el arbitraje es posible elegir a los peritos y convenir con ellos el monto de sus honorarios;
  • las partes tienen la posibilidad de elegir a los árbitros; el juez siempre les resulta impuesto.

I.3.- El acuerdo arbitral

El arbitraje nace a partir de la voluntad de las partes de derivar el juzgamiento de determinado conflicto a la decisión de particulares, excluyendo la jurisdicción del Estado. Esa voluntad de las partes, que se manifiesta por medio de un acuerdo arbitral o pacto de arbitraje, puede ser tanto anterior como posterior al nacimiento del conflicto. Cuando es anterior, normalmente se lo incorpora al texto de un contrato mediante una cláusula especial, a través de la cual las partes establecen que las eventuales divergencias que pudieran suscitarse entre ellas con motivo de ese contrato serán resueltas por un tribunal de arbitraje. Pactado el arbitraje, los tribunales públicos resultan incompetentes para entender originariamente en el asunto.

I.4.- Tipos de tribunales de arbitraje

En general, las leyes nacionales o extranjeras establecen que puede ser árbitro cualquier persona mayor de edad, capaz para adquirir derechos y contraer obligaciones. Sin embargo, a veces se establece que, en ciertas clases de arbitrajes, el árbitro sólo puede ser un abogado. Tampoco se exige que un tribunal arbitral esté constituido por un número determinado de árbitros.

Básicamente, existen dos tipos de tribunales arbitrales: el arbitraje personal o ad hoc, y el arbitraje institucional.         En el arbitraje institucional existe una entidad que lo administra y organiza, suministrando a las partes el reglamento a través del cual se regirá el procedimiento y una lista de la cual pueden escoger a los árbitros. Por lo común, la cuestión litigiosa es resuelta por los árbitros escogidos por las partes, sin que la entidad tenga ninguna injerencia. Sin embargo, se da el caso particular de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) –acaso uno de los más prestigiosos tribunales de arbitraje privados del mundo–, que prevé un sistema de control del laudo. En efecto, los árbitros que integran este tribunal deciden el pleito conforme con su propio criterio, pero antes de ser notificado a las partes remiten el laudo a la Institución, a efecto de que profesionales especializados lo controlen y, en su caso, sugieran algún cambio.

I.5.- Cuestiones que pueden ser sometidas a arbitraje

Puede someterse a arbitraje toda clase de derechos en conflicto, cualquiera que sea su especie y naturaleza, con la única condición de que los derechos controvertidos sean de libre disposición para las partes. Incluso el Estado puede someter el juzgamiento de sus derechos a algún tribunal arbitral nacional, extranjero o internacional, siempre y cuando, claro está, solamente esté en juego su interés privado (v. Fallos 178:293).

I.6.- El procedimiento arbitral

Las partes pueden convenir libremente el procedimiento por medio del cual se regirá el arbitraje, pero es importante que lo establezcan de antemano, pues, en caso contrario, suscitado un conflicto es probable que no logren ponerse de acuerdo al respecto, situación que ocasionará importantes dilaciones previas al arbitraje. Este problema no se presenta, claro está, en los casos en que las partes han pactado la intervención de algún tribunal arbitral de tipo institucional, habida cuenta de que éstos cuentan con reglamentos que las partes aceptan tácitamente, por el sólo hecho de derivarle el juzgamiento del asunto.

La incomparecencia del demandado al proceso arbitral no afecta la validez del laudo. Esto significa, ni más ni menos, que procede la condena en rebeldía.

I.7.- La impugnación del laudo

La revisión del laudo está sujeta a lo que las partes convienen, expresa o tácitamente, al pactar el arbitraje; subsidiariamente, se estará a lo dispuesto por las leyes.

La mayoría de los reglamentos de los tribunales arbitrales institucionales argentinos disponen que el laudo no es apelable. Con todo, existe una excepción a la regla de la disponibilidad en materia de revisión del arbitraje: la impugnación del laudo por cuestiones de nulidad es irrenunciable.

I.8.- La ejecución del laudo

Así como una sentencia judicial debe pasar por un procedimiento de ejecución en caso de que no resulte cumplida espontáneamente por el obligado, así también un laudo cuando el deudor se resiste a cumplirlo. Pero, a diferencia del juez, el árbitro carece de facultad para ejecutar su propio laudo. En consecuencia, quien ante la resistencia del deudor quisiera hacer cumplir un laudo arbitral, deberá recurrir a la jurisdicción del Estado. Ahora bien, debe tenerse presente que en el proceso de ejecución del laudo es absolutamente improcedente la discusión de las razones en las que el árbitro fundó su decisión. La discusión sobre el fondo del asunto ya no puede reeditarse a estas alturas, pues el procedimiento de ejecución no es instancia de revisión del laudo.

Los códigos procesales civiles y comerciales no suelen establecer con precisión cuál es el juez territorialmente competente para la ejecución del laudo. De todos modos, siendo que la competencia por el territorio resulta en general prorrogable, nada impide que las partes pacten de antemano ante qué juez habrá de ejecutarse eventualmente el laudo, para evitar inconvenientes.

II.- EL ARBITRAJE COMO UNA HERRAMIENTA PARA MEJORAR EL SISTEMA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Acaso la principal causa de la morosidad del sistema público de justicia sea la inmensa desproporción existente entre la cantidad de litigios y los recursos que resulta posible destinar a su gestión. En tren de buscar soluciones al problema, suele apelarse a la idea de aumentar el número de jueces, aumento que difícilmente logre concretarse alguna vez, al menos en la medida de las necesidades y, menos aún, sostenerse en el tiempo. Así pues, insistir con un sistema de justicia monopolizado en los hechos por el Estado no parece que pueda producir cambios sustanciales. Es preferible apuntar a un sistema de gestión de conflictos mixto, en el que el arbitraje privado asuma un papel protagónico junto al Poder Judicial, iniciativa pregonada por casi todos los países del mundo. Cítense, por caso, las palabras pronunciadas en 1985 ante la Conferencia Anual de Abogados de los Estados Unidos, por Warren Burger, por entonces, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de esa Nación: “Algunas veces pienso que hay algún tipo de neurosis masiva que se desarrolla en este país que lleva a la gente a creer que los tribunales son los lugares ideales para resolver cierto tipo de controversias, cuando en términos de costos, tiempo y energía humana el arbitraje es superior al procedimiento judicial. Es hora de que el espíritu innovador e ingenioso del norteamericano y de los abogados forjen nuevas herramientas para cubrir nuevas necesidades”.

En coincidencia con este pensamiento, desde nuestro país, Jorge Mosset Iturraspe señala que “la vía única, exclusiva y excluyente de la justicia oficial, en diferencias suscitadas en temas de derecho privado patrimonial, aparece como un absurdo. Una pretensión hegemónica totalitaria, a contramano con un Estado de libertad” (´Frustración del Contrato´, Rubinzal Culzoni, año 1991, p. 144).

Resulta realmente curioso que servicios tan importantes como la Salud, la Educación e, incluso, la Seguridad se encuentren en la práctica al cuidado compartido del Estado y los particulares, mas no suceda lo mismo con la Justicia. Si se tuviera en cuenta el aporte que la iniciativa privada realiza para que la comunidad cuente con la mejor Salud y Educación posibles, fácilmente se advertiría la enorme colaboración que se está desperdiciando en materia de solución de conflictos, al no recurrirse con más frecuencia al arbitraje privado. Piénsese, si no, en la gran cantidad de entidades que existen en la Provincia (colegios profesionales, bolsas y cámaras de comercio, asociaciones rurales, entre tantas otras), que bien podrían resolver conflictos con la misma solvencia e imparcialidad con que lo hacen los tribunales públicos.

Sea como fuera, es importante señalar, como bien se ha dicho en más de una ocasión, que si bien la crisis de la justicia pública puede ofrecer una oportunidad al desarrollo del arbitraje, éste no debe ser visto solamente como una respuesta inmediata a la crisis de aquélla, sino como una alternativa válida que debe ser evaluada con abstracción del estado por el que atraviese el Poder Judicial. Es que el arbitraje tiene ventajas y particularidades que lo hacen deseable aun ante la hipótesis de una administración de justicia que funcionase perfectamente. Ligar la suerte del arbitraje a la crisis de la Justicia sería subestimar su real utilidad e importancia.

III.- LOS COLEGIOS PROFESIONALES Y LA PROMOCIÓN DE ARBITRAJE

Cierto es que la práctica del arbitraje se encuentra poco desarrollada en nuestro país. Tal vez ello sea como consecuencia de una mala legislación al respecto. Sin embargo, es innegable que esta deficiencia logra superarse con los reglamentos de las instituciones arbitrales que ofrecen el servicio. Buena prueba de ello son los excelentes resultados que se obtienen cuando se utiliza el arbitraje con frecuencia, tal como acontece, por ejemplo, en el caso del Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados de la ciudad de Mar del Plata y la gran cantidad de causas que esta institución resuelve por año, en unos pocos meses cada vez.

¿Cómo lograr, entonces, que el arbitraje sea una herramienta de uso generalizado? Naturalmente, es necesario un cambio de mentalidad en la comunidad, a partir del cual los conflictos comiencen a solucionarse por este método alternativo. Ahora bien, nada indica que tal cambio vaya a darse de modo espontáneo, por lo que es imprescindible inducirlo e impulsarlo, y parecería que nadie mejor para ello que los colegios profesionales y sus propios colegiados: aquéllos, creando y poniendo en funcionamiento tribunales de arbitraje; éstos, aconsejando introducir el acuerdo arbitral en los contratos o convenios que redacten para sus clientes, de modo que, en caso de un conflicto posterior, las partes deban recurrir inevitablemente al arbitraje, en lugar de la justicia pública y así, poco a poco, la comunidad se vaya acostumbrando a esta práctica.

Finalmente, es importante que el acuerdo arbitral sea anterior al conflicto –es decir, introducido al momento de celebrar un contrato o convenio–, pues luego de suscitadas las diferencias es probable que el deudor no acepte el arbitraje y obligue al acreedor a presentar su demanda ante los tribunales del Estado, especulando con alargar el tiempo que insumirá el juicio y colocando así a su contrincante ante la disyuntiva de aceptar un mal arreglo o, en su defecto, un interminable proceso.

IV.- LAS CARATERÍSTICAS PRINCIPALES DEL REGLAMENTO DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL COLEGIO PÚBLICO DE ABOGADOS DE RÍO GRANDE

En apretada síntesis, son las siguientes:

  • inicio y desarrollo del arbitraje a partir de un único ´convenio arbitral´, que puede ser anterior o posterior al conflicto;
  • integración de los tribunales constituidos en cada caso concreto con el secretario general, uno o más árbitros cuya función se limita al dictado del laudo, y un director del procedimiento encargado de conducir el trámite (tribunales tricéfalos);
  • amplia libertad de las partes para elegir árbitros y peritos;
  • sistema de recusación basado en una causal de interpretación extensiva: “cualquier circunstancia que dé lugar a duda razonable acerca de la imparcialidad e independencia” del recusado;
  • atribución del Tribunal de decidir acerca de su propia competencia;
  • principio de “no intervención del Estado durante la sustanciación del arbitraje”;
  • impugnación del laudo solo por medio del recurso de nulidad, salvo que las partes pactasen expresamente el recurso de apelación;
  • defensa técnica de las partes obligatoria, a cargo de abogado matriculado en alguno de los colegios de la Provincia;
  • regulación de honorarios de los árbitros y defensores técnicos de las partes sobre la base de la Ley de Aranceles Profesionales nº 21.839;
  • no pago de honorarios a los árbitros en supuestos en que el arbitraje no termine con el dictado del laudo, sino por caducidad, allanamiento, desistimiento o transacción, salvo que hubieran participado en el acto de producción de alguna prueba;
  • posibilidad de pactar los honorarios con los peritos;
  • implementación de procedimientos especiales para causas de menor cuantía, desalojo abreviado y desalojo anticipado;
  • posibilidad del tribunal arbitral de ordenar medidas cautelares;
  • facultad de las partes de requerir, antes o durante el arbitraje, medidas cautelares o previas ante la jurisdicción pública, sin que ello implique renunciar al mismo;
  • aplicación de sanciones procesales al litigante de mala fe;
  • postergación del pago de la tasa de arbitraje hasta el momento de la clausura del debate;
  • exención del pago de la tasa de arbitraje en el caso de procedimientos especiales (causas de menor cuantía, desalojo abreviado, desalojo anticipado).

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PROYECTO

REGLAMENTO DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS DE RIO GRANDE

 

 

Art. 1.- Disposiciones preliminares:

Art. 1.1.- Creación del Tribunal y competencia: Créase el Tribunal de Arbitraje del Colegio Público de Abogados de Río Grande, el cual tendrá jurisdicción y competencia para conocer y laudar cualquier conflicto de intereses entre particulares que verse sobre materia disponible, sometido a su conocimiento por medio de un convenio arbitral celebrado antes o después de nacido dicho conflicto. El arbitraje del Tribunal será siempre de derecho, salvo que las partes hubieran pactado expresamente un arbitraje de equidad.

Art. 1.2.- Administración y representación del Tribunal: La administración y representación del Tribunal será ejercida por un secretario general, quien será designado por el Consejo Directivo del Colegio, por un periodo de cuatro (4) años, renovable indefinidamente.

Art. 1.3.- Alcance del Reglamento: Cuando las partes de un conflicto acuerden someterlo al arbitraje del Tribunal, el procedimiento se regirá por el presente Reglamento, sus normas complementarias y sus eventuales modificaciones. Los derechos y deberes personales de los asistentes letrados de las partes, los miembros del tribunal a cargo de un arbitraje en particular (secretario general, árbitros, director del procedimiento y auxiliares) y los peritos se regirán por las disposiciones de este Reglamento.

Art. 1.4.- Interpretación extensiva del convenio arbitral: En caso de duda se estará a favor de la existencia del convenio arbitral. Si antes o durante la tramitación de un arbitraje alguna de las partes solicitara ante los tribunales públicos una medida previa, una cautelar o cualquier otra diligencia, ello no autoriza a la otra a invocar la renuncia al arbitraje convenido. La competencia del Tribunal no se extingue en el supuesto de que alguno de los árbitros específicamente designados en un convenio arbitral previo al conflicto, en su momento no aceptare el cargo, salvo pacto expreso en contrario.

Art. 1.5.- Principio de no intervención de la jurisdicción pública durante la sustanciación de un arbitraje: Durante el trámite de un arbitraje las partes sólo podrán cuestionar la competencia del Tribunal ante éste mismo, por vía de declinatoria, sin perjuicio del recurso de nulidad en contra del laudo; no podrán hacerlo ante los tribunales públicos por inhibitoria ni por ninguna otra vía. Ningún eventual conflicto positivo de competencia suspenderá el trámite del arbitraje ni el dictado del laudo, salvo resolución fundada del director del procedimiento o, en su caso, del árbitro.

 

Art. 2.- Sede: La sede del Tribunal de Arbitraje se establece en la propia sede del Colegio Público de Abogados de Río Grande. Sin perjuicio de ello, el tribunal a cargo de un arbitraje en particular podrá constituirse en cualquier otro lugar del territorio nacional para el mejor cumplimiento de sus funciones. Asimismo, podrán habilitarse oficinas en las otras ciudades de la Provincia, a los efectos de la presentación y recepción de los escritos de las partes.

Art. 3.- Días y horas hábiles: Las actuaciones arbitrales se practicarán en día y hora hábiles. Son días hábiles todos los del año con excepción de sábados y domingos, feriados nacionales, de la provincia de Tierra del Fuego o de la ciudad de Río Grande, asuetos administrativos, la segunda quincena del mes de diciembre y todo el mes de enero. Son horas hábiles las que median entre las ocho (8:00) y las dieciséis (16:00). Si alguna razón lo justificara, podrán habilitarse días y horas inhábiles.

Art. 4.- Composición: El tribunal arbitral que se constituya para conocer y laudar en cada caso particular se integrará con el secretario general del Tribunal, el o los árbitros designados que acepten el cargo, y un director del procedimiento y sus eventuales auxiliares. Para ser secretario general, árbitro o director del procedimiento se requiere poseer título de abogado. El secretario general deberá, además, encontrarse matriculados en el Colegio Público de Abogados de Río Grande. Ninguna condición especial se exigirá para desempeñarse como auxiliar.

 

Art. 5.- Funciones del secretario general: Además de las atribuciones que le asigna el artículo ´1.2.´, en cada arbitraje particular el secretario general

recepciona provisoriamente la demanda e, inmediatamente, designa al director del procedimiento que intervendrá en el arbitraje y cita a las partes a audiencia para el nombramiento de los árbitros;

resuelve los incidentes de recusación de los árbitros y el director del procedimiento, si éstos negaran la causal invocada por las partes;

designa a los peritos y, en su caso, al defensor de oficio del demandado rebelde;

cita a las partes para el nombramiento del árbitro dirimente y, en su caso, lo nombra;

dispone el procedimiento para designar árbitros, directores del procedimiento y peritos en casos no previstos por este Reglamento o sus normas complementarias;

acepta o rechaza la renuncia de los árbitros y el director del procedimiento;

sanciona a los árbitros en los casos previstos en los artículos 6 y 11;

regula los honorarios de los árbitros, los asistentes letrados de las partes y los peritos;

expide los testimonios que fueran necesarios para ejecutar el laudo, las regulaciones de honorarios y otras resoluciones ante los tribunales públicos;

asume, en casos de urgencia, automática y provisoriamente la función del director del procedimiento que estuviese actuando, cuando no fuera posible reemplazarlo por otro de sus pares;

requiere el auxilio de los tribunales públicos, en los casos previstos por el artículo 44.

Las partes se encuentran exentas del pago de la tarea del secretario general.

En caso de que por renuncia, ausencia, licencia o por cualquier otro impedimento el secretario general no pudiese ejercitar sus funciones, éstas serán asumidas por el presidente del Colegio Público de Abogados de Río Grande.

 

 

Art. 6.- Funciones de los árbitros: Los árbitros no representan los intereses de ninguna de las partes y ejercen el cargo con estricta imparcialidad. Dictarán el laudo y, en su caso, la resolución aclaratoria; además, presenciarán las declaraciones personales de partes y testigos, si fuere posible, como así también la recepción de toda otra prueba cuando lo disponga el director del procedimiento. Los árbitros con domicilio real más allá de los límites de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur estarán exentos de asistir a las audiencias de producción de prueba; en este supuesto, las audiencias deberán ser registradas por medio de algún dispositivo técnico que posibilite la fiel reproducción de lo acontecido durante el acto.

Los árbitros designados para un arbitraje en particular no podrán renunciar sin causa bajo apercibimiento de responder por los daños y perjuicios que ocasionen; la extensión del arbitraje por más de veinticuatro (24) meses será considerada causa justificada para renunciar.

Durante la sustanciación del arbitraje los árbitros deberán abstenerse de todo contacto personal con las partes. Si por alguna razón se vieren forzados a contactarse con alguna de ellas deberán informarlo inmediatamente, a los efectos de que la otra parte ejerza su derecho a recusar, si lo considerase procedente. Comprobado el incumplimiento del deber de informar, sea durante el curso del arbitraje, sea finalizado éste, el secretario general podrá sancionar al árbitro responsable con una multa cuyo monto decidirá discrecionalmente y/o con la exclusión de la lista prevista por el artículo 9.

 

Art. 7.- Funciones del director del procedimiento: Da curso a la demanda y a partir de este momento tiene a su exclusivo cargo la dirección del procedimiento; sus decisiones no son revisables por el secretario general ni por los árbitros. Para ello,

dicta todas las resoluciones que requiera el arbitraje, ya sean de mero trámite o interlocutorias de cualquier tipo;

decide acerca de la propia competencia del tribunal arbitral y toda cuestión que obste su admisibilidad formal o impida la tramitación de un procedimiento válido, incluso las oposiciones relativas a la existencia, eficacia o validez del convenio arbitral. Sin embargo, podrá abstenerse de resolver estas cuestiones y ordenar que sean resueltas por los árbitros al dictar el laudo, si la naturaleza de la cuestión lo aconsejara;

ordena, en su caso, el desplazamiento del tribunal arbitral;

dispone medidas cautelares;

a pedido de alguna de las partes, remueve al árbitro en el supuesto de que no laude dentro del plazo establecido;

adopta, dentro del marco de su función, todas las medidas que resulten necesarias para sobrellevar imprevisiones u oscuridades de este Reglamento o sus normas complementarias, procurando preservar siempre el derecho de defensa y la igualdad de las partes.

La enumeración que antecede tiene carácter meramente enunciativo.

Las partes se encuentran exentas del pago de la tarea del director del procedimiento.

Si un director del procedimiento no pudiera continuar interviniendo en un arbitraje concreto, se nombrará en su lugar al que inmediatamente lo siga en una lista que estará compuesta por, al menos, tres (3) miembros: al primero, lo reemplazará el segundo; al segundo, el tercero y así sucesivamente; al último de la lista lo reemplazará el primero.

 

 

Art. 8.- Funciones de los auxiliares: El director del procedimiento podrá nombrar uno o más auxiliares en cada arbitraje concreto. Éstos tendrán a su cargo, indistintamente, entre ellos y con aquél, el dictado de las resoluciones de mero trámite, practicarán notificaciones y autorizarán cartas poderes.

La labor de estos auxiliares no será remunerada por las partes.

 

 

Art. 9.- Designación de los árbitros: Las partes designarán hasta tres (3) árbitros con toda libertad, con la única condición de que posean título de abogado. A tal efecto, serán convocadas a una audiencia que deberá ser notificada con al menos cinco (5) días de anticipación. A falta de acuerdo en la audiencia, el tribunal arbitral se constituirá con tres (3) árbitros designados por el secretario general, salvo que la cuantía del litigio no supere el valor de ciento cincuenta (150) Bonos previstos por el artículo 64, inciso f) de la ley 607 de la Provincia, en cuyo caso se nombrará un (1) solo árbitro. Si ninguna de las partes asistiera a la audiencia, el secretario general declarará extinguido el arbitraje y archivará el expediente.

En el caso de que una de las partes estuviese constituida por una pluralidad de sujetos, todos los que asistieran a la audiencia deberán ponerse de acuerdo con la otra parte; de lo contrario, los árbitros serán designados por el secretario general, conforme con lo dispuesto en el párrafo anterior.

Siempre que el secretario general debiese nombrar a un árbitro, lo sorteará de entre los integrantes de una lista permanente de no menos de doce (12) árbitros, designada por el Consejo Directivo del Colegio. Este sorteo se verificará en audiencia a la que serán citadas las partes, con al menos dos (2) días de anticipación, oportunidad en que cada una podrá pedir que se excluya de la lista hasta un máximo de tres (3) árbitros, sin necesidad de expresar motivo alguno, y sin perjuicio del derecho a recusar a los que en su momento fueren designados. En el caso de que una de las partes estuviese constituida por una pluralidad de sujetos, éstos deberán ponerse de acuerdo; a falta de acuerdo, se separará a los árbitros que surjan de un sorteo que realizará el secretario general en la misma audiencia, entre los nominados por cada sujeto.

Los árbitros deberán aceptar el cargo y constituir domicilio legal dentro del radio urbano de la ciudad de Río Grande, dentro de los cinco (5) días posteriores a la fecha en que les hubiera sido notificado el nombramiento, sea compareciendo ante el Tribunal, sea por medio de carta documento o telegrama del Correo Argentino. Caso contrario, el nombramiento quedará sin efecto y se procederá a una nueva designación. Los árbitros designados por el Secretario General no podrán rehusarse a aceptar el cargo, salvo que a criterio de éste existiera una causa justificada.

La designación de árbitros no podrá ser interpretada como un consentimiento de la competencia del Tribunal. No obstante la designación, las partes conservarán la facultad de efectuar, en la etapa pertinente, los cuestionamientos e impugnaciones al respecto.

 

 

Art. 10.- Excusación y recusación: Los árbitros, los directores del procedimiento y los peritos deberán excusarse cuando exista alguna circunstancia que diese lugar a duda razonable respecto de su imparcialidad o independencia. En la misma situación, podrán ser recusados por las partes.

No obstante su recusación, el director del procedimiento dictará las medidas urgentes cuya dilación pueda causar perjuicio, hasta tanto sea reemplazado. La recusación de los árbitros sólo suspende el dictado del laudo.

El secretario general no se podrá excusar ni es recusable, en ningún caso.

 

Art. 11.- Deber de informar: La persona a quien se hiciera saber su nombramiento deberá revelar todas las circunstancias que pudiesen dar lugar a una posible recusación, incluso las sobrevenidas a la aceptación del cargo, salvo que optase por rechazar el nombramiento o excusarse, bajo apercibimiento de responder por los daños y perjuicios que pudiera ocasionar con su omisión. En caso de duda, deberá decidirse por la comunicación de la circunstancia correspondiente.

El ocultamiento de un árbitro de un hecho o situación que hubiera justificado declarar procedente su recusación, advertido luego de dictado el laudo, invalida a éste, sin perjuicio de la multa que prevé el artículo 6. La parte interesada deberá deducir la impugnación dentro de los noventa días (90) días de tomado conocimiento del hecho o la situación ocultada; vencido este plazo, la acción caducará. El impugnante podrá optar entre la jurisdicción pública y este Tribunal de Arbitraje para interponer la acción.

Art. 12.- Procedimiento de recusación: La recusación deberá deducirse dentro de los cinco (5) días de tomado conocimiento de las circunstancias en las que se la fundara. Admitida la recusación por el recusado, se designará a su reemplazante. Si el recusado no la admitiera, el secretario general decidirá definitivamente la cuestión.

La parte que no hubiera recusado podrá aceptar la recusación deducida por la contraria en cualquier momento del incidente, en cuyo caso se sustituirá al recusado, inmediatamente y sin más trámite.

La aceptación de la recusación, ya por la parte contraria, ya por el árbitro, no implica un reconocimiento de la autenticidad del hecho o la situación en que se la hubiera fundado.

 

 

Art. 13.- Designación del reemplazante: A los fines de la designación del reemplazante, se seguirá el mismo procedimiento mediante el cual hubiera sido nombrado el sustituido.

 

 

Art. 14.- Derecho de postulación: Las partes actuarán en el arbitraje por sí o por medio de representante, pero siempre con el patrocinio de abogado matriculado en alguno de los colegios de abogados de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Si el representante abogado reuniera estas condiciones, no se requerirá patrocinio alguno.

Si alguna de las partes denunciara no poder acceder a un asistente letrado por carecer de medios económicos suficientes, el Tribunal evaluará la situación y, en su caso, le proveerá uno que lo represente sin costos a su cargo. La denegación de este beneficio no dará a la parte derecho a reclamo alguno.

Las postulaciones deberán realizarse por escrito y a máquina.

El secretario general, los integrantes de la lista permanente de árbitros a la que refiere el artículo 9 de este Reglamento y los directores del procedimiento no tienen ninguna incompatibilidad para actuar por sí o en representación de alguna de las partes en arbitrajes que tramitasen ante el Tribunal.

Art. 15.- Poderes: El poder para representar a las partes podrá ser otorgado ante el secretario general, el director del procedimiento o alguno de sus auxiliares mediante carta poder, o por escritura pública o instrumento privado con firma certificada por escribano.

 

 

Art. 16.- Copia de escritos y documentos: De todo escrito presentado en juicio, excepto los de mero trámite, así como de los documentos adjuntos, deberá el que los presente acompañar tantas copias cuantas sean las partes contra quienes litigue y árbitros que integren el tribunal arbitral. Además de ello, dentro de los dos (2) días de presentado deberá enviar al Tribunal un correo electrónico adjuntando un ejemplar del escrito presentado, a los efectos de que éste lo reenvíe a la otra parte. El incumplimiento de este propósito por parte del Tribunal no dará a las partes derecho a reclamo alguno.

 

 

Art. 17.- Constitución de domicilio: Todo el que comparezca ante el tribunal deberá constituir un domicilio especial a los fines del arbitraje dentro del radio urbano de la ciudad de Río Grande. Caso contrario, se considerará que lo ha constituido en la sede del Tribunal y se le tendrá por notificado de todas las actuaciones, incluso el laudo, en la forma y oportunidad establecida en el artículo 19, párrafo 2º, de este Reglamento. Sin perjuicio de ello, podrá denunciar una dirección electrónica a la que el Tribunal le reenviará los escritos presentados por la contraria.

 

 

Art. 18.- Expedientes: Los expedientes no podrán ser examinados por personas extrañas. En ningún caso podrán ser retirados de la sede del Tribunal, ni aún luego de culminado el arbitraje, salvo por requerimiento judicial.

 

 

Art. 19.- Notificaciones: Cuando el litigante o su representante concurran a la sede del Tribunal se les notificará personalmente de todas las resoluciones dictadas en el expediente, dejándose nota en éste.

Toda resolución para la que este Reglamento no dispusiera otra cosa quedará notificada el primer martes posterior a su fecha o el día siguiente hábil, salvo que el litigante, su representante o patrocinante concurra al Tribunal y deje prueba de su asistencia y de que el expediente no le pudo ser exhibido, firmando el libro que se llevará al efecto. No se permitirá la firma de este libro a quien tuviera alguna notificación pendiente, si el expediente estuviera disponible.

Debe notificarse por cédula, por carta documento o telegrama colacionado del Correo Argentino, o por medio de escribano público:

la recepción provisoria de la demanda, la designación del director del procedimiento y, según el caso, la citación o traslado para nombrar árbitros;

la resolución por la que el director del procedimiento da curso, o no, a la demanda y en su caso corre traslado a la contraria;

la intimación para impulsar el procedimiento cuando estuviese en juego su caducidad;

el laudo, toda resolución que ponga fin al arbitraje, las interlocutorias, las regulaciones de honorarios, y sus aclaraciones;

toda otra resolución que así lo disponga expresamente.

Las notificaciones por cédula, carta documento o telegrama colacionado podrán ser firmadas por el asistente letrado de la parte. Cuando quien deba notificar mediante cédula no encontrare a la persona a quien haya de notificar, entregará la cédula a cualquier persona de la casa, pero si nadie quisiere recibir la cédula o la casa estuviere cerrada, la dejará en el buzón para la correspondencia, la fijará en la puerta de ingreso o la pasará por debajo de ésta.

Fracasada la notificación en el domicilio real denunciado, la actora podrá insistir en que se notifique en el mismo, bajo su exclusiva responsabilidad y sin perjuicio de las impugnaciones previstas en el artículo 39 de este Reglamento. Si como consecuencia de esta notificación se llegare a anular el procedimiento, la actora responderá por las costas del proceso anulado y los daños y perjuicios ocasionados.

Sin perjuicio de la notificación que corresponda, el tribunal arbitral procurará poner en conocimiento informal de las partes vía correo electrónico, toda resolución que se dicte en la causa, lo más inmediatamente posible. El incumplimiento de este propósito no da derecho a ningún reclamo.

Cuando procediere la notificación por edictos se publicarán en un periódico de los de mayor circulación del lugar del último domicilio conocido del citado.

 

 

Art. 20.- Plazos: Cuando no estuviere dispuesto un plazo especial para levantar una carga procesal, el acto correspondiente deberá realizarse dentro de los cinco (5) días posteriores a la notificación de la iniciación del término. No obstante el vencimiento del plazo, las partes podrán realizar el acto hasta tanto la contraria no denuncie la extemporaneidad e impulse el procedimiento hacia la siguiente etapa procedimental. El director del procedimiento podrá autorizar el levantamiento de una carga incluso luego de denunciada la extemporaneidad, cuando ésta obedeciera a razones de fuerza mayor.

Los plazos no vencidos podrán prorrogarse o suspenderse, a pedido de parte o de oficio.

La autorización de un acto luego de denunciada la extemporaneidad y la prórroga o suspensión de un término no requieren fundamentación.

Art. 21.- Rebeldía: Será declarada rebelde la parte que, habiendo estado representada por medio de apoderado, siendo nuevamente citada por renuncia, inhabilidad o muerte de éste, no compareciere en el término de cinco (5) días. Declarada la rebeldía, continuará el procedimiento sin darse representación al rebelde, al cual se le tendrá por notificado de cualquier resolución desde su fecha. También será declarado rebelde el demandado sin domicilio conocido que, habiendo sido citado por edictos, no compareciere dentro de los diez (10) días. En este último caso, el secretario general le nombrará un defensor de oficio.

 

 

Art. 22.- Audiencias: Todo lo sucedido en el curso de una audiencia se hará constar en acta que se incorporará al expediente. Sin perjuicio de ello, el director del procedimiento podrá ordenar que se tome una versión taquigráfica o que se lo registre por cualquier medio técnico.

 

 

Art. 23.- Impugnación de los actos procesales: No procederá la impugnación de ningún acto procesal si el vicio denunciado no ocasiona algún perjuicio al impugnante. Las irregularidades de los actos procesales quedan subsanadas si el legitimado no las impugna dentro de los cinco (5) días de haber tomado conocimiento.

Las resoluciones del director del procedimiento dictadas sin sustanciación podrán ser modificadas o dejadas sin efecto, de oficio o por medio del recurso de revocatoria. Excepcionalmente se admitirá este recurso en contra de decisiones sustanciadas, cuando puedan ocasionar un agravio irreparable en instancia arbitral. Las resoluciones de los auxiliares podrán ser revocadas por el director del procedimiento, de oficio o a pedido de parte.

Las impugnaciones e incidentes devenidos en el curso del arbitraje podrán ser desestimadas sin ningún trámite, aun cuando en principio correspondiese su sustanciación.

 

 

Art. 24.- La demanda: Ésta deberá interponerse expresando

los datos necesarios para individualizar al demandante y el demandado;

la pretensión y su indefectible cuantificación, cuando fuera susceptible de apreciación pecuniaria;

los hechos y los documentos en que se funda la pretensión. Éstos últimos deberán ser acompañados a la demanda, pero si ello no fuera posible deberá expresarse su contenido y el lugar en que se encuentren. También deberá acompañarse a la demanda el convenio arbitral del cual surgiese la competencia del Tribunal.

El director del procedimiento no dará curso a la demanda que no se dedujera conforme con estas prescripciones. Podrá condicionar su admisión a que el actor aclare cualquier punto oscuro.

Admitida la demanda se correrá traslado al accionado por el término de veinte (20) días.

 

 

Art. 25.- La contestación a la demanda: Al responder a la demanda el demandado debe

oponer todas las cuestiones procesales que obsten su admisibilidad o impidan la tramitación de un procedimiento válido, en cuyo caso se dará traslado al actor por diez (10) días;

reconocer o negar los hechos mencionados por el actor y los documentos que el actor le atribuyere a él o a terceros, bajo apercibimiento de ser tenidos por reconocidos en el laudo. Este apercibimiento no resultará aplicable en el caso de que se rindiere prueba en contrario;

deducir todas sus defensas materiales, expresando los hechos y acompañando los documentos en que las basara;

en su caso, plantear reconvención, siempre y cuando existiese conexidad causal con la demanda.

De la contestación a la demanda se correrá traslado al actor, por el término de diez (10) días, para que replique cuanto estime necesario y, particularmente, reconozca o niegue los hechos y documentos privados acompañados por el demandado.

De la reconvención se correrá traslado al actor por el término de quince (15) días.

Art. 26.- Falta de contestación a la demanda o la reconvención: No contestada la demanda o la reconvención, a pedido de parte se dispondrá la clausura del debate y la entrega de los legajos a los árbitros para el dictado del laudo, sin más trámite. En este caso el laudo deberá tener por reconocidos los hechos y los daños invocados por el actor o el demandado reconviniente, mas no la cuantificación subjetiva que de éstos últimos las partes pudieran haber efectuado; ésta será determinada por los árbitros de acuerdo a su leal saber o entender, salvo que el actor optase por requerir la apertura de la causa a prueba, a fin de aportar elementos objetivos para la determinación de la cuantía. En este caso, el demandado podrá ofrecer prueba a los mismos fines.

 

 

Art. 27.- Apertura de la causa a prueba: Trabada la litis se abrirá la causa a prueba, si hubieran hechos controvertidos; caso contrario, se declarará la cuestión de puro derecho y se correrá traslado a las partes para alegar.

Cuando alguna de las partes tuviera motivos fundados para temer que la producción de las pruebas de las que pretendiere valerse pudiere tornarse difícil o imposible por el transcurso del tiempo, podrá solicitar su realización anticipada, con citación de la contraria, excepto que la urgencia del caso no lo permitiera.

Los aseguramientos de pruebas obtenidos en jurisdicción pública tendrán plena validez en sede arbitral.

 

 

Art. 28.- Ofrecimiento de pruebas: Las pruebas deberán ofrecerse dentro de los diez (10) días de notificada la apertura de la causa a prueba. Dentro de los cinco (5) días de notificado el ofrecimiento de la contraria, las partes podrán adherir a alguna, algunas o todas las ofrecidas por aquél, y también ofrecer nuevas pruebas relacionadas con las propuestas por la contraria.

Art. 29.- Renuncia a las pruebas: Las partes podrán renunciar a alguna, algunas o todas las pruebas ofrecidas en cualquier momento del procedimiento, salvo que la contraria hubiera adherido a ellas, que ya hubieran sido rendidas o que su producción hubiera comenzado a tener lugar.

 

 

Art. 30.- Medios de prueba: Para la demostración de los hechos que proceden de la demanda y su contestación, las partes podrán valerse de cualquier medio probatorio, salvo la confesión de la contraria. El director del procedimiento establecerá la manera de practicar las pruebas ofrecidas, si fuera necesario. El diligenciamiento y el costo de la producción de las pruebas se encuentran a cargo de la proponente, sin perjuicio de su eventual reembolso, conforme se impusieren las costas en el laudo.

Art. 30.1- Declaración personal: Si una de las partes ofreciera su declaración personal voluntaria, acabada la misma habrá de responder a todas las preguntas que le formule la contraria. Su negativa a responder o sus respuestas evasivas podrán ser consideradas como una presunción en su contra en el laudo. La declaración personal podrá prestarse en forma de relato, o bien respondiendo preguntas formuladas por el asistente letrado del declarante.

Art. 30.2.- Testigos: Los testigos serán examinados libremente por ambas partes, no siendo necesario acompañar interrogatorio alguno previamente. No se permitirán las preguntas que se formulen en términos afirmativos, involucren o sugieran la respuesta, induzcan a inferir, deducir o imaginar, o sean ofensivas o vejatorias. El director del procedimiento podrá impedir la realización de preguntas que fueran inconducentes. No se tomará la declaración de un testigo ofrecido por la parte ausente en la audiencia correspondiente, salvo que la contraria hubiera adherido a la prueba, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29.

Art. 30.3.- Peritajes: Al decretar el peritaje, el director del procedimiento determinará los puntos sobre los cuales el perito deberá dictaminar y fijará el plazo dentro del cual éste habrá de presentar el dictamen. Asimismo, correrá traslado a las partes para que dentro del término de diez (10) días designen al perito y pacten el monto de sus honorarios. El perito deberá aceptar el cargo dentro de los cinco (5) días de notificado su nombramiento y en ese mismo acto deberá prestar su conformidad con relación al monto de sus honorarios. Si las partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo señalado, el perito será designado por el secretario general, en cuyo caso los honorarios serán acordados entre ambos.

Cuando alguna de las partes lo solicite después de la presentación del dictamen, el perito será convocado a una audiencia en la que aquéllas tendrán la oportunidad de formularle preguntas y pedirle aclaraciones, por sí o por medio de delegado técnico.

Si alguna de las partes manifestara no tener interés en el peritaje ofrecido por la otra, éste se hará a cargo de quien lo hubiera propuesto, excepto que la parte desinteresada resultare condenada al pago de las costas y el peritaje hubiera sido necesario para la solución del litigio; circunstancia, ésta última, que deberá consignarse en el laudo. La manifestación de desinterés impide al perito intentar el cobro de sus honorarios contra la parte desinteresada mientras el tribunal no se pronuncie sobre la imposición de costas.

 

 

Art. 31.- Duración del período probatorio: El período probatorio será clausurado a los ciento veinte (120) días corridos contados a partir del día de la última notificación a las partes de la resolución que hubiese proveído las pruebas ofrecidas, o bien con anterioridad si a esa altura no quedaran pruebas pendientes de realización. A los fines del cómputo de este plazo, no se tendrán en cuenta, en su caso, los días correspondientes a las ferias judiciales de invierno y verano en la Provincia, conforme sean determinadas por el Superior Tribunal de Justicia. El director del procedimiento, a pedido de alguna de las partes, podrá prorrogar el término ordinario, si lo estimara justificado.

Art. 32.- Alegatos: Clausurado el período probatorio se correrá traslado a los litigantes para que presenten sus alegatos en el término de diez (10) días, sin que ninguno de ellos pueda imponerse del presentado por el adversario.

 

Art. 33.- Clausura del debate y entrega de legajos: Presentados los alegatos o vencido el término para hacerlo, se clausurará el debate y se citará a los árbitros a fin de entregarles un legajo de copias de las actuaciones arbitrales a cada uno, luego del pago de la tasa de arbitraje prevista por el artículo 46. A los fines de recibir los legajos, los árbitros comparecerán al Tribunal dentro de los cinco (5) días de la citación. Se dejará constancia en el expediente de la fecha de cada entrega. El árbitro con domicilio real fuera de los límites de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur estará exento de comparecer ante el Tribunal a recibir el legajo; éste le será dejado en el domicilio legal constituido.

 

 

Art. 34.- El laudo: El laudo será dictado por escrito, expresando lugar y fecha de emisión, adecuadamente motivado e identificando inequívocamente a las partes y la pretensión. Se pronunciará siempre sobre la distribución de las costas, aún cuando las partes no lo hubieran solicitado. Será firmado por los árbitros en todas sus hojas. Si el tribunal arbitral estuviera compuesto por más de un árbitro, éstos podrán pronunciarse en forma impersonal y conjunta, o bien emitir votos individuales. Deberá dictarse dentro de los treinta (30) días corridos posteriores a la fecha de entrega del último legajo, salvo que el director del procedimiento resolviera conceder una prórroga. Vencido el plazo sin que se hubiera dictado el laudo, el director del procedimiento, a pedido de parte, removerá a los demorados, quienes de este modo perderán su competencia para laudar y todo derecho a retribución. En tal caso, procederá a nombrarse a los reemplazantes, conforme con lo dispuesto en el artículo 13 de este Reglamento. No será necesario designar reemplazante, si con los votos emitidos se lograra obtener una mayoría absoluta de votos concordantes sobre todos los puntos sometidos al arbitraje.

Dentro de los diez (10) días posteriores al vencimiento del plazo para el dictado del laudo, el director del procedimiento agregará los votos al expediente, siempre que hubiera sido alcanzada una mayoría absoluta de pronunciamientos concordantes sobre todos los puntos sometidos al arbitraje; caso contrario, ordenará integrar el tribunal arbitral con uno o más árbitros, según corresponda, a los efectos de que diriman los puntos que no hubieran alcanzado la mayoría requerida. Para la integración del tribunal se convocará a las partes a una audiencia para que nombren a los dirimentes, de común acuerdo; en su defecto, los dirimentes serán designados por el secretario general.

Los árbitros dirimentes tienen los mismos deberes y derechos que los árbitros originarios.

Las resoluciones del director del procedimiento durante el curso del arbitraje adquieren el carácter de cosa juzgada y no pueden ser desconocidas por los árbitros al dictar el laudo.

 

Art. 35.- Aclaración del laudo y otras resoluciones: Dentro de los cinco (5) días de notificado el laudo o cualquier resolución que pusiera fin al arbitraje o lo paralizara, cualquiera de las partes podrá solicitar la aclaración de conceptos oscuros, que se suplan omisiones y, en general, que se subsane todo defecto que pudiera ocasionar nulidades. Los errores materiales o numéricos podrán ser corregidos en cualquier tiempo. Solicitada la aclaración, se dará vista a la contraria por el término de tres (3) días, al solo efecto de oírla. Evacuada la vista o vencido el plazo para hacerlo, los árbitros resolverán el pedido de aclaración, dentro de los diez (10) días siguientes. Si la aclaración hubiera sido pedida con relación a un voto en particular, será resuelta individualmente por quien lo hubiera emitido. Vencido el plazo sin que se hubiera aclarado el laudo, el director del procedimiento, a pedido de parte, removerá a los responsables de la demora, quienes de este modo perderán su competencia y el derecho a la retribución por el laudo dictado, salvo causa justificada. En tal caso, procederá a nombrarse a los reemplazantes, conforme con lo dispuesto en el artículo 13. El pedido de aclaración suspende el plazo para plantear las impugnaciones previstas en el artículo 39 y, en su caso, en el 40.

Las resoluciones del director del procedimiento también pueden ser aclaradas, pero en el caso de las de mero trámite no será necesario oír a la contraparte.

 

 

Art. 36.- Otros modos de terminación del arbitraje:

Art. 36.1.- Caducidad: Si el procedimiento no hubiera sido impulsado durante noventa (90) días corridos sin tener en cuenta los días del mes de enero, se intimará a las partes para que dentro del término de diez (10) días lo insten. Vencido este término sin que se hubiera efectuado o requerido la actuación idónea, el director del procedimiento declarará la caducidad del arbitraje.

Art. 36.2.- Allanamiento: El demandado podrá allanarse a la demanda en cualquier momento del procedimiento, reconociendo o no sus fundamentos. En tal caso, el director del procedimiento dictará el laudo, sin más trámite, pero si existiera desacuerdo con relación a las costas, se sustanciará previamente la incidencia relativa a éstas. En el supuesto de que al allanarse el demandado nada manifestare con relación a los fundamentos de la demanda, se entenderá que los reconoce.

Art. 36.3.- Desistimiento: En cualquier estado del arbitraje, el actor podrá desistir del proceso o de la pretensión, en cuyo caso el director del procedimiento declarará finalizado el arbitraje y le impondrá las costas, salvo que aquél invocase alguna circunstancia que justificara imponerlas de otra manera. El desistimiento del procedimiento requiere el consentimiento del demandado. El desistimiento de la pretensión implica su renuncia y la extingue definitivamente.

Art. 36.4.- Transacción: Si durante el arbitraje las partes arribaran a un acuerdo que resolviera totalmente el litigio, el director del procedimiento dará por terminadas las actuaciones y, si aquéllas lo pidieran, hará constar la transacción en forma de laudo.

Art. 37.- Costas: La tasa por el servicio de arbitraje y los honorarios de árbitros, abogados y peritos integran las costas, así como toda otra erogación justificada que hubiese requerido el procedimiento y a la que el laudo se refiriese expresamente.

La parte vencida será condenada a pagar las costas del arbitraje; sin embargo, podrá ser eximida total o parcialmente de esta responsabilidad, siempre que se encontrare mérito para ello, expresándoselo en el laudo, bajo sanción de nulidad. Todos los que tuvieran honorarios regulados podrán reclamarlos conjuntamente con los aportes profesionales correspondientes, directamente al condenado al pago de las costas, por vía ejecutiva. Salvo lo dispuesto por el artículo 30.3, último párrafo, sea cual fuere la manera en que se impusieren las costas, ambas partes responden solidariamente por las de árbitros y peritos, sin perjuicio del reembolso que, en su caso, podrá reclamar el litigante eximido al litigante condenado al pago.

Las costas del defensor de oficio del demandado rebelde sin domicilio conocido serán soportadas por el actor, sin perjuicio de la acción de reembolso que, en su caso, le cupiere.

Art. 38.- Honorarios: Todos los honorarios devengados durante el desarrollo de un arbitraje serán regulados por el secretario general. Contra la regulación procederá solamente el recurso de revocatoria, el cual deberá interponerse dentro de los cinco (5) días de la notificación.

El monto de los honorarios de los abogados de las partes se regulará conforme con lo previsto por la Ley de Aranceles Profesionales nº 21.839 de la Nación y sus modificatorias, considerando la labor desarrollada ante el Tribunal de Arbitraje del Colegio Público de Abogados de Río Grande como si hubiera sido prestada ante la jurisdicción pública.

Los honorarios de los árbitros en caso de que hubieran dictado el laudo se regularán en un monto que surja de aplicar a la regulación de honorarios que correspondiere al abogado de la parte vencedora, los porcentajes siguientes: al árbitro único, el treinta y cinco por ciento (35%); si el tribunal arbitral estuviese constituido por más de un árbitro, a cada uno, el veinticinco por ciento (25%); en caso de árbitro dirimente, el veinte por ciento (20%) a cada uno. En caso de que los árbitros no hubiesen llegado a laudar, sus honorarios serán regulados conforme con la importancia de la labor efectivamente prestada, valorada por el secretario general según su leal saber y entender, sin sujeción a escala alguna.

En el supuesto de que el perito hubiera acordado sus honorarios con el secretario general, las partes podrán solicitar la reconsideración del monto dentro de los cinco (5) días de intimadas al pago por aquél. En este caso, el secretario general resolverá según su leal saber y entender, tendiendo en cuenta la calidad e importancia de la labor del perito, sin sujeción a escala alguna.

 

La regulación de honorarios que el abogado pretendiera hacer valer contra su cliente deberá ser previamente notificada en el domicilio real de éste, procediendo el recurso de revocatoria dentro de los quince (15) días de la notificación.

Art. 39.- Nulidad del laudo y otras resoluciones definitivas: Durante la sustanciación de las actuaciones arbitrales ninguna resolución es impugnable ante la jurisdicción pública. El laudo y toda resolución que pusiera fin al procedimiento o importara su paralización resultan impugnables por nulidad, como consecuencia de vicios en el emplazamiento del demandado, vicios del procedimiento arbitral y vicios provenidos de la forma o el contenido de aquéllos.

En el caso de que la nulidad debiera ser articulada por vía de recurso, éste se interpondrá, fundado, ante el mismo tribunal de arbitraje, dentro de los cinco (5) días de la notificación. Si el director del procedimiento concediera el recurso, ordenará remitir el expediente a la cámara de apelación que estimase competente.

Si correspondiere declarar la nulidad, se lo hará sólo parcialmente, si fuere posible. En caso de laudo o resolución emitidos por medio de votos individuales, se conservarán los votos no viciados.

Anulado el laudo y reenviada la causa al Tribunal de Arbitraje del Colegio Público de Abogados de Río Grande para la emisión de un nuevo pronunciamiento o su nueva tramitación, el secretario general convocará a las partes para designar a el o los árbitros subrogantes que fueren necesarios.

No procederá la nulidad basada en algún vicio en el procedimiento, si como consecuencia de éste no se hubiera ocasionado una restricción al derecho de contradicción, aun cuando el impugnante no hubiera logrado obtener en sede arbitral la consolidación de una legítima expectativa como, por ejemplo, en el supuesto de que hubiera sido desestimada una impugnación fundada en la extemporaneidad de una postulación de la contraria, o por rechazo de un incidente de caducidad.

Art. 40.- Eventual recurso de apelación: El recurso de apelación no es admisible contra el laudo ni contra ninguna otra resolución, salvo que las partes hubiesen pactado expresamente este medio de impugnación. En tal caso, las partes podrán convenir, además, el depósito de una suma de dinero determinada o determinable, como condición previa a la concesión del recurso.

Art. 41.- Medidas cautelares: El tribunal arbitral, a pedido de parte, podrá ordenar medidas cautelares para asegurar el cumplimiento o la utilidad del laudo. Éstas podrán ser meramente conservatorias o innovativas; en este último caso, podrán implicar, incluso, un anticipo total o parcial de la pretensión. Antes de despacharse una medida innovativa deberá oírse al demandado, siempre que fuera posible y que ello no pusiera en peligro su efectividad.

Para obtener el despacho de una cautelar el peticionante deberá acreditar verosimilitud del derecho y peligro en la demora, y prestar una contracautela real o personal. El director del procedimiento podrá eximir de prestar contracautela al peticionante de la medida, si ello le resultara demasiado dificultoso.

Si una parte hubiera solicitado temerariamente una medida cautelar y causado perjuicios a la contraria, la indemnización correspondiente deberá reclamarse ante el Tribunal de Arbitraje del Colegio Público de Abogados de Río Grande.

Art. 42.- Medidas previas: Quienes sean o vayan a ser parte en un arbitraje y tuvieren motivos justificados para temer que la producción de pruebas pudiera hacerse difícil o imposible por el transcurso del tiempo, pueden solicitar su producción anticipada. Asimismo, quien vaya a promover una demanda podrá solicitar la realización de cualquier medida que le resulte necesaria para poder entablarla. En ambos casos deberá acompañarse el convenio del cual surja la competencia del Tribunal de Arbitraje del Colegio Público de Abogados de Río Grande. Estas medidas se realizarán con citación previa de parte, siempre que fuera posible. Las partes podrán optar por realizar cualquiera de estas medidas previas ante la jurisdicción pública.

Art. 43.- Sanciones procesales: El laudo podrá imponer una sanción procesal a cualquiera de las partes que hubiera actuado de mala fe durante el arbitraje. En tal caso, la sanción consistirá en una multa en favor de la contraria de hasta el treinta por ciento (30%) del monto que se condenara a pagar en el laudo. Si la pretensión no fuera susceptible de apreciación pecuniaria, la multa no podrá superar la suma de dinero que represente doscientos (200) Bonos previstos por el artículo 64, inciso f) de la ley 607 de la Provincia, al día de la sanción. La parte que negare injustificadamente la firma que hubiera insertado en un documento privado será especialmente considerado litigante de mala fe.

Art. 44.- Auxilio de la jurisdicción pública: En caso de que el tribunal arbitral deba requerir el auxilio de los tribunales judiciales del Estado para efectivizar una medida cautelar, practicar una prueba o cualquier otra diligencia que sea necesaria, entenderá cualquier juez de primera instancia de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Art. 45.- Procedimientos especiales: Los procedimientos que se relacionan a continuación serán conducidos conforme a las reglas de los artículos precedentes, pero con las modificaciones siguientes:

Art. 45.1.- Procedimiento para causas de menor cuantía: Este procedimiento se aplicará, a opción del actor, cuando la pretensión no supere, entre capital e intereses calculados al día de la demanda, el valor de ciento cincuenta (150) Bonos previstos por el artículo 64, inciso f) de la ley 607 de la Provincia. La opción deberá formularse al presentarse la demanda; en tal caso, el demandado no podrá reconvenir por una suma superior a aquélla, entre capital e intereses, calculados también al día de la demanda. No podrá ampliarse la demanda ni la reconvención si los respectivos reclamos finales superaren el límite preestablecido.

El tribunal arbitral se integrará con un (1) solo árbitro elegido de común acuerdo por las partes, pero en caso de no lograrse el acuerdo en la oportunidad correspondiente, el árbitro será designado por el secretario general.

Las únicas pruebas que podrán ofrecerse serán las siguientes: documentos, su reconocimiento por la contraria y, si fuera necesario, peritaje para determinar su autenticidad. No se admitirá ninguna otra.

Dentro de los sesenta (60) días de ejecutoriado el laudo, y bajo apercibimiento de caducidad de la acción, la parte perdidosa podrá promover un nuevo arbitraje tendiente a la revisión de aquél, sin limitaciones de defensas o pruebas. Sin embargo, en este arbitraje no serán admisibles las defensas o excepciones planteadas, o que hubieran podido serlo, en el arbitraje anterior. La promoción de este nuevo arbitraje no suspenderá, por sí sola, la ejecución del anterior.

Art. 45.2.- Desalojo abreviado: Las pretensiones de desalojo de inmuebles urbanos fundadas en la falta de pago de alquileres o en el vencimiento del plazo convenido se regirán por las disposiciones del artículo 45.1., en tanto resulten compatibles.

Art. 45.3.- Desalojo anticipado: Podrá demandarse el desalojo de un inmueble urbano antes de vencido el término de la ocupación, pero el laudo sólo podrá cumplirse luego del vencimiento de dicho término. Este desalojo no requerirá el nombramiento de árbitro si el demandado se allanare a la demanda o simplemente no la contestare. En cualquier supuesto de sometimiento a la demanda, aún existiendo controversia acerca del modo en que debieren distribuirse las costas, el director del procedimiento a cargo del arbitraje será quien dicte el laudo, asumiendo las funciones del árbitro. En caso de allanamiento a la demanda o de no contestación del demandado, las costas del arbitraje se impondrán en el orden causado.

Art. 46.- Tasa de arbitraje: Por la prestación del servicio de arbitraje, el Tribunal de Arbitraje del Colegio Público de Abogados de Río Grande Tribunal percibirá una tasa del uno (1) por ciento (1%), calculada sobre el monto de la pretensión más los intereses reclamados a la fecha de la demanda, con un tope máximo de setecientos (700) Bonos previstos por el artículo 64, inciso f) de la ley 607 de la Provincia. Las causas no susceptibles de apreciación pecuniaria abonarán una tasa de tres (3) Bonos.

La tasa será pagada por la parte que requiriere el dictado del laudo o la resolución que prevé el artículo 36.4., sin perjuicio de su eventual repetición contra el condenado en costas. Los arbitrajes que tramitaren a través de alguno de los procedimientos especiales del artículo 45 se encuentran exentos del pago de esta tasa.

Art. 47.- Silencio u oscuridad del Reglamento: En caso de silencio u oscuridad de este Reglamento, el director del procedimiento implementará la solución que más se ajuste al espíritu que lo inspira, debiendo estar siempre a favor de la protección al debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y la conservación de los actos procesales.

Art. 48.- Normas transitorias: Todos los arbitrajes que se inicien dentro del término de dos (2) años de sancionado este Reglamento se encuentran exentos de la tasa de arbitraje. Durante este periodo, la labor del secretario general, los directores del procedimiento y sus eventuales auxiliares no será remunerada (ad honorem). Durante los próximos dos (2) años, contados a partir la sanción de este Reglamento, el cargo de secretario general será desempeñado por el actual Presidente del Colegio Público de Abogados de Río Grande, quien, en su caso, será provisoriamente reemplazado por quien actualmente se encuentra a cargo de la vicepresidencia del Colegio.

 

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[restab title=»El Reglamento comentado»]

PROYECTO

REGLAMENTO DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE

 DEL COLEGIO PÚBLICO DE ABOGADOS DE RÍO GRANDE

EL REGLAMENTO COMENTADO

 

Art. 1.- Disposiciones preliminares:

Art. 1.1.- Creación del Tribunal y competencia: Créase el Tribunal de Arbitraje del Colegio Público de Abogados de Río Grande, el cual tendrá jurisdicción y competencia para conocer y laudar cualquier conflicto de intereses entre particulares que verse sobre materia disponible, sometido a su conocimiento por medio de un convenio arbitral celebrado antes o después de nacido dicho conflicto. El arbitraje del Tribunal será siempre de derecho, salvo que las partes hubieran pactado expresamente un arbitraje de equidad.

Art. 1.2.- Administración y representación del Tribunal: La administración y representación del Tribunal será ejercida por un secretario general, quien será designado por el Consejo Directivo del Colegio, por un periodo de cuatro (4) años, renovable indefinidamente.

Art. 1.3.- Alcance del Reglamento: Cuando las partes de un conflicto acuerden someterlo al arbitraje del Tribunal, el procedimiento se regirá por el presente Reglamento, sus normas complementarias y sus eventuales modificaciones. Los derechos y deberes personales de los asistentes letrados de las partes, los miembros del tribunal a cargo de un arbitraje en particular (secretario general, árbitros, director del procedimiento y auxiliares) y los peritos se regirán por las disposiciones de este Reglamento.

Art. 1.4.- Interpretación extensiva del convenio arbitral: En caso de duda se estará a favor de la existencia del convenio arbitral. Si antes o durante la tramitación de un arbitraje alguna de las partes solicitara ante los tribunales públicos una medida previa, una cautelar o cualquier otra diligencia, ello no autoriza a la otra a invocar la renuncia al arbitraje convenido. La competencia del Tribunal no se extingue en el supuesto de que alguno de los árbitros específicamente designados en un convenio arbitral previo al conflicto, en su momento no aceptare el cargo, salvo pacto expreso en contrario.

Art. 1.5.- Principio de no intervención de la jurisdicción pública durante la sustanciación de un arbitraje: Durante el trámite de un arbitraje las partes sólo podrán cuestionar la competencia del Tribunal ante éste mismo, por vía de declinatoria, sin perjuicio del recurso de nulidad en contra del laudo; no podrán hacerlo ante los tribunales públicos por inhibitoria ni por ninguna otra vía. Ningún eventual conflicto positivo de competencia suspenderá el trámite del arbitraje ni el dictado del laudo, salvo resolución fundada del director del procedimiento o, en su caso, del árbitro.

 

Comentario:

  1. a) La norma señala qué tipo de pretensiones pueden ser sometidas al arbitraje del Tribunal de Arbitraje del Colegio Público de Abogados de Río Grande. El principio general es que todas las cuestiones pueden serlo, salvo las que no sean susceptibles de transacción según las leyes de fondo. Incluso el Estado puede someter a arbitraje los conflictos que lo enfrentan con particulares, siempre y cuando actúe como persona de derecho privado.

 

  1. b) Durante mucho tiempo, en nuestro país, las partes sólo pudieron acceder a un arbitraje a través del llamado ´compromiso arbitral´, el cual debía ser celebrado luego de suscitado un conflicto determinado, aun en el caso de que con anterioridad a dicho conflicto se hubiera suscripto una ´cláusula arbitral´. Surgido el conflicto, no alcanzaba para dar lugar al arbitraje que las partes hubieran suscripto con anterioridad una ´clausula arbitral´ por la que se hubiera previsto que las cuestiones que eventualmente surgieran entre ellas como consecuencia de una determinada relación jurídica serían sometidas a tal modo de resolución de conflictos. Siempre se requería una suerte de ratificación del pacto arbitral celebrado previamente al conflicto, mediante la formalización del mentado ´compromiso´, el cual, entre otras cosas, tenía por objeto la puntualización de las cuestiones que concretamente serían sometidas a la decisión de los árbitros.

 

Esta doble instrumentación del acuerdo arbitral jaqueaba la utilidad del arbitraje, puesto que ante la negativa de los deudores a formalizar voluntariamente el ´compromiso´ se impuso la costumbre de demandar judicialmente la constitución del tribunal arbitral que entendería en el litigio. Pero sucede que el trámite de la ´demanda de constitución de tribunal arbitral´ (pretensión declarativa de condena), no era otro que el procedimiento ordinario, al cual solía oponérsele todo tipo de obstáculos. De este modo, de poco podía servir contar con el más ágil de los procedimientos arbitrales, pues previamente debía tramitarse un procedimiento judicial, muchas veces demasiado largo.

 

Para evitar este serio inconveniente, el Reglamento elimina la doble instrumentación señalada (´cláusula´ y ´compromiso´ posterior), dando curso a la instancia arbitral a partir de la celebración de un único ´convenio arbitral´, que puede ser previo al conflicto. De este modo, suscitado un conflicto a raíz del incumplimiento de una obligación pactada en un contrato en el que se hubiera acordado la competencia del Tribunal, el reclamante puede acudir directamente a éste, presentándole la demanda correspondiente. En este aspecto, el Reglamento adopta el procedimiento previsto por reglamentos de otros tribunales de arbitraje (entre otros, los del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, el Colegio de Abogados de Mar del Plata, el Colegio de Abogados de Rosario, la Bolsa de Comercio de Rosario, las Cámaras Arbitrales de Cereales y Afines –art. 3, decreto 931/98–), los que a su vez siguen, básicamente, el sistema previsto por la Ley Modelo de las Naciones Unidas sobre Arbitraje Comercial Internacional, la ley de España nº 60 de 2003, el Acuerdo sobre Arbitraje Comercial Internacional del MERCOSUR de 1998 y el Reglamento de Procedimientos de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC).

 

  1. c) En el marco de un arbitraje de derecho, los árbitros deben dictar el laudo conforme con el derecho positivo; en cambio, en un arbitraje de equidad (ex aequo et bono), los árbitros (denominados comúnmente ´amigables componedores´) pueden prescindir de la ley y laudar según su leal saber y entender. Incluso, parte de la doctrina suele dispensar a los amigables componedores de explicitar los fundamentos del laudo. Si bien el Reglamento establece que el arbitraje del Tribunal es, en principio, de derecho, nada impide que las partes acuerden someter su disputa a una amigable composición o arbitraje de equidad.

 

  1. d) Al establecerse que todos los intervinientes en un arbitraje del Tribunal quedan sometidos al Reglamento, se apunta a regular incluso los derechos personales de los distintos operadores nacidos con motivo del arbitraje en el que hubieran actuado. Cualquiera puede aceptar libremente actuar en el marco del Tribunal, pero quien lo hace acepta la aplicación del Reglamento y/o sus normas complementarias en lo relativo a sus propios derechos personales; por ejemplo, en materia de honorarios.

 

  1. e) El último párrafo de la norma es una de las aplicaciones del principio de “no intervención del Estado durante la sustanciación del arbitraje”; principio que apunta a favorecer la agilidad y celeridad del procedimiento arbitral.

Art. 2.- Sede: La sede del Tribunal de Arbitraje se establece en la propia sede del Colegio Público de Abogados de Río Grande. Sin perjuicio de ello, el tribunal a cargo de un arbitraje en particular podrá constituirse en cualquier otro lugar del territorio nacional para el mejor cumplimiento de sus funciones. Asimismo, podrán habilitarse oficinas en las otras ciudades de la Provincia, a los efectos de la presentación y recepción de los escritos de las partes.

 

Comentario:

  1. a) Se contempla la posibilidad de que el tribunal constituido para un caso concreto pueda desplazarse y establecerse en un lugar distinto de su sede. Ello así, a los efectos de, por ejemplo, facilitar la recepción de una declaración testimonial, asistir a un peritaje cuando fuera conveniente producirlo en un lugar especial, o para presenciar la reconstrucción de un hecho.

 

  1. b) La habilitación de una oficina ad hoc fuera de la ciudad de Río Grande es una atribución del director del procedimiento de naturaleza discrecional.

 

 

Art. 3.-  Días y horas hábiles: Las actuaciones arbitrales se practicarán en día y hora hábiles. Son días hábiles todos los del año con excepción de sábados y domingos, feriados nacionales, de la provincia de Tierra del Fuego o de la ciudad de Río Grande, asuetos administrativos, la segunda quincena del mes de diciembre y todo el mes de enero. Son horas hábiles las que median entre las ocho (8:00) y las dieciséis (16:00). Si alguna razón lo justificara, podrán habilitarse días y horas inhábiles.

Art. 4.- Composición: El tribunal arbitral que se constituya para conocer y laudar en cada caso particular se integrará con el secretario general del Tribunal, el o los árbitros designados que acepten el cargo, y un director del procedimiento y sus eventuales auxiliares. Para ser secretario general, árbitro o director del procedimiento se requiere poseer título de abogado. El secretario general deberá, además, encontrarse matriculados en el Colegio Público de Abogados de Río Grande. Ninguna condición especial se exigirá para desempeñarse como auxiliar.

Comentario:

Una cosa es el Tribunal de Arbitraje considerado como un ente dependiente del Colegio Público de Abogados de Río Grande, cuya función es prestar el servicio de arbitraje en general y que solo tiene un único miembro permanente que es el secretario general, y otra distinta son los tribunales de arbitraje constituidos para conocer y laudar en cada caso concreto. En estos casos, el tribunal se integrará con el secretario general, el o los árbitros designados, y un director del procedimiento y sus eventuales auxiliares.

 

 

Art. 5.- Funciones del secretario general: Además de las atribuciones que le asigna el artículo ´1.2.´, en cada arbitraje particular el secretario general

recepciona provisoriamente la demanda e, inmediatamente, designa al director del procedimiento que intervendrá en el arbitraje y cita a las partes a audiencia para el nombramiento de los árbitros;

resuelve los incidentes de recusación de los árbitros y el director del procedimiento, si éstos negaran la causal invocada por las partes;

designa a los peritos y, en su caso, al defensor de oficio del demandado rebelde;

cita a las partes para el nombramiento del árbitro dirimente y, en su caso, lo nombra;

dispone el procedimiento para designar árbitros, directores del procedimiento y peritos en casos no previstos por este Reglamento o sus normas complementarias;

acepta o rechaza la renuncia de los árbitros y el director del procedimiento;

sanciona a los árbitros en los casos previstos en los artículos 6 y 11;

regula los honorarios de los árbitros, los asistentes letrados de las partes y los peritos;

expide los testimonios que fueran necesarios para ejecutar el laudo, las regulaciones de honorarios y otras resoluciones ante los tribunales públicos;

asume, en casos de urgencia, automática y provisoriamente la función del director del procedimiento que estuviese actuando, cuando no fuera posible reemplazarlo por otro de sus pares;

requiere el auxilio de los tribunales públicos, en los casos previstos por el artículo 44.

Las partes se encuentran exentas del pago de la tarea del secretario general.

En caso de que por renuncia, ausencia, licencia o por cualquier otro impedimento el secretario general no pudiese ejercitar sus funciones, éstas serán asumidas por el presidente del Colegio Público de Abogados de Río Grande.

 

Comentario:

  1. a) El procedimiento arbitral se inicia con la presentación de la demanda directamente ante el Tribunal, sin que sea necesario realizar ningún acto previo ante éste o la jurisdicción pública. Ello es consecuencia del carácter operativo y autosuficiente que este Reglamento le asigna al convenio arbitral.

 

Presentada la demanda, el secretario general la recibe provisoriamente, lo cual no implica declararla admisible o darle curso, pues esto es función del director del procedimiento. Aquél sólo la recibe materialmente y, a continuación, designa al director del procedimiento que habrá de conducir el arbitraje y pone en funcionamiento el procedimiento de designación de los árbitros, conforme con lo dispuesto por el artículo 9.

 

  1. b) El secretario general dirime, con carácter definitivo, el conflicto que se suscita si los árbitros o el director del procedimiento no aceptan la recusación de las partes. Además, regula los honorarios de todos los que han intervenido en un arbitraje, conforme con lo dispuesto en el artículo 38.

 

  1. c) Las partes se encuentran exentas del pago de la tarea del secretario general, como así también de la del director del procedimiento y sus eventuales auxiliares (cfr. arts. 7 y 8). Esto significa que la remuneración de todos ellos no integra las costas del arbitraje; en su caso, estará a cargo del Colegio de Abogados. Como fuere, la labor de todas estas personas será ad honorem durante los primeros cuatro (4) años de sancionado este Reglamento (cfr. art. 48).

 

 

Art. 6.- Funciones de los árbitros: Los árbitros no representan los intereses de ninguna de las partes y ejercen el cargo con estricta imparcialidad. Dictarán el laudo y, en su caso, la resolución aclaratoria; además, presenciarán las declaraciones personales de partes y testigos, si fuere posible, como así también la recepción de toda otra prueba cuando lo disponga el director del procedimiento. Los árbitros con domicilio real más allá de los límites de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur estarán exentos de asistir a las audiencias de producción de prueba; en este supuesto, las audiencias deberán ser registradas por medio de algún dispositivo técnico que posibilite la fiel reproducción de lo acontecido durante el acto.

Los árbitros designados para un arbitraje en particular no podrán renunciar sin causa bajo apercibimiento de responder por los daños y perjuicios que ocasionen; la extensión del arbitraje por más de veinticuatro (24) meses será considerada causa justificada para renunciar.

Durante la sustanciación del arbitraje los árbitros deberán abstenerse de todo contacto personal con las partes. Si por alguna razón se vieren forzados a contactarse con alguna de ellas deberán informarlo inmediatamente, a los efectos de que la otra parte ejerza su derecho a recusar, si lo considerase procedente. Comprobado el incumplimiento del deber de informar, sea durante el curso del arbitraje, sea finalizado éste, el secretario general podrá sancionar al árbitro responsable con una multa cuyo monto decidirá discrecionalmente y/o con la exclusión de la lista prevista por el artículo 9.

 

Comentario:

  1. a) Si bien existen quienes propician que no es indispensable que el árbitro de parte (o sea, el designado a su instancia) sea independiente, el Reglamento sigue la opinión doctrinal mayoritaria que exige que todos los árbitros sean absolutamente imparciales.

 

  1. b) La enumeración de las funciones de los árbitros es taxativa.

 

  1. c) El Reglamento impide a los árbitros intervenir en el procedimiento; esta función se asigna, total y exclusivamente, al director del procedimiento. Este diseño es consecuencia de advertir que todo tribunal desarrolla dos funciones sustancialmente diferentes: procesar (conducir el trámite) y sentenciar (resolver el conflicto). Tratándose, entonces, de actividades distintas, se las separa y distribuye en autoridades independientes entre sí, apuntando, fundamentalmente, a la especialización de los operadores. Con ello se intenta salvar una seria carencia que, junto al excesivo número de expedientes, es una de las principales causas de la lentitud de los juicios que tramitan ante los tribunales públicos: no se puede procesar eficientemente –lo que exige rapidez y acierto en la toma de decisiones–, si no se cuenta con conocimientos técnicos que sólo puede brindar la especialización.

 

A través de la separación de funciones también se intenta apuntalar la imparcialidad de los árbitros. En efecto, un árbitro que no ha ordenado ninguna medida cautelar, que ha sido absolutamente preservado de toda fricción con las partes, que no se ha visto obligado a adelantar ningún criterio con motivo de alguna decisión incidental, que, en síntesis, no se ha involucrado con el procedimiento, seguramente se encontrará en las mejores condiciones posibles de objetividad e imparcialidad a la hora de laudar.

 

Por otro lado, limitando la tarea del árbitro se consigue reducir el costo del arbitraje en los casos en que no fuere necesario dictar el laudo. Piénsese, por ejemplo, en los supuestos de transacciones arribadas en el curso del arbitraje, cuando aún los árbitros no han desarrollado más tarea que, en todo caso, asistir a alguna audiencia.

 

  1. d) La norma establece que los árbitros se limitarán a presenciar la recepción de las pruebas, con lo que queda descartada la posibilidad de su intervención activa y oficiosa en el acto. En los supuestos excepcionales que procediera requerir alguna aclaración relacionada con las pruebas rendidas, ésta deberá ser autorizada por el director del procedimiento. Por lo demás, los árbitros tampoco pueden ordenar la producción de prueba oficiosa. Con este impedimento se pretende conjurar la réplica en sede arbitral de cierto comportamiento de algunos jueces públicos que, convencidos de la razón de uno de los litigantes, suelen ordenar pruebas de oficio cuyos resultados les permitan fundar sentencias que jamás podrían justificar sobre la base de las pruebas aportadas por las partes.

 

  1. e) En resguardo del principio de inmediación, los árbitros tienen el deber de presenciar las declaraciones de partes y testigos, bien entendido de que tal presencia no es exigible en casos de imposibilidad o cuando el árbitro se domiciliara fuera de la Provincia. No será posible exigir la presencia del árbitro, en el caso, por ejemplo, del árbitro dirimente; en supuestos en que, declarada la nulidad del laudo por la jurisdicción pública, fuere necesario designar sustituto del árbitro originario; por admisión de una recusación luego de rendida la prueba, etcétera. Con todo, en estos casos el principio de inmediación lograría preservarse acudiendo a la registración de los actos por medios tales como el video o cualquier otro dispositivo técnico. En este punto el Reglamento descarta la solución de volver a producir la prueba, por considerar que ello afectaría demasiado a la celeridad y la economía procesal. Finalmente, la asistencia de los árbitros al acto de producción de pruebas no mencionadas en la norma será decidida por el director del procedimiento, en cada caso concreto.

 

 

Art. 7.- Funciones del director del procedimiento: Da curso a la demanda y a partir de este momento tiene a su exclusivo cargo la dirección del procedimiento; sus decisiones no son revisables por el secretario general ni por los árbitros. Para ello,

dicta todas las resoluciones que requiera el arbitraje, ya sean de mero trámite o interlocutorias de cualquier tipo;

decide acerca de la propia competencia del tribunal arbitral y toda cuestión que obste su admisibilidad formal o impida la tramitación de un procedimiento válido, incluso las oposiciones relativas a la existencia, eficacia o validez del convenio arbitral. Sin embargo, podrá abstenerse de resolver estas cuestiones y ordenar que sean resueltas por los árbitros al dictar el laudo, si la naturaleza de la cuestión lo aconsejara;

ordena, en su caso, el desplazamiento del tribunal arbitral;

dispone medidas cautelares;

a pedido de alguna de las partes, remueve al árbitro en el supuesto de que no laude dentro del plazo establecido;

adopta, dentro del marco de su función, todas las medidas que resulten necesarias para sobrellevar imprevisiones u oscuridades de este Reglamento o sus normas complementarias, procurando preservar siempre el derecho de defensa y la igualdad de las partes.

La enumeración que antecede tiene carácter meramente enunciativo.

Las partes se encuentran exentas del pago de la tarea del director del procedimiento.

Si un director del procedimiento no pudiera continuar interviniendo en un arbitraje concreto, se nombrará en su lugar al que inmediatamente lo siga en una lista que estará compuesta por, al menos, tres (3) miembros: al primero, lo reemplazará el segundo; al segundo, el tercero y así sucesivamente; al último de la lista lo reemplazará el primero.

 

Comentario:

  1. a) El director del procedimiento tiene a su exclusivo cargo la dirección del procedimiento; a tal fin, dicta todas las resoluciones que requiera el trámite del arbitraje. Conforme con lo dispuesto por el art. 23, éstas sólo pueden ser modificadas o dejadas sin efecto por medio del recurso de revocatoria; no son recurribles ante ningún otro miembro del Tribunal, ni tampoco ante los jueces públicos, sin perjuicio, claro está, de las impugnaciones por eventuales nulidades del laudo (cfr. art. 39).

 

  1. b) Las decisiones del director del procedimiento tampoco son revisables por los árbitros. Por lo tanto, adquieren el carácter de cosa juzgada para éstos, de modo que no pueden ser contradichas en el laudo. Así, por ejemplo, si con motivo de una excepción de incompetencia el director del procedimiento se pronunciase por la competencia del Tribunal, los árbitros no podrán resolver de modo distinto en oportunidad del dictado del laudo, ni explícita, ni implícitamente; tampoco si con motivo de una excepción de falta de personalidad el director del procedimiento hubiera resuelto que el litigante poseía capacidad procesal. Ahora bien, sucede a menudo que ciertas cuestiones previas que en principio debieran ser resueltas por el director del procedimiento se encuentran intensamente vinculadas al fondo del asunto. Es el caso, por ejemplo, de un planteamiento de incompetencia sostenido en la nulidad del contrato que contiene el convenio arbitral, por vicio del consentimiento. En estos supuestos es aconsejable que la decisión sobre la cuestión sea diferida y dictada directamente por los árbitros en oportunidad del laudo.

 

  1. c) Asignando la conducción del trámite en exclusividad a un cuerpo de directores del procedimiento integrado por unos pocos miembros, se aspira a que los arbitrajes sean conducidos con criterios procesales uniformes y previsibles, que preserven la seguridad jurídica. La previsibilidad del Tribunal en materia procedimental difícilmente lograría conseguirse, si esta función estuviera al cuidado de árbitros que pueden proceder de los más disímiles puntos de país, y que es posible que nunca hubieran tenido contacto con el Tribunal ni su jurisprudencia antes de su nombramiento. Por lo demás, los árbitros habitualmente son elegidos por las partes por sus conocimientos del derecho material –muy pocas veces por sus conocimientos procesales–, siendo sumamente difícil encontrar operadores especializados en ambas disciplinas.

 

  1. d) Que el despacho de medidas cautelares sea una incumbencia del director del procedimiento no es sólo una necesidad de orden práctico (por rápido que pueda ser el procedimiento de designación de los árbitros, siempre insumirá un mínimo de tiempo que podría perjudicar la eficacia de aquéllas); es, además, una previsión que apuntala la objetividad e imparcialidad de quienes tienen a su cargo el dictado del laudo. En efecto, ciertas medidas cautelares, como las innovativas, suelen implicar la asignación provisoria del objeto de la pretensión. El despacho de estas medidas supone una tarea de valoración de los hechos y el derecho que implica, muchas veces, un ´pre-juicio´ acerca de la fundabilidad de la demanda. Sin duda, entonces, que en estos casos nos hallamos ante un claro prejuzgamiento –justificado y legítimo, pero prejuzgamiento al fin–, más allá de los esfuerzos retóricos a los que la jurisprudencia acude habitualmente para intentar disimularlo. Y si bien prejuzgar en tal circunstancia no es un problema, sí lo es que el juzgador que ha anticipado su parecer con motivo del despacho de una cautelar de este tipo se encuentra (auto) condicionado a mantener su criterio originario en oportunidad de dictar la sentencia definitiva, aún cuando en el curso del juicio el demandado haya logrado poner en duda la fundabilidad de la demanda. Así pues, es probable que el juzgador confirme en la sentencia su parecer original y, con mayor razón, si la cautelar hubiera causado al accionado algún perjuicio irreversible. Para evitar este grave acecho a la imparcialidad del juzgador, el Reglamento atribuye el despacho de las medidas cautelares a quien no tiene a su cargo el dictado del laudo.

 

 

Art. 8.- Funciones de los auxiliares: El director del procedimiento podrá nombrar uno o más auxiliares en cada arbitraje concreto. Éstos tendrán a su cargo, indistintamente, entre ellos y con aquél, el dictado de las resoluciones de mero trámite, practicarán notificaciones y autorizarán cartas poderes.

La labor de estos auxiliares no será remunerada por las partes.

 

Comentario:

  1. a) Se autoriza al director del procedimiento a nombrar uno o más auxiliares en cada uno de los arbitrajes en que intervenga, a los efectos de que lo asistan en el cumplimiento de su tarea. Las providencias dictadas por estos auxiliares podrán ser revocadas por el director del procedimiento (cfr. art. 23).

 

  1. b) Que los auxiliares puedan practicar notificaciones posibilita citar con prontitud a demandados domiciliados en cualquier lugar del país –e, incluso, en el extranjero–, diligencia habitualmente lenta y complicada en supuestos de causas que tramitan ante la jurisdicción pública. A tal fin, basta con nombrar auxiliar a alguna persona del lugar en que debiera practicarse la notificación; cursarle la cédula por correo electrónico para que éste la imprima, la firme y la lleve al domicilio del demandado y, finalmente, una vez diligenciada, que la haga llegar al Tribunal.

 

  1. c) Salvo situaciones excepcionales, sería bueno que para desempeñar esta función se designasen habitualmente a jóvenes profesionales, pues de este modo se les brindaría la oportunidad de adquirir experiencia en el camino hacia el cargo de director del procedimiento.

 

 

Art. 9.- Designación de los árbitros: Las partes designarán hasta tres (3) árbitros con toda libertad, con la única condición de que posean título de abogado. A tal efecto, serán convocadas a una audiencia que deberá ser notificada con al menos cinco (5) días de anticipación. A falta de acuerdo en la audiencia, el tribunal arbitral se constituirá con tres (3) árbitros designados por el secretario general, salvo que la cuantía del litigio no supere el valor de ciento cincuenta (150) Bonos previstos por el artículo 64, inciso f) de la ley 607 de la Provincia, en cuyo caso se nombrará un (1) solo árbitro. Si ninguna de las partes asistiera a la audiencia, el secretario general declarará extinguido el arbitraje y archivará el expediente.

En el caso de que una de las partes estuviese constituida por una pluralidad de sujetos, todos los que asistieran a la audiencia deberán ponerse de acuerdo con la otra parte; de lo contrario, los árbitros serán designados por el secretario general, conforme con lo dispuesto en el párrafo anterior.

Siempre que el secretario general debiese nombrar a un árbitro, lo sorteará de entre los integrantes de una lista permanente de no menos de doce (12) árbitros, designada por el Consejo Directivo del Colegio. Este sorteo se verificará en audiencia a la que serán citadas las partes, con al menos dos (2) días de anticipación, oportunidad en que cada una podrá pedir que se excluya de la lista hasta un máximo de tres (3) árbitros, sin necesidad de expresar motivo alguno, y sin perjuicio del derecho a recusar a los que en su momento fueren designados. En el caso de que una de las partes estuviese constituida por una pluralidad de sujetos, éstos deberán ponerse de acuerdo; a falta de acuerdo, se separará a los árbitros que surjan de un sorteo que realizará el secretario general en la misma audiencia, entre los nominados por cada sujeto.

Los árbitros deberán aceptar el cargo y constituir domicilio legal dentro del radio urbano de la ciudad de Río Grande, dentro de los cinco (5) días posteriores a la fecha en que les hubiera sido notificado el nombramiento, sea compareciendo ante el Tribunal, sea por medio de carta documento o telegrama del Correo Argentino. Caso contrario, el nombramiento quedará sin efecto y se procederá a una nueva designación. Los árbitros designados por el Secretario General no podrán rehusarse a aceptar el cargo, salvo que a criterio de éste existiera una causa justificada.

La designación de árbitros no podrá ser interpretada como un consentimiento de la competencia del Tribunal. No obstante la designación, las partes conservarán la facultad de efectuar, en la etapa pertinente, los cuestionamientos e impugnaciones al respecto.

 

Comentario:

  1. a) El artículo 1659 del Código Civil y Comercial de la Nación, próximo a entrar en vigencia, establece que “el tribunal arbitral debe estar compuesto por uno o más árbitros en número impar”; sin embargo, nada impediría la constitución del tribunal con dos árbitros si las partes así lo pactaran, habida cuenta de que ello no podría considerarse una violación al orden público. Por lo demás, en la hipótesis de que las partes desearan constituir un tribunal con más de un árbitro, la alternativa de dos en lugar de tres implicaría una reducción del costo del arbitraje, siquiera en la medida en que se devengarían menos honorarios de árbitros. En tal caso, solo habría de acudirse a un tercer árbitro (dirimente), si los votos de los dos árbitros originarios no fueran coincidentes (cfr. art. 34).

 

  1. b) El Reglamento otorga a las partes amplia libertad para la designación de los árbitros; pueden designar a cualquier abogado, sea que éste integre la lista permanente prevista por el artículo o no. La norma estimula a las partes a ponerse de acuerdo al respecto, pero simultáneamente implementa un procedimiento para la designación de los árbitros, aplicable en el caso de aquél no se logre.

 

  1. c) La facultad de las partes de excluir del sorteo a algunos árbitros es una herramienta que permite evitar la integración del tribunal arbitral con alguien no deseado, aun cuando no existiese causa para recusarlo. Se intenta, así, brindar a los litigantes la mayor confianza posible en el tribunal.

 

  1. d) El último párrafo establece que la designación de árbitro no impide cuestionar la competencia del tribunal en el momento oportuno.

 

  1. e) La exigencia a los árbitros de constituir domicilio legal es a los efectos de la notificación de la citación a audiencias o al acto de entrega del legajo (cfr. art. 33), la regulación de sus honorarios y todo otro acto o resolución relacionados ya con el cumplimiento de sus deberes funcionales, ya con sus derechos personales.

 

 

Art. 10.- Excusación y recusación: Los árbitros, los directores del procedimiento y los peritos deberán excusarse cuando exista alguna circunstancia que diese lugar a duda razonable respecto de su imparcialidad o independencia. En la misma situación, podrán ser recusados por las partes.

No obstante su recusación, el director del procedimiento dictará las medidas urgentes cuya dilación pueda causar perjuicio, hasta tanto sea reemplazado. La recusación de los árbitros sólo suspende el dictado del laudo.

El secretario general no se podrá excusar ni es recusable, en ningún caso.

Comentario:

  1. a) Las explicaciones que la jurisprudencia suele brindar para justificar una interpretación restrictiva de las causales de recusación de los magistrados generalmente no resultan convincentes. Menos aun, en los casos en que el recusado pertenece a una jurisdicción que cuenta con muchos otros jueces que bien podrían reemplazarlo sin que ello pudiera afectar, siquiera mínimamente, la celeridad y el buen funcionamiento del Servicio. Si en estos casos el sistema no resulta perjudicado por la aceptación de una recusación, ¿por qué, entonces, no posibilitar al litigante actuar ante un juez que no le ocasione resistencia? A partir de esta reflexión, y por ser ello más garantista y acorde con el debido proceso, en lugar del sistema de recusación sostenido en causales taxativas, de interpretación restringida, que impera en casi todos los códigos de procedimientos del país, el Reglamento opta por un sistema de recusación amplio, en el que las causales de procedencia han de interpretarse extensivamente, siguiendo el rumbo señalado por la Arbitration Act 1996 (Part I, Section 24), el Reglamento de Instituciones de Arbitraje de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC), como también por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Estrasburgo), según sentencia del 28 de octubre de 1998, en el asunto “Castillo Algar c/ España”: los árbitros no sólo no deben estar inclinados hacia ninguna de las partes, sino que tampoco deben tener la apariencia de estarlo (cfr., además, 393, USA 145, 151-152, 1968).

 

  1. b) No se admite la recusación sin causa.

 

  1. c) El carácter mayormente administrativo de las funciones atribuidas al secretario general no justifica su recusación.

 

 

Art. 11.- Deber de informar: La persona a quien se hiciera saber su nombramiento deberá revelar todas las circunstancias que pudiesen dar lugar a una posible recusación, incluso las sobrevenidas a la aceptación del cargo, salvo que optase por rechazar el nombramiento o excusarse, bajo apercibimiento de responder por los daños y perjuicios que pudiera ocasionar con su omisión. En caso de duda, deberá decidirse por la comunicación de la circunstancia correspondiente.

El ocultamiento de un árbitro de un hecho o situación que hubiera justificado declarar procedente su recusación, advertido luego de dictado el laudo, invalida a éste, sin perjuicio de la multa que prevé el artículo 6. La parte interesada deberá deducir la impugnación dentro de los noventa días (90) días de tomado conocimiento del hecho o la situación ocultada; vencido este plazo, la acción caducará. El impugnante podrá optar entre la jurisdicción pública y este Tribunal de Arbitraje para interponer la acción.

 

Comentario:

  1. a) Árbitros y directores del procedimiento se encuentran obligados a poner en conocimiento de las partes todo hecho o situación, anterior o sobreviniente a su nombramiento, que pudiera dar lugar al posible ensayo de una recusación, aún en caso de duda. Se trata de que los litigantes sean informados de toda circunstancia que razonablemente pudiera inducirlos a cuestionar la imparcialidad del designado, con independencia de la opinión que éste pudiera tener con respecto a la procedencia de una recusación fundada eventualmente en los hechos a informar. Más adelante, y en su caso, árbitros y directores del procedimiento tendrán la oportunidad de oponerse a los fundamentos de la recusación. Por el momento, deben limitarse a informar.

 

  1. b) La grave sanción prevista en la segunda parte del artículo intenta impeler a los árbitros a ser muy cuidadosos a la hora de informar. La norma indica que la nulidad sería procedente en el caso de que el juez considerara que, de haber sido planteada en sede arbitral, la recusación hubiera sido concedida; el mero ocultamiento de la información no podría dar lugar, sin más, a la nulidad.

 

 

Art. 12.- Procedimiento de recusación: La recusación deberá deducirse dentro de los cinco (5) días de tomado conocimiento de las circunstancias en las que se la fundara. Admitida la recusación por el recusado, se designará a su reemplazante. Si el recusado no la admitiera, el secretario general decidirá definitivamente la cuestión.

La parte que no hubiera recusado podrá aceptar la recusación deducida por la contraria en cualquier momento del incidente, en cuyo caso se sustituirá al recusado, inmediatamente y sin más trámite.

La aceptación de la recusación, ya por la parte contraria, ya por el árbitro, no implica un reconocimiento de la autenticidad del hecho o la situación en que se la hubiera fundado.

 

Comentario:

  1. a) Con el doble propósito de acelerar el procedimiento, por un lado, y evitar la posibilidad de algún tipo de impugnación posterior ante la jurisdicción pública, eventualmente sostenida en una incorrecta desestimación de una recusación, por otro lado, se brinda a la parte no recusante la facultad de aceptar el planteamiento recusatorio de la otra, en cuyo caso el árbitro será reemplazado, sin más.

 

  1. b) El último párrafo del artículo apunta a facilitar al recusado la aceptación de su recusación.

 

 

Art. 13.- Designación del reemplazante: A los fines de la designación del reemplazante, se seguirá el mismo procedimiento mediante el cual hubiera sido nombrado el sustituido.

 

Comentario:

Si por alguna razón hubiera que reemplazar a un árbitro que ya hubiera aceptado su nombramiento, su reemplazante será nombrado por quien nombró al reemplazado, sean las partes, sea la secretaría general. Esta norma es aplicable cualquiera fuese la causa de la sustitución.

 

 

Art. 14.- Derecho de postulación: Las partes actuarán en el arbitraje por sí o por medio de representante, pero siempre con el patrocinio de abogado matriculado en alguno de los colegios de abogados de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Si el representante abogado reuniera estas condiciones, no se requerirá patrocinio alguno.

Si alguna de las partes denunciara no poder acceder a un asistente letrado por carecer de medios económicos suficientes, el Tribunal evaluará la situación y, en su caso, le proveerá uno que lo represente sin costos a su cargo. La denegación de este beneficio no dará a la parte derecho a reclamo alguno.

Las postulaciones deberán realizarse por escrito y a máquina.

El secretario general, los integrantes de la lista permanente de árbitros a la que refiere el artículo 9 de este Reglamento y los directores del procedimiento no tienen ninguna incompatibilidad para actuar por sí o en representación de alguna de las partes en arbitrajes que tramitasen ante el Tribunal.

 

Comentario:

La exigencia de la matriculación se justifica en la defensa de la colegiación, como así también en la conveniencia de que, en última instancia, la actuación de los asistentes letrados se encuentre sujeta al control disciplinario corporativo.

 

 

Art. 15.- Poderes: El poder para representar a las partes podrá ser otorgado ante el secretario general, el director del procedimiento o alguno de sus auxiliares mediante carta poder, o por escritura pública o instrumento privado con firma certificada por escribano.

 

Comentario:

Si bien la falta de poder puede dar lugar al cuestionamiento de la personería, ninguna norma del Reglamento impide la ratificación del mandato por el mandante (cfr. arts. 1930 y 1936 del Código Civil vigente).

 

 

Art. 16.- Copia de escritos y documentos: De todo escrito presentado en juicio, excepto los de mero trámite, así como de los documentos adjuntos, deberá el que los presente acompañar tantas copias cuantas sean las partes contra quienes litigue y árbitros que integren el tribunal arbitral. Además de ello, dentro de los dos (2) días de presentado deberá enviar al Tribunal un correo electrónico adjuntando un ejemplar del escrito presentado, a los efectos de que éste lo reenvíe a la otra parte. El incumplimiento de este propósito por parte del Tribunal no dará a las partes derecho a reclamo alguno.

 

 

Art. 17.- Constitución de domicilio: Todo el que comparezca ante el tribunal deberá constituir un domicilio especial a los fines del arbitraje dentro del radio urbano de la ciudad de Río Grande. Caso contrario, se considerará que lo ha constituido en la sede del Tribunal y se le tendrá por notificado de todas las actuaciones, incluso el laudo, en la forma y oportunidad establecida en el artículo 19, párrafo 2º, de este Reglamento. Sin perjuicio de ello, podrá denunciar una dirección electrónica a la que el Tribunal le reenviará los escritos presentados por la contraria.

 

Comentario:

La constitución de un domicilio procesal dentro del ejido municipal se exige incluso en el caso de habilitación de oficinas fuera del lugar del juicio.

 

 

Art. 18.- Expedientes: Los expedientes no podrán ser examinados por personas extrañas. En ningún caso podrán ser retirados de la sede del Tribunal, ni aún luego de culminado el arbitraje, salvo por requerimiento judicial.

 

Comentario:

La disposición apunta a preservar la confidencialidad que, en principio, demanda todo arbitraje.

 

 

Art. 19.- Notificaciones: Cuando el litigante o su representante concurran a la sede del Tribunal se les notificará personalmente de todas las resoluciones dictadas en el expediente, dejándose nota en éste.

Toda resolución para la que este Reglamento no dispusiera otra cosa quedará notificada el primer martes posterior a su fecha o el día siguiente hábil, salvo que el litigante, su representante o patrocinante concurra al Tribunal y deje prueba de su asistencia y de que el expediente no le pudo ser exhibido, firmando el libro que se llevará al efecto. No se permitirá la firma de este libro a quien tuviera alguna notificación pendiente, si el expediente estuviera disponible.

Debe notificarse por cédula, por carta documento o telegrama colacionado del Correo Argentino, o por medio de escribano público:

la recepción provisoria de la demanda, la designación del director del procedimiento y, según el caso, la citación o traslado para nombrar árbitros;

la resolución por la que el director del procedimiento da curso, o no, a la demanda y en su caso corre traslado a la contraria;

la intimación para impulsar el procedimiento cuando estuviese en juego su caducidad;

el laudo, toda resolución que ponga fin al arbitraje, las interlocutorias, las regulaciones de honorarios, y sus aclaraciones;

toda otra resolución que así lo disponga expresamente.

Las notificaciones por cédula, carta documento o telegrama colacionado podrán ser firmadas por el asistente letrado de la parte. Cuando quien deba notificar mediante cédula no encontrare a la persona a quien haya de notificar, entregará la cédula a cualquier persona de la casa, pero si nadie quisiere recibir la cédula o la casa estuviere cerrada, la dejará en el buzón para la correspondencia, la fijará en la puerta de ingreso o la pasará por debajo de ésta.

Fracasada la notificación en el domicilio real denunciado, la actora podrá insistir en que se notifique en el mismo, bajo su exclusiva responsabilidad y sin perjuicio de las impugnaciones previstas en el artículo 39 de este Reglamento. Si como consecuencia de esta notificación se llegare a anular el procedimiento, la actora responderá por las costas del proceso anulado y los daños y perjuicios ocasionados.

Sin perjuicio de la notificación que corresponda, el tribunal arbitral procurará poner en conocimiento informal de las partes vía correo electrónico, toda resolución que se dicte en la causa, lo más inmediatamente posible. El incumplimiento de este propósito no da derecho a ningún reclamo.

Cuando procediere la notificación por edictos se publicarán en un periódico de los de mayor circulación del lugar del último domicilio conocido del citado.

 

 

Art. 20.- Plazos: Cuando no estuviere dispuesto un plazo especial para levantar una carga procesal, el acto correspondiente deberá realizarse dentro de los cinco (5) días posteriores a la notificación de la iniciación del término. No obstante el vencimiento del plazo, las partes podrán realizar el acto hasta tanto la contraria no denuncie la extemporaneidad e impulse el procedimiento hacia la siguiente etapa procedimental. El director del procedimiento podrá autorizar el levantamiento de una carga incluso luego de denunciada la extemporaneidad, cuando ésta obedeciera a razones de fuerza mayor.

Los plazos no vencidos podrán prorrogarse o suspenderse, a pedido de parte o de oficio.

La autorización de un acto luego de denunciada la extemporaneidad y la prórroga o suspensión de un término no requieren fundamentación.

Comentario:

  1. a) El artículo instituye la regla de la no perentoriedad de los plazos para el cumplimiento de las cargas procesales. Por lo tanto, un acto extemporáneo no podrá ser invalidado si su impugnación se realiza luego de ejecutado, sin que importe que la extemporaneidad no estuviera consentida. La denuncia del vencimiento del plazo debe ser anterior al cumplimiento del acto; luego del cumplimiento de la carga, ya no es posible declarar su extemporaneidad. Dicho de otro modo, el sistema no acepta ´la extemporaneidad por la extemporaneidad misma´. Si se autorizara una comparación, tal vez fuera oportuno señalar que aceptar la impugnación de la contestación extemporánea de un traslado, deducida por un impugnante inactivo hasta el momento de la impugnación, luciría tan poco razonable como retirar de la sala a un espectador que ha logrado ingresar y acomodarse en su butaca pasada ya la hora para la que estuviera programado el inicio de la función, siendo que, por alguna razón, la obra aún no hubiera comenzado a interpretarse.

 

  1. b) La regla de la no perentoriedad no se aplica a la actividad de los árbitros, pues éstos tienen deberes, no cargas.

 

  1. c) La enfermedad o un accidente del asistente letrado de una de las partes, la reprogramación de un vuelo de una aerolínea en el que aquél debía retornar, son situaciones que, como tantas otras, justifican aceptar actuaciones extemporáneas, o prorrogar o suspender términos. Valga señalarse, por lo demás, que según el artículo 39 la aceptación de una actuación extemporánea no puede dar lugar a la nulidad del laudo por vicio del procedimiento. Es que, dicha aceptación no cercenaría el derecho de defensa, sino todo lo contrario.

 

  1. d) De propósito, el Reglamento no prevé horas ni días de gracia.

Art. 21.- Rebeldía: Será declarada rebelde la parte que, habiendo estado representada por medio de apoderado, siendo nuevamente citada por renuncia, inhabilidad o muerte de éste, no compareciere en el término de cinco (5) días. Declarada la rebeldía, continuará el procedimiento sin darse representación al rebelde, al cual se le tendrá por notificado de cualquier resolución desde su fecha. También será declarado rebelde el demandado sin domicilio conocido que, habiendo sido citado por edictos, no compareciere dentro de los diez (10) días. En este último caso, el secretario general le nombrará un defensor de oficio.

 

 

Art. 22.- Audiencias: Todo lo sucedido en el curso de una audiencia se hará constar en acta que se incorporará al expediente. Sin perjuicio de ello, el director del procedimiento podrá ordenar que se tome una versión taquigráfica o que se lo registre por cualquier medio técnico.

 

 

Art. 23.- Impugnación de los actos procesales: No procederá la impugnación de ningún acto procesal si el vicio denunciado no ocasiona algún perjuicio al impugnante. Las irregularidades de los actos procesales quedan subsanadas si el legitimado no las impugna dentro de los cinco (5) días de haber tomado conocimiento.

Las resoluciones del director del procedimiento dictadas sin sustanciación podrán ser modificadas o dejadas sin efecto, de oficio o por medio del recurso de revocatoria. Excepcionalmente se admitirá este recurso en contra de decisiones sustanciadas, cuando puedan ocasionar un agravio irreparable en instancia arbitral. Las resoluciones de los auxiliares podrán ser revocadas por el director del procedimiento, de oficio o a pedido de parte.

Las impugnaciones e incidentes devenidos en el curso del arbitraje podrán ser desestimadas sin ningún trámite, aun cuando en principio correspondiese su sustanciación.

 

Comentario:

  1. a) El Reglamento acepta la revocatoria in extremis de decisiones sustanciadas, a fin de evitar perjuicios que no pudieran ser reparados durante la sustanciación del arbitraje.

 

  1. b) El rechazo liminar de una impugnación se justifica por razones de celeridad y economía. No se justifica sustanciar una impugnación que el director del procedimiento advierte, ab initio, que desestimará. El rechazo in limine de la impugnación de una de las partes que en principio debiera sustanciarse no afecta el derecho de defensa de la contraparte (en el caso, no oída), dado que, en definitiva, la resolución desestimatoria no compromete sus intereses ni le ocasiona perjuicio alguno.

 

 

Art. 24.- La demanda: Ésta deberá interponerse expresando

los datos necesarios para individualizar al demandante y el demandado;

la pretensión y su indefectible cuantificación, cuando fuera susceptible de apreciación pecuniaria;

los hechos y los documentos en que se funda la pretensión. Éstos últimos deberán ser acompañados a la demanda, pero si ello no fuera posible deberá expresarse su contenido y el lugar en que se encuentren. También deberá acompañarse a la demanda el convenio arbitral del cual surgiese la competencia del Tribunal.

El director del procedimiento no dará curso a la demanda que no se dedujera conforme con estas prescripciones. Podrá condicionar su admisión a que el actor aclare cualquier punto oscuro.

Admitida la demanda se correrá traslado al accionado por el término de veinte (20) días.

 

Comentario:

  1. a) La demanda debe indicar los datos necesarios para individualizar adecuadamente a las partes que en virtud del proceso van a quedar vinculadas por el laudo; la individualización por excelencia se concreta mediante la referencia a algún tipo de documento de identidad.

 

  1. b) Si la pretensión fuera susceptible de apreciación pecuniaria, deberá ser cuantificada. La costumbre de dejar librado el monto de la pretensión al criterio del juez o al resultado de las pruebas dificulta la defensa del accionado, dado que éste no sabrá qué es lo que en definitiva se le reclama. Es obvio que si no se indica cuál es el monto reclamado, se impide al demandado poner fin al pleito, allanándose de inmediato, pues, si así lo hiciera, en realidad no sabría exactamente a qué (en rigor, a ´cuánto´) se estaría sometiendo. Por lo demás, las dificultades que pueden presentarse para determinar el monto de la demanda, bien pueden superarse acudiendo a la realización de un peritaje como medida preparatoria (cfr. art. 42).

 

 

Art. 25.- La contestación a la demanda: Al responder a la demanda el demandado debe

oponer todas las cuestiones procesales que obsten su admisibilidad o impidan la tramitación de un procedimiento válido, en cuyo caso se dará traslado al actor por diez (10) días;

reconocer o negar los hechos mencionados por el actor y los documentos que el actor le atribuyere a él o a terceros, bajo apercibimiento de ser tenidos por reconocidos en el laudo. Este apercibimiento no resultará aplicable en el caso de que se rindiere prueba en contrario;

deducir todas sus defensas materiales, expresando los hechos y acompañando los documentos en que las basara;

en su caso, plantear reconvención, siempre y cuando existiese conexidad causal con la demanda.

De la contestación a la demanda se correrá traslado al actor, por el término de diez (10) días, para que replique cuanto estime necesario y, particularmente, reconozca o niegue los hechos y documentos privados acompañados por el demandado.

De la reconvención se correrá traslado al actor por el término de quince (15) días.

Comentario:

  1. a) Supuestos de planteamientos que obstan a la admisibilidad de la demanda o impiden el desarrollo de un procedimiento son, entre otros, la denuncia de la falta de algún presupuesto procesal y la invalidez del convenio arbitral.

 

  1. b) Aunque al responder no se nieguen hechos y documentos, éstos no podrán tenerse por reconocidos tácitamente en el laudo, si en el curso del procedimiento se hubiera rendido prueba en contra. Ello así, puesto que el valor probatorio del reconocimiento tácito de un hecho o documento debe ser, naturalmente, menor que el de una prueba concreta.

Art. 26.- Falta de contestación a la demanda o la reconvención: No contestada la demanda o la reconvención, a pedido de parte se dispondrá la clausura del debate y la entrega de los legajos a los árbitros para el dictado del laudo, sin más trámite. En este caso el laudo deberá tener por reconocidos los hechos y los daños invocados por el actor o el demandado reconviniente, mas no la cuantificación subjetiva que de éstos últimos las partes pudieran haber efectuado; ésta será determinada por los árbitros de acuerdo a su leal saber o entender, salvo que el actor optase por requerir la apertura de la causa a prueba, a fin de aportar elementos objetivos para la determinación de la cuantía. En este caso, el demandado podrá ofrecer prueba a los mismos fines.

 

Comentario:

  1. a) La demanda no contestada da lugar al reconocimiento tácito de los hechos y los daños invocados por el actor en sostén de su pretensión. La norma hace expresa referencia a los daños, a pesar de que ello es una redundancia (en efecto, los daños son hechos), con el deliberado propósito de evitar la apertura de la causa a prueba a los fines de la demostración de su existencia. En cambio, sí podrá solicitarse la apertura a prueba para la demostración del quantum dinerario del daño, en el caso de que en la demanda se hubiera realizado una mera estimación subjetiva de éste. Ello es lógico, pues las apreciaciones subjetivas no son hechos que puedan tenerse por reconocidos fictamente. Ahora bien, comprobada la existencia de un daño pero no su monto, el árbitro deberá determinarlo prudencialmente –del mismo modo que debería hacerlo un juez (ver art. 165 del CPCN y art. 177.1 del CPCTF)–, por dos razones: por un lado, porque no puede abstenerse de laudar apelando a la fórmula non liquet (´no lo veo claro´); por el otro, porque absurdo sería rechazar una pretensión indemnizatoria estando acreditada la existencia del daño. Entonces, para no dejar librada la determinación del monto del daño a la experiencia y prudencia del árbitro como única solución en el supuesto de no contestación a la demanda, el Reglamento brinda al actor la posibilidad de abrir la causa a prueba al solo fin de dicha determinación, en cuyo caso el demandado podrá ofrecer contraprueba.

 

  1. b) Si bien la falta de contestación a la demanda implica el reconocimiento de los hechos, no impone al árbitro su estimación, sin más; el laudo la acogerá sólo si la encontrase fundada.

 

 

Art. 27.- Apertura de la causa a prueba: Trabada la litis se abrirá la causa a prueba, si hubieran hechos controvertidos; caso contrario, se declarará la cuestión de puro derecho y se correrá traslado a las partes para alegar.

Cuando alguna de las partes tuviera motivos fundados para temer que la producción de las pruebas de las que pretendiere valerse pudiere tornarse difícil o imposible por el transcurso del tiempo, podrá solicitar su realización anticipada, con citación de la contraria, excepto que la urgencia del caso no lo permitiera.

Los aseguramientos de pruebas obtenidos en jurisdicción pública tendrán plena validez en sede arbitral.

 

Comentario:

Se omite la previsión de ´hechos de demostración necesaria´ que exigiesen la apertura de la causa a prueba, dado que tales hechos se presentan en casos de pretensiones no transables, pretensiones que, por esencia, no pueden ser materia de un arbitraje.

 

 

Art. 28.- Ofrecimiento de pruebas: Las pruebas deberán ofrecerse dentro de los diez (10) días de notificada la apertura de la causa a prueba. Dentro de los cinco (5) días de notificado el ofrecimiento de la contraria, las partes podrán adherir a alguna, algunas o todas las ofrecidas por aquél, y también ofrecer nuevas pruebas relacionadas con las propuestas por la contraria.

 

Comentario:

  1. a) La adhesión a las pruebas de la contraria, sumado a la posibilidad de renunciar a las propias (cfr. art. 29), inhibe una de las manifestaciones del principio de adquisición procesal (´las pruebas ofrecidas se adquieren para el proceso´). Decimos ´una´ de las manifestaciones del principio mencionado, pues hay otras manifestaciones que obviamente se preservan; así, por ejemplo, ´la parte a cuya instancia se produce una prueba que a la postre le resulta desfavorable no puede desistir de ella´.

 

  1. b) La citación previa de la contraria en casos de pruebas anticipadas –y también en el supuesto de las medidas preparatorias del art. 42–, es un requisito indispensable para su validez. Si la citación no fuera posible, el interesado podrá intentar la medida ante los tribunales públicos; instancia en la que la imposibilidad de la citación quedará salvada con la intervención del agente fiscal.

Art. 29.- Renuncia a las pruebas: Las partes podrán renunciar a alguna, algunas o todas las pruebas ofrecidas en cualquier momento del procedimiento, salvo que la contraria hubiera adherido a ellas, que ya hubieran sido rendidas o que su producción hubiera comenzado a tener lugar.

 

 

Art. 30.- Medios de prueba: Para la demostración de los hechos que proceden de la demanda y su contestación, las partes podrán valerse de cualquier medio probatorio, salvo la confesión de la contraria. El director del procedimiento establecerá la manera de practicar las pruebas ofrecidas, si fuera necesario. El diligenciamiento y el costo de la producción de las pruebas se encuentran a cargo de la proponente, sin perjuicio de su eventual reembolso, conforme se impusieren las costas en el laudo.

Art. 30.1- Declaración personal: Si una de las partes ofreciera su declaración personal voluntaria, acabada la misma habrá de responder a todas las preguntas que le formule la contraria. Su negativa a responder o sus respuestas evasivas podrán ser consideradas como una presunción en su contra en el laudo. La declaración personal podrá prestarse en forma de relato, o bien respondiendo preguntas formuladas por el asistente letrado del declarante.

Art. 30.2.- Testigos: Los testigos serán examinados libremente por ambas partes, no siendo necesario acompañar interrogatorio alguno previamente. No se permitirán las preguntas que se formulen en términos afirmativos, involucren o sugieran la respuesta, induzcan a inferir, deducir o imaginar, o sean ofensivas o vejatorias. El director del procedimiento podrá impedir la realización de preguntas que fueran inconducentes. No se tomará la declaración de un testigo ofrecido por la parte ausente en la audiencia correspondiente, salvo que la contraria hubiera adherido a la prueba, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29.

Art. 30.3.- Peritajes: Al decretar el peritaje, el director del procedimiento determinará los puntos sobre los cuales el perito deberá dictaminar y fijará el plazo dentro del cual éste habrá de presentar el dictamen. Asimismo, correrá traslado a las partes para que dentro del término de diez (10) días designen al perito y pacten el monto de sus honorarios. El perito deberá aceptar el cargo dentro de los cinco (5) días de notificado su nombramiento y en ese mismo acto deberá prestar su conformidad con relación al monto de sus honorarios. Si las partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo señalado, el perito será designado por el secretario general, en cuyo caso los honorarios serán acordados entre ambos.

Cuando alguna de las partes lo solicite después de la presentación del dictamen, el perito será convocado a una audiencia en la que aquéllas tendrán la oportunidad de formularle preguntas y pedirle aclaraciones, por sí o por medio de delegado técnico.

Si alguna de las partes manifestara no tener interés en el peritaje ofrecido por la otra, éste se hará a cargo de quien lo hubiera propuesto, excepto que la parte desinteresada resultare condenada al pago de las costas y el peritaje hubiera sido necesario para la solución del litigio; circunstancia, ésta última, que deberá consignarse en el laudo. La manifestación de desinterés impide al perito intentar el cobro de sus honorarios contra la parte desinteresada mientras el tribunal no se pronuncie sobre la imposición de costas.

 

Comentario:

  1. a) Las partes tienen la más amplia libertad para proponer medios de prueba, siempre que no se afecten derechos y garantías fundamentales de las personas. Con la limitación señalada, podrá ofrecerse cualquier medio de confirmación, sea reglado por el Reglamento o no ( gr., reconocimiento de lugares y cosas, reconocimiento de personas, reconstrucción de hechos, careos, etcétera).

 

  1. b) La confesión del adversario se encuentra expresamente prohibida por el Reglamento. La dudosa constitucionalidad de este medio probatorio, sumado a su poca utilidad práctica –salvo en el poco deseable caso de la confesión ficta–, aconseja su prohibición. Sí se prevé, en cambio, la declaración personal de las partes, pues no hay razón para impedir que éstas se manifiesten ante el Tribunal, si así lo desean. Como se ve, la declaración personal está concebida más bien como un medio de defensa, antes que como un medio probatorio; es una facultad, no una carga. Ahora bien, si una de las partes optara por ejercer el derecho de declarar personalmente, quedará sometida a las preguntas de la contraria, bajo el apercibimiento previsto por la norma. Ello así, para brindar a la contraparte la posibilidad de poner de manifiesto las contradicciones o falsedades de quien pretende beneficiarse con su propia declaración.

 

  1. c) Los testigos serán examinados en forma libre (técnica del cross examination). En principio, sólo las partes pueden intervenir en el interrogatorio de los testigos; sin embargo, no debiera impedirse que los árbitros soliciten al testigo la aclaración o ampliación de alguna respuesta, lo que en su caso podrían hacer previa autorización y por intermedio del director del procedimiento.

 

Al impedir que los árbitros se involucren activamente en el interrogatorio de los testigos, se pretende que actúen ante la prueba de la misma manera que los miembros de un jurado. Recuérdese que, conforme con lo dispuesto en el artículo 6, los árbitros solamente presenciarán la recepción de las pruebas. De este modo, se intenta preservar el sistema dispositivo y la impartialidad e imparcialidad del órgano juzgador.

 

  1. d) La convocatoria del perito a la audiencia explicativa del dictamen es facultativa para las partes; ni los árbitros ni el director del procedimiento pueden instarla. Si la audiencia fuera convocada por alguna de aquéllas, el Tribunal se encontrará ante las mismas inhibiciones que en el caso de la declaración de testigos.

 

 

Art. 31.- Duración del período probatorio: El período probatorio será clausurado a los ciento veinte (120) días corridos contados a partir del día de la última notificación a las partes de la resolución que hubiese proveído las pruebas ofrecidas, o bien con anterioridad si a esa altura no quedaran pruebas pendientes de realización. A los fines del cómputo de este plazo, no se tendrán en cuenta, en su caso, los días correspondientes a las ferias judiciales de invierno y verano en la Provincia, conforme sean determinadas por el Superior Tribunal de Justicia. El director del procedimiento, a pedido de alguna de las partes, podrá prorrogar el término ordinario, si lo estimara justificado.

 

Comentario:

De nada sirve establecer un período probatorio demasiado corto, si las pruebas no logran rendirse a tiempo y debe apelarse a sucesivas prórrogas del mismo. Si bien un término de ciento veinte (120) días en principio podría parecer un tanto extenso, puede ser que resulte necesario. Por otro lado, el problema desaparece al establecerse que el período de prueba puede ser clausurado con anterioridad, en caso de que toda la prueba ofrecida estuviera ya producida.

Art. 32.- Alegatos: Clausurado el período probatorio se correrá traslado a los litigantes para que presenten sus alegatos en el término de diez (10) días, sin que ninguno de ellos pueda imponerse del presentado por el adversario.

 

Art. 33.- Clausura del debate y entrega de legajos: Presentados los alegatos o vencido el término para hacerlo, se clausurará el debate y se citará a los árbitros a fin de entregarles un legajo de copias de las actuaciones arbitrales a cada uno, luego del pago de la tasa de arbitraje prevista por el artículo 46. A los fines de recibir los legajos, los árbitros comparecerán al Tribunal dentro de los cinco (5) días de la citación. Se dejará constancia en el expediente de la fecha de cada entrega. El árbitro con domicilio real fuera de los límites de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur estará exento de comparecer ante el Tribunal a recibir el legajo; éste le será dejado en el domicilio legal constituido.

 

Comentario:

La entrega de legajos es el punto de partida del cómputo del plazo para dictar el laudo.

 

 

Art. 34.- El laudo: El laudo será dictado por escrito, expresando lugar y fecha de emisión, adecuadamente motivado e identificando inequívocamente a las partes y la pretensión. Se pronunciará siempre sobre la distribución de las costas, aún cuando las partes no lo hubieran solicitado. Será firmado por los árbitros en todas sus hojas. Si el tribunal arbitral estuviera compuesto por más de un árbitro, éstos podrán pronunciarse en forma impersonal y conjunta, o bien emitir votos individuales. Deberá dictarse dentro de los treinta (30) días corridos posteriores a la fecha de entrega del último legajo, salvo que el director del procedimiento resolviera conceder una prórroga. Vencido el plazo sin que se hubiera dictado el laudo, el director del procedimiento, a pedido de parte, removerá a los demorados, quienes de este modo perderán su competencia para laudar y todo derecho a retribución. En tal caso, procederá a nombrarse a los reemplazantes, conforme con lo dispuesto en el artículo 13 de este Reglamento. No será necesario designar reemplazante, si con los votos emitidos se lograra obtener una mayoría absoluta de votos concordantes sobre todos los puntos sometidos al arbitraje.

Dentro de los diez (10) días posteriores al vencimiento del plazo para el dictado del laudo, el director del procedimiento agregará los votos al expediente, siempre que hubiera sido alcanzada una mayoría absoluta de pronunciamientos concordantes sobre todos los puntos sometidos al arbitraje; caso contrario, ordenará integrar el tribunal arbitral con uno o más árbitros, según corresponda, a los efectos de que diriman los puntos que no hubieran alcanzado la mayoría requerida. Para la integración del tribunal se convocará a las partes a una audiencia para que nombren a los dirimentes, de común acuerdo; en su defecto, los dirimentes serán designados por el secretario general.

Los árbitros dirimentes tienen los mismos deberes y derechos que los árbitros originarios.

Las resoluciones del director del procedimiento durante el curso del arbitraje adquieren el carácter de cosa juzgada y no pueden ser desconocidas por los árbitros al dictar el laudo.

Comentario:

  1. a) El énfasis sobre la necesidad de identificar inequívocamente a las partes –apelando, fundamentalmente, al documento nacional de identidad (DNI)– y la pretensión tiende a que no queden dudas acerca de quiénes y qué resultan alcanzados por el laudo. El recaudo se relaciona con los límites objetivos y subjetivos de la cosa juzgada, y apunta a que el laudo reúna los requisitos de abstracción, literalidad y autonomía propios de un título ejecutorio, de modo de facilitar su ejecución ante los tribunales públicos. Se procura que el título sea lo suficientemente claro y completo como para que su eventual ejecución ante los tribunales públicos pueda prescindir de las actuaciones arbitrales.

 

  1. b) Exigiendo a los árbitros que firmen cada una de las hojas del pronunciamiento, se intenta conjurar sustituciones de algunas de ellas.

 

  1. c) Los árbitros pueden pronunciarse conjuntamente y en forma impersonal, o bien, en forma individual. En este último caso podrán expedirse en un mismo documento, uno a continuación del otro, o en tantos como la cantidad de árbitros que compongan el tribunal. Nada obsta, por lo demás, una combinación: que algunos árbitros se pronuncien en forma impersonal y otros en forma individual.

 

  1. d) La pérdida de la competencia para laudar no es automática; solamente puede ser declarada a pedido de parte.

 

  1. e) Si no se consiguiera la mayoría requerida, se reservarán los votos, y a continuación se ordenará la integración del tribunal arbitral con la cantidad de árbitros dirimentes que corresponda.

 

  1. f) La integración del tribunal en el caso de que el laudo no alcanzare mayoría de votos concordantes procederá en supuestos de falta de mayoría con relación a alguna de las cuestiones laudadas, no ante una omisión de pronunciamiento sobre algún punto. En este supuesto procederá la aclaración del laudo y, en su caso, la nulidad, eventualmente parcial, ante la jurisdicción pública.

 

 

Art. 35.- Aclaración del laudo y otras resoluciones: Dentro de los cinco (5) días de notificado el laudo o cualquier resolución que pusiera fin al arbitraje o lo paralizara, cualquiera de las partes podrá solicitar la aclaración de conceptos oscuros, que se suplan omisiones y, en general, que se subsane todo defecto que pudiera ocasionar nulidades. Los errores materiales o numéricos podrán ser corregidos en cualquier tiempo. Solicitada la aclaración, se dará vista a la contraria por el término de tres (3) días, al solo efecto de oírla. Evacuada la vista o vencido el plazo para hacerlo, los árbitros resolverán el pedido de aclaración, dentro de los diez (10) días siguientes. Si la aclaración hubiera sido pedida con relación a un voto en particular, será resuelta individualmente por quien lo hubiera emitido. Vencido el plazo sin que se hubiera aclarado el laudo, el director del procedimiento, a pedido de parte, removerá a los responsables de la demora, quienes de este modo perderán su competencia y el derecho a la retribución por el laudo dictado, salvo causa justificada. En tal caso, procederá a nombrarse a los reemplazantes, conforme con lo dispuesto en el artículo 13. El pedido de aclaración suspende el plazo para plantear las impugnaciones previstas en el artículo 39 y, en su caso, en el 40.

Las resoluciones del director del procedimiento también pueden ser aclaradas, pero en el caso de las de mero trámite no será necesario oír a la contraparte.

 

Comentario:

  1. a) Con la expresión “al solo efecto de oírla” no se hace más que enfatizar que la vista corrida no da lugar a incidencia alguna.

 

  1. b) El árbitro que por fuerza mayor no pudo aclarar el laudo a tiempo no pierde su derecho a la retribución por la labor realizada. De ahí la fórmula “salvo causa justificada”.

 

 

Art. 36.- Otros modos de terminación del arbitraje:

Art. 36.1.- Caducidad: Si el procedimiento no hubiera sido impulsado durante noventa (90) días corridos sin tener en cuenta los días del mes de enero, se intimará a las partes para que dentro del término de diez (10) días lo insten. Vencido este término sin que se hubiera efectuado o requerido la actuación idónea, el director del procedimiento declarará la caducidad del arbitraje.

 

Art. 36.2.- Allanamiento: El demandado podrá allanarse a la demanda en cualquier momento del procedimiento, reconociendo o no sus fundamentos. En tal caso, el director del procedimiento dictará el laudo, sin más trámite, pero si existiera desacuerdo con relación a las costas, se sustanciará previamente la incidencia relativa a éstas. En el supuesto de que al allanarse el demandado nada manifestare con relación a los fundamentos de la demanda, se entenderá que los reconoce.

Art. 36.3.- Desistimiento: En cualquier estado del arbitraje, el actor podrá desistir del proceso o de la pretensión, en cuyo caso el director del procedimiento declarará finalizado el arbitraje y le impondrá las costas, salvo que aquél invocase alguna circunstancia que justificara imponerlas de otra manera. El desistimiento del procedimiento requiere el consentimiento del demandado. El desistimiento de la pretensión implica su renuncia y la extingue definitivamente.

Art. 36.4.- Transacción: Si durante el arbitraje las partes arribaran a un acuerdo que resolviera totalmente el litigio, el director del procedimiento dará por terminadas las actuaciones y, si aquéllas lo pidieran, hará constar la transacción en forma de laudo.

Comentario:

La resolución de un incidente de caducidad presenta un contenido meramente procesal; las resoluciones que siguen a un allanamiento, un desistimiento o una transacción son casi exclusivamente de forma. Por tanto, ninguna de ellas justifica la intervención de árbitros; su dictado le cabe al director del procedimiento, con lo que se logra satisfacer uno de los objetivos del Reglamento, consistente en abaratar el costo del arbitraje cuando no sea necesario dictar el laudo.

 

 

Art. 37.- Costas: La tasa por el servicio de arbitraje y los honorarios de árbitros, abogados y peritos integran las costas, así como toda otra erogación justificada que hubiese requerido el procedimiento y a la que el laudo se refiriese expresamente.

La parte vencida será condenada a pagar las costas del arbitraje; sin embargo, podrá ser eximida total o parcialmente de esta responsabilidad, siempre que se encontrare mérito para ello, expresándoselo en el laudo, bajo sanción de nulidad. Todos los que tuvieran honorarios regulados podrán reclamarlos conjuntamente con los aportes profesionales correspondientes, directamente al condenado al pago de las costas, por vía ejecutiva. Salvo lo dispuesto por el artículo 30.3, último párrafo, sea cual fuere la manera en que se impusieren las costas, ambas partes responden solidariamente por las de árbitros y peritos, sin perjuicio del reembolso que, en su caso, podrá reclamar el litigante eximido al litigante condenado al pago.

 

Las costas del defensor de oficio del demandado rebelde sin domicilio conocido serán soportadas por el actor, sin perjuicio de la acción de reembolso que, en su caso, le cupiere.

 

Comentario:

  1. a) El Reglamento sigue el sistema objetivo de imposición de costas basado en la derrota. Sin embargo, este sistema no es absoluto, dado que, si el tribunal arbitral lo estimara justificado (gr., por considerar que existieron razones plausibles para litigar), podrá eximir al vencido del pago de ellas. Esta eximición deberá ser motivada circunstanciadamente; de lo contrario, la decisión será nula, justamente, por falta de motivación adecuada.

 

  1. b) El Reglamento prevé una acción directa del acreedor de costas contra el condenado al pago de éstas.

 

  1. c) Las partes se encuentran obligadas solidariamente al pago de las costas de árbitros y peritos, sin perjuicio, claro está, del derecho de repetición del que las hubiera abonado contra el condenado. La solidaridad de la obligación favorece la imparcialidad de árbitros y peritos, en tanto evita que éstos puedan sentirse inclinados a favorecer la posición del insolvente y, así, la imposición de costas a la otra parte, con el propósito de garantizarse el cobro de sus honorarios. Excepcionalmente, el perito podría reclamar sus honorarios solo a la parte que propuso la prueba y no a la contraria, si ésta hubiera manifestado su desinterés con relación a ella, y se dieran las demás circunstancias que prevé la norma.

 

  1. d) Entre las erogaciones que pueden quedar comprendidas en el término ´costas´, cabe citar, por ejemplo, la movilidad de los árbitros, los viajes y otras expensas de testigos y peritos, el diligenciamiento de informes y, en general, cualquier gasto devengado por algún servicio prestado por el Tribunal. Pero, para que estas erogaciones puedan ser oportunamente reembolsadas por el legitimado, necesariamente deben haber sido declaradas justificadas en el laudo; de lo contrario, se carecerá de título para el reembolso.

 

 

Art. 38.- Honorarios: Todos los honorarios devengados durante el desarrollo de un arbitraje serán regulados por el secretario general. Contra la regulación procederá solamente el recurso de revocatoria, el cual deberá interponerse dentro de los cinco (5) días de la notificación.

El monto de los honorarios de los abogados de las partes se regulará conforme con lo previsto por la Ley de Aranceles Profesionales nº 21.839 de la Nación y sus modificatorias, considerando la labor desarrollada ante el Tribunal de Arbitraje del Colegio Público de Abogados de Río Grande como si hubiera sido prestada ante la jurisdicción pública.

Los honorarios de los árbitros en caso de que hubieran dictado el laudo se regularán en un monto que surja de aplicar a la regulación de honorarios que correspondiere al abogado de la parte vencedora, los porcentajes siguientes: al árbitro único, el treinta y cinco por ciento (35%); si el tribunal arbitral estuviese constituido por más de un árbitro, a cada uno, el veinticinco por ciento (25%); en caso de árbitro dirimente, el veinte por ciento (20%) a cada uno. En caso de que los árbitros no hubiesen llegado a laudar, sus honorarios serán regulados conforme con la importancia de la labor efectivamente prestada, valorada por el secretario general según su leal saber y entender, sin sujeción a escala alguna.

En el supuesto de que el perito hubiera acordado sus honorarios con el secretario general, las partes podrán solicitar la reconsideración del monto dentro de los cinco (5) días de intimadas al pago por aquél. En este caso, el secretario general resolverá según su leal saber y entender, tendiendo en cuenta la calidad e importancia de la labor del perito, sin sujeción a escala alguna.

 

La regulación de honorarios que el abogado pretendiera hacer valer contra su cliente deberá ser previamente notificada en el domicilio real de éste, procediendo el recurso de revocatoria dentro de los quince (15) días de la notificación.

Comentario:

  1. a) No existe razón alguna que justifique retribuir la labor de un abogado ante un tribunal de arbitraje con un arancel menor al que le correspondería si la misma tarea hubiese sido realizada en sede judicial. En efecto, la tarea profesional de un abogado no varía según el tribunal ante el cual se la despliega, ni tampoco porque la serie procedimental se agote en más o en menos tiempo (la extensión y la calidad de los actos procesales serán las mismas, con la única diferencia de que en sede arbitral existirá menos espacio de tiempo entre uno y otro). Por tales razones, y teniendo en cuenta que las pautas arancelarias establecidas por la ley de aranceles de la Nación (nº 21.839) resultan, en general, atinadas, el Reglamento se inclina por la aplicación de ésta, a los fines de la determinación de los honorarios de los abogados.

 

  1. b) Por lo demás, se pretende que la mera posibilidad de tener que afrontar el pago de honorarios no disminuidos desaconseje a las partes litigar sin razón y fomente la autocomposición. Es razonable esperar que el litigante de ´mala fe´ advierta el serio inconveniente de resistirse infundadamente a una pretensión, en un escenario de imposición de costas al vencido (tal como, básicamente, es el sistema que establece el artículo 37), en el que se devengarán honorarios en un procedimiento breve como es el arbitraje. En una palabra, se apunta a que los honorarios tengan un efecto disuasivo similar al de los ´daños punitivos´, o al del artículo 2 de la ley 25.323.

Art. 39.- Nulidad del laudo y otras resoluciones definitivas: Durante la sustanciación de las actuaciones arbitrales ninguna resolución es impugnable ante la jurisdicción pública. El laudo y toda resolución que pusiera fin al procedimiento o importara su paralización resultan impugnables por nulidad, como consecuencia de vicios en el emplazamiento del demandado, vicios del procedimiento arbitral y vicios provenidos de la forma o el contenido de aquéllos.

En el caso de que la nulidad debiera ser articulada por vía de recurso, éste se interpondrá, fundado, ante el mismo tribunal de arbitraje, dentro de los cinco (5) días de la notificación. Si el director del procedimiento concediera el recurso, ordenará remitir el expediente a la cámara de apelación que estimase competente.

Si correspondiere declarar la nulidad, se lo hará sólo parcialmente, si fuere posible. En caso de laudo o resolución emitidos por medio de votos individuales, se conservarán los votos no viciados.

Anulado el laudo y reenviada la causa al Tribunal de Arbitraje del Colegio Público de Abogados de Río Grande para la emisión de un nuevo pronunciamiento o su nueva tramitación, el secretario general convocará a las partes para designar a el o los árbitros subrogantes que fueren necesarios.

No procederá la nulidad basada en algún vicio en el procedimiento, si como consecuencia de éste no se hubiera ocasionado una restricción al derecho de contradicción, aun cuando el impugnante no hubiera logrado obtener en sede arbitral la consolidación de una legítima expectativa como, por ejemplo, en el supuesto de que hubiera sido desestimada una impugnación fundada en la extemporaneidad de una postulación de la contraria, o por rechazo de un incidente de caducidad.

Comentario:

  1. a) La norma consagra el principio de no intervención de los tribunales públicos hasta que se dicte el laudo, con el propósito de privilegiar la celeridad del trámite, aun cuando el vicio imputado fuera in procedendo. La parte perjudicada deberá postergar su reclamo hasta después de dictado el laudo, oportunidad en que podrá solicitar la nulidad de éste, si la resolución cuestionada hubiera cercenado su derecho de defensa.

 

  1. b) La impugnación del laudo y las demás resoluciones que señala la norma es irrenunciable en caso de nulidad. La nulidad podrá fundarse en vicios in procedendo surgidos del propio acto, sea por defecto de forma (gr., omisión de consignar la fecha del laudo), sea por defecto de construcción (v.gr., laudo inmotivado, autocontradictorio, incongruente) o bien, surgidos del procedimiento previo (v.gr., laudo dictado luego de un proceso en el que se ha violado el derecho de defensa de alguna de las partes).

 

  1. c) Si, por ejemplo, uno de los votos no presenta vicio alguno, no hay razón jurídica para anularlo y la Alzada debería dejarlo a salvo al hacer lugar al recurso de nulidad en contra del laudo por el vicio de los otros dos votos.

 

  1. d) Según el artículo 734.1 del CPCTF, el recurso debe fundarse al momento de su interposición.

 

  1. e) Entre las resoluciones que ponen fin al procedimiento, caben contarse, entre otras, la declaración de caducidad y las que hacen lugar a excepciones de incompetencia o falta de legitimatio ad processum; resoluciones que importan la paralización del procedimiento son, por ejemplo, las que aceptan una prejudicialidad penal (cfr. art. 1101 del Código Civil) y las que ordenan detener el procedimiento por las razones que fueran.

 

  1. f) El tercer párrafo del artículo se enrola en la corriente que postula que el recurso de nulidad basado en vicio del procedimiento es procedente sólo cuando se ha restringido el derecho de defensa (por ejemplo, si no se le hubiera corrido un traslado o no se hubiera abierto la causa a prueba, cuando así correspondía; si infundadamente se hubiera declarado extemporánea la contestación de la demanda, etcétera). Por ello, el recurso es improcedente en el caso de que la propia norma se encarga de describir, enunciativamente y al sólo efecto ejemplificativo, por cierto (recurrir al relato de un ejemplo en la misma norma es poco usual para la legislación, pero no es inédito; así pues, el artículo 25 del Código Civil acude a esta técnica). Es que, cuando se pretende la nulidad de un laudo alegando que durante el arbitraje no se ha hecho lugar a una caducidad, o cuando se la solicita aduciendo que en el curso del procedimiento se rechazó un incidente por el que se había impugnado la contestación a la demanda o el ofrecimiento de una prueba reputados extemporáneos, por ejemplo, en realidad nos encontramos ante la conservación del derecho de defensa o la prueba, más que ante su restricción. En estos casos, el recurrente podrá alegar que en el trámite del arbitraje no se le permitió consolidar una expectativa –tan legítima como disvaliosa, como sería la de cortar prematuramente la serie procedimental e impedir el dictado del laudo, o la de dejar a la contraria parcialmente sin defensa–, pero no que su propio derecho de audiencia o prueba han sido cercenados. Para el Reglamento, aquí no hay indefensión, y ´donde no hay indefensión, no hay nulidad´.

 

 

Art. 40.- Eventual recurso de apelación: El recurso de apelación no es admisible contra el laudo ni contra ninguna otra resolución, salvo que las partes hubiesen pactado expresamente este medio de impugnación. En tal caso, las partes podrán convenir, además, el depósito de una suma de dinero determinada o determinable, como condición previa a la concesión del recurso.

 

Comentario:

Salvo acuerdo de partes en contrario, ninguna resolución del Tribunal de Arbitraje es apelable. Así, los vicios in iudicando (es decir, los producidos por la errónea aplicación del derecho o la apreciación de la prueba), en principio son irrevisables.

Art. 41.- Medidas cautelares: El tribunal arbitral, a pedido de parte, podrá ordenar medidas cautelares para asegurar el cumplimiento o la utilidad del laudo. Éstas podrán ser meramente conservatorias o innovativas; en este último caso, podrán implicar, incluso, un anticipo total o parcial de la pretensión. Antes de despacharse una medida innovativa deberá oírse al demandado, siempre que fuera posible y que ello no pusiera en peligro su efectividad.

Para obtener el despacho de una cautelar el peticionante deberá acreditar verosimilitud del derecho y peligro en la demora, y prestar una contracautela real o personal. El director del procedimiento podrá eximir de prestar contracautela al peticionante de la medida, si ello le resultara demasiado dificultoso.

Si una parte hubiera solicitado temerariamente una medida cautelar y causado perjuicios a la contraria, la indemnización correspondiente deberá reclamarse ante el Tribunal de Arbitraje del Colegio Público de Abogados de Río Grande.

 

Comentario:

  1. a) Las medidas cautelares son pretensiones accidentales que apuntan a asegurar el cumplimiento de la sentencia que ha de recaer en un litigio, evitando que en el tránsito que va desde la demanda a la resolución final se susciten ciertos acontecimientos que puedan impedir la efectivización de la condena. Así, un embargo preventivo tiene por objeto evitar la insolvencia del demandado inmovilizando algún bien de su propiedad, a fin de su oportuna subasta para destinar su producido a la satisfacción del crédito que la sentencia le reconociere al actor. La finalidad de este tipo de cautelares es, entonces, asegurar el futuro cumplimiento de la pretensión específicamente demandada, apelando al congelamiento de una determinada situación de hecho o derecho. De ahí que se las denomine conservatorias o asegurativas, indistintamente.

 

Paralelamente al tipo de cautelares señalado, transitan otras que no apuntan a asegurar el cumplimiento, sino a la utilidad de la sentencia. Son cautelares innovativas que, inversamente a las conservatorias, implican una modificación de hecho o derecho de la situación vigente, orientándose, generalmente, a adelantar la satisfacción de la pretensión, con el objeto de evitar que el actor sufra ciertos perjuicios adicionales que se supone que no padecería si su reclamo le fuera satisfecho de inmediato. Veamos: supongamos que un deportista fuera ilegítimamente inhabilitado para desarrollar su actividad por el tribunal de disciplina de una entidad. Supongamos, también, que dicho deportista impugnara judicialmente la inhabilitación y solicitara su rehabilitación. Supongamos, por fin, que ese deportista requiriera una cautelar tendiente a su rehabilitación provisoria, alegando que la prolongada inactividad a la que se vería sometido hasta tanto la Justicia se pronunciara definitivamente le acarrearía la pérdida de su destreza deportiva. En este caso, el deportista podría fundar la cautelar en la necesidad de evitar los serios perjuicios que se supone que no padecería si el objeto de su pretensión (la rehabilitación) le fuera concedida de inmediato. Y para ello se necesita, naturalmente, alterar la situación vigente; se necesita dejar sin efecto la suspensión, ya mismo.

 

Observamos aquí, que con la cautelar no pretende asegurarse el cumplimiento de la sentencia (nótese que sin la cautelar hoy, nada impediría mañana que la sanción pudiera dejarse sin efecto), sino la utilidad de la misma, al posibilitarse la satisfacción inmediata de la pretensión, en orden a evitar que su insatisfacción durante el tiempo que necesariamente habrá de insumir el proceso, ocasione al deportista perjuicios colaterales o derivados, que no son los que directamente están en discusión en la causa (no se pierda de vista que la pérdida de la aptitud deportiva del deportista no es materia del pleito entre éste y la entidad que lo sancionó ilegítimamente).

 

  1. b) Indudablemente, las medidas cautelares conservatorias deben ser despachadas inaudita altera pars. Ello es lógico, pues si el demandado tomase conocimiento de que el actor pretende embargar sus bienes, bien podría apresurarse a enajenarlos, tornando impracticable la cautelar y, posiblemente, ilusoria la sentencia que mañana reconociera fundada su pretensión. Se advierte, así, que la única razón que justifica no dar audiencia previa al demandado en casos de medidas cautelares conservatorias finca en la necesidad de actuar con sorpresa para evitar su frustración. Como se ve, la inaudiencia no hace a la naturaleza o esencia de este tipo de cautelares, sino que responde a una razón meramente práctica.

 

La situación es absolutamente diferente en el caso de las medidas cautelares innovativas, dado que el conocimiento previo de que una medida de éstas va a ser despachada es, generalmente, irrelevante, pues el afectado nada podrá hacer para frustar su efectivización. En efecto, ¿de qué modo podría la entidad que inhabilitó al deportista evitar la efectivización de su rehabilitación provisoria, si se enterara con anticipación de que así va a ser ordenado? En consecuencia, no oír al demandado antes del despacho de una medida innovativa implica cercenar sin sentido su derecho de defensa. Es por ello que, siempre que no peligre la eficacia de una medida cautelar innovativa, deberá oírse a la contraparte, previamente a su despacho (cfr. LLLitoral 1999, pág. 989).

 

  1. c) La norma permite eximir de prestar contracautela al solicitante de una cautelar cuando le fuera dificultoso conseguirla. La solución parece justa, si se tiene en cuenta que muchas personas carecen de los recursos sociales o económicos que normalmente posibilitan cumplir con este recaudo.

 

  1. d) El juicio de mérito sobre la procedencia y fundabilidad de una cautelar incumbe a los tribunales de arbitraje, sin que pueda ser revisado por ningún tribunal del Estado al serle requerido su auxilio para el cumplimiento. Cuando un tribunal de arbitraje solicita la cooperación de algún tribunal público a fin de la efectivización de una cautelar (por ejemplo, para inscribir una anotación litigiosa o un embargo en el Registro General), los tribunales públicos deben actuar del mismo modo en que actúan cuando reciben exhortos de otros tribunales públicos, a los mismos fines (cfr. art. 19, inc. 1º del Acuerdo sobre Arbitraje Comercial Internacional del MERCOSUR). En una palabra, el juez al que se solicita la efectivización de la medida sólo presta su fuerza coactiva para que pueda cumplirse lo dispuesto en sede arbitral; simplemente, ejecuta. Ello se ajusta perfectamente a un principio lógico: ´quien puede lo más, puede lo menos´. En efecto, si un tribunal de arbitraje puede resolver en forma definitiva a cuál de las partes le corresponde determinado bien, cómo no ha de poder resolver provisoriamente que hacer con dicho bien durante el curso del litigio.

 

  1. e) Una cautelar trabada temerariamente puede dar lugar a una acción de responsabilidad a favor del damnificado y en contra del litigante que la solicitó. En principio, los tribunales públicos serían los competentes para conocer de tal acción, pero el sometimiento de las partes al Reglamento implica un acuerdo tácito de atribución de competencia al Tribunal de Arbitraje del Colegio Público de Abogados de Río Grande.

 

 

Art. 42.- Medidas previas: Quienes sean o vayan a ser parte en un arbitraje y tuvieren motivos justificados para temer que la producción de pruebas pudiera hacerse difícil o imposible por el transcurso del tiempo, pueden solicitar su producción anticipada. Asimismo, quien vaya a promover una demanda podrá solicitar la realización de cualquier medida que le resulte necesaria para poder entablarla. En ambos casos deberá acompañarse el convenio del cual surja la competencia del Tribunal de Arbitraje del Colegio Público de Abogados de Río Grande. Estas medidas se realizarán con citación previa de parte, siempre que fuera posible. Las partes podrán optar por realizar cualquiera de estas medidas previas ante la jurisdicción pública.

Comentario:

Nos encontramos ante diligencias que los códigos de procedimientos civiles y comerciales denominan comúnmente aseguramiento de pruebas y medidas preparatorias. El reglamento omite, de propósito, una enumeración taxativa, pues las concibe con un alcance amplio, dejando librado al director del procedimiento su autorización en cada caso particular. El artículo 1.4. se ocupa de aclarar que la promoción de cualquiera de estas medidas ante los tribunales públicos no implica una renuncia al convenio arbitral.

 

 

Art. 43.- Sanciones procesales: El laudo podrá imponer una sanción procesal a cualquiera de las partes que hubiera actuado de mala fe durante el arbitraje. En tal caso, la sanción consistirá en una multa en favor de la contraria de hasta el treinta por ciento (30%) del monto que se condenara a pagar en el laudo. Si la pretensión no fuera susceptible de apreciación pecuniaria, la multa no podrá superar la suma de dinero que represente doscientos (200) Bonos previstos por el artículo 64, inciso f) de la ley 607 de la Provincia, al día de la sanción. La parte que negare injustificadamente la firma que hubiera insertado en un documento privado será especialmente considerado litigante de mala fe.

Al fijarse el tope de la multa en “Bonos”, se apunta a evitar las periódicas actualizaciones de una suma de dinero que la constante depreciación de la moneda nacional exigiría.

 

Art. 44.- Auxilio de la jurisdicción pública: En caso de que el tribunal arbitral deba requerir el auxilio de los tribunales judiciales del Estado para efectivizar una medida cautelar, practicar una prueba o cualquier otra diligencia que sea necesaria, entenderá cualquier juez de primera instancia de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

 

Comentario:

Pudiera ser que el juez de la provincia de Tierra del Fuego a quien se requiriese el auxilio deba solicitar, a su vez, el auxilio de otro juez con competencia en el lugar en que deba realizarse el acto (por ejemplo, si los testigos renuentes a declarar se domiciliaran en otra provincia), salvo que el tribunal público competente en dicho lugar aceptara prestar directamente su auxilio al tribunal arbitral.

 

 

Art. 45.- Procedimientos especiales: Los procedimientos que se relacionan a continuación serán conducidos conforme a las reglas de los artículos precedentes, pero con las modificaciones siguientes:

Art. 45.1.- Procedimiento para causas de menor cuantía: Este procedimiento se aplicará, a opción del actor, cuando la pretensión no supere, entre capital e intereses calculados al día de la demanda, el valor de ciento cincuenta (150) Bonos previstos por el artículo 64, inciso f) de la ley 607 de la Provincia. La opción deberá formularse al presentarse la demanda; en tal caso, el demandado no podrá reconvenir por una suma superior a aquélla, entre capital e intereses, calculados también al día de la demanda. No podrá ampliarse la demanda ni la reconvención si los respectivos reclamos finales superaren el límite preestablecido.

El tribunal arbitral se integrará con un (1) solo árbitro elegido de común acuerdo por las partes, pero en caso de no lograrse el acuerdo en la oportunidad correspondiente, el árbitro será designado por el secretario general.

Las únicas pruebas que podrán ofrecerse serán las siguientes: documentos, su reconocimiento por la contraria y, si fuera necesario, peritaje para determinar su autenticidad. No se admitirá ninguna otra.

Dentro de los sesenta (60) días de ejecutoriado el laudo, y bajo apercibimiento de caducidad de la acción, la parte perdidosa podrá promover un nuevo arbitraje tendiente a la revisión de aquél, sin limitaciones de defensas o pruebas. Sin embargo, en este arbitraje no serán admisibles las defensas o excepciones planteadas, o que hubieran podido serlo, en el arbitraje anterior. La promoción de este nuevo arbitraje no suspenderá, por sí sola, la ejecución del anterior.

Art. 45.2.- Desalojo abreviado: Las pretensiones de desalojo de inmuebles urbanos fundadas en la falta de pago de alquileres o en el vencimiento del plazo convenido se regirán por las disposiciones del artículo 45.1., en tanto resulten compatibles.

Art. 45.3.- Desalojo anticipado: Podrá demandarse el desalojo de un inmueble urbano antes de vencido el término de la ocupación, pero el laudo sólo podrá cumplirse luego del vencimiento de dicho término. Este desalojo no requerirá el nombramiento de árbitro si el demandado se allanare a la demanda o simplemente no la contestare. En cualquier supuesto de sometimiento a la demanda, aún existiendo controversia acerca del modo en que debieren distribuirse las costas, el director del procedimiento a cargo del arbitraje será quien dicte el laudo, asumiendo las funciones del árbitro. En caso de allanamiento a la demanda o de no contestación del demandado, las costas del arbitraje se impondrán en el orden causado. 

Comentario:

El artículo implementa procedimientos abreviados para arbitrajes en los que se ventilen pequeñas pretensiones monetarias o desalojos de inmuebles urbanos. La norma prevé el reemplazo de la figura del árbitro por el director del procedimiento, con el objetivo de abaratar y hacer más accesible el servicio, en cualquier supuesto de sometimiento a la demanda.

 

Procedimientos sumamente rápidos como los que prevé la norma facilitan la contratación en situaciones en las que el inquilino no consigue garantías suficientes, puesto que al desaparecer el temor a la lentitud del proceso, aquéllas ya no han de resultar tan necesarias para el locador. Finalmente, es probable que el procedimiento del ´desalojo anticipado´ también facilite la contratación, al posibilitarle al locador contar con un laudo que ordene el lanzamiento para luego de vencido el plazo de la locación, ya desde el inicio mismo del contrato.

 

El porqué la norma apela a una unidad de medida (“Bono”) en lugar de a una suma de dinero se encuentra explicada en el comentario al artículo 43.

Art. 46.- Tasa de arbitraje: Por la prestación del servicio de arbitraje, el Tribunal de Arbitraje del Colegio Público de Abogados de Río Grande Tribunal percibirá una tasa del uno (1) por ciento (1%), calculada sobre el monto de la pretensión más los intereses reclamados a la fecha de la demanda, con un tope máximo de setecientos (700) Bonos previstos por el artículo 64, inciso f) de la ley 607 de la Provincia. Las causas no susceptibles de apreciación pecuniaria abonarán una tasa de tres (3) Bonos.

La tasa será pagada por la parte que requiriere el dictado del laudo o la resolución que prevé el artículo 36.4., sin perjuicio de su eventual repetición contra el condenado en costas. Los arbitrajes que tramitaren a través de alguno de los procedimientos especiales del artículo 45 se encuentran exentos del pago de esta tasa.

 

El porqué la norma apela a una unidad de medida (“Bono”) en lugar de a una suma de dinero se encuentra explicada en el comentario al artículo 43.

Art. 47.- Silencio u oscuridad del Reglamento: En caso de silencio u oscuridad de este Reglamento, el director del procedimiento implementará la solución que más se ajuste al espíritu que lo inspira, debiendo estar siempre a favor de la protección al debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y la conservación de los actos procesales.

Art. 48.- Normas transitorias: Todos los arbitrajes que se inicien dentro del término de dos (2) años de sancionado este Reglamento se encuentran exentos de la tasa de arbitraje. Durante este periodo, la labor del secretario general, los directores del procedimiento y sus eventuales auxiliares no será remunerada (ad honorem). Durante los próximos dos (2) años, contados a partir la sanción de este Reglamento, el cargo de secretario general será desempeñado por el actual Presidente del Colegio Público de Abogados de Río Grande, quien, en su caso, será provisoriamente reemplazado por quien actualmente se encuentra a cargo de la vicepresidencia del Colegio.

  1. ÁRBITROS DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE

 

ALVARADO VELLOSO, Adolfo

ALLENDE, Lisandro A.

ANGELOMÉ, Nelson E.

ARAYA, Miguel C.

ARECHA, Martín

CAIVANO, Roque J.

CAPUTO, Leandro

GARCÍA MONTAÑO, C. Tristán

KEMELMAJER de CARLUCCI, Aída

MEROI, Andrea A.

MÜLLER, Enrique C.

OTEIZA, Eduardo

RACCIATTI, Hernán J.

RICHARD, Efraín H.

RIVERA, Julio César

ROBIOLO, Jorge A.

ROITMAN, Horacio

ROVIRA, Alfredo L.

SANDLER OBREGÓN, Verónica

SAUX, Edgardo I.

SILVESTRE MIRÁS, Rosalía

TERRASA, Eduardo

TOZZINI, Gabriela I.

 

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[restab title=»Autoridades»]

ÁRBITROS DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE

  • ALVARADO VELLOSO, Adolfo
  • ALLENDE, Lisandro A.
  • ANGELOMÉ, Nelson E.
  • ARAYA, Miguel C.
  • ARECHA, Martín
  • CAIVANO, Roque J.
  • CAPUTO, Leandro
  • GARCÍA MONTAÑO, C. Tristán
  • KEMELMAJER de CARLUCCI, Aída
  • MEROI, Andrea A.
  • MÜLLER, Enrique C.
  • OTEIZA, Eduardo
  • RACCIATTI, Hernán J.
  • RICHARD, Efraín H.
  • RIVERA, Julio César
  • ROBIOLO, Jorge A.
  • ROITMAN, Horacio
  • ROVIRA, Alfredo L.
  • SANDLER OBREGÓN, Verónica
  • SAUX, Edgardo I.
  • SILVESTRE MIRÁS, Rosalía
  • TERRASA, Eduardo
  • TOZZINI, Gabriela I.

 

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[restab title=»Modelos de pactos arbitrales»]

MODELOS

Modelo de cláusula arbitral para incorporar a un contrato:

Toda cuestión que se suscitare entre las partes por cualquier motivo relacionado con este contrato, entre ellas, su validez, interpretación, alcances, cumplimiento o resolución, se sustanciará y será resuelta por el Tribunal de Arbitraje del Colegio Público de Abogados de Río Grande (Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur), de acuerdo con el Reglamento aprobado por la Institución y sus eventuales modificaciones. Las partes también pactan la competencia de la Cámara de Apelaciones de la Provincia mencionada (Título IV, Capítulo V de la ley 110), a los efectos de la sustanciación del recurso de nulidad que se interpusiera contra el laudo u otras resoluciones, y la del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río Grande [alternativa: Ushuaia] en turno, para tramitar la ejecución.

 

Modelo de compromiso arbitral para el caso de un conflicto aun no judicializado, cuando no existiera un contrato previo que incluyese una cláusula arbitral:

Entre XX, DNI n° […], con domicilio real en […], por una parte, y ZZ, DNI n° […], con domicilio real en […], por la otra parte, declaran y convienen lo siguiente:

  1. La descripción del conflicto: El día […], XX compró por boleto a ZZ un lote de terreno situado en la localidad de Tolhuin de esta Provincia. XX reclama la escrituración del inmueble, alegando haber depositado el saldo de precio de la compraventa en la cuenta bancaria oportunamente señalada por ZZ, conforme con lo establecido en el boleto. A su turno, ZZ se opone a escriturar el lote en cuestión, entendiendo que la suma depositada por XX es menor a la que corresponde, por no incluir intereses moratorios devengados durante los 93 días que transcurrieron entre la fecha de pago acordada en el contrato y el día en que XX realizó el depósito.
  2. El acuerdo acerca del tribunal que resolverá la controversia: Habiendo fracasado los intentos para solucionar el conflicto, las partes lo someten a la jurisdicción del Tribunal de Arbitraje del Colegio Público de Abogados de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, quien conocerá de él y lo resolverá conforme con su Reglamento y eventuales modificaciones.
  3. Las cuestiones sometidas al arbitraje: El Tribunal pactado conocerá y se pronunciará sobre los puntos siguientes:
  4. a) si XX ha cumplido correctamente con su obligación de pagar el precio, y si tiene derecho a la escrituración del inmueble;
  5. b) si ZZ tiene derecho a algún saldo de precio en concepto de intereses moratorios y, en tal caso, a qué suma.
  6. Designación de los árbitros [opcional]: Las partes designan como árbitro/s a […].
  7. Para todos los efectos de este convenio, las partes constituyen domicilios especiales en los denunciados en el encabezamiento por cada una de ellas.

De conformidad, las partes suscriben el presente, en dos (2) ejemplares, en la ciudad de […], provincia de […], a los […] días del mes de […] del año […].

 

Modelo de compromiso arbitral por el que se solicita a un tribunal público la remisión de una causa al Tribunal de Arbitraje, a los efectos de continuar su sustanciación ante éste:

PRESENTAN COMPROMISO ARBITRAL – SOLICITAN SE REMITA EL EXPEDIENTE

Señor Juez:

XX, actor, con el patrocinio letrado del Dr. […] y NN, demandado, con el patrocinio letrado del Dr. […], en el Expediente nº […], caratulado “XX c/ NN”, ratificando los domicilios reales denunciados y ad litem constituidos respectivamente, a V.S. por nuestro propio derecho, nos  presentamos y decimos:

  1. Que conforme con lo establecido por los artículos 710 y 713 del Código Procesal Civil, Comercial, Laboral, Rural y Minero, venimos a celebrar el compromiso arbitral sujeto a las siguientes cláusulas:

1.1. La presente causa continuará sustanciándose en adelante ante el Tribunal de Arbitraje del Colegio Público de Abogados de Río Grande (Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur), conforme con lo dispuesto por su Reglamento y sus eventuales modificaciones.

1.2. Designamos como árbitro/s a […].

1.3. Contra el laudo sólo procederá el recurso de nulidad [alternativa: Contra el laudo procederán los recursos de nulidad y apelación].

  1. Por lo expuesto, a V.S. solicitamos: tenga por presentado el compromiso arbitral precedente y, consecuentemente, remita el expediente al Tribunal de Arbitraje señalado o, en su defecto, sus copias auténticas, a los fines de la continuación del trámite, y SERÁ JUSTICIA.

Nota 1: este compromiso no requiere la mención de los puntos sobre los que el Tribunal de Arbitraje habrá de pronunciarse, dado que dichas cuestiones ya han quedado establecidas en la demanda y su contestación, presentadas en el expediente judicial a remitir.

Nota 2: De acuerdo con lo previsto por el artículo 1882 del Código Civil, el compromiso arbitral debería ser formalizado por las mismas partes (con patrocinio letrado, naturalmente), salvo que el abogado apoderado contase con facultades especiales para comprometer en árbitros.

 

Modelo de compromiso arbitral por el que se solicita a un tribunal público la remisión al Tribunal de Arbitraje de una causa en la que se ha dictado el ´llamamiento de autos para sentencia´, a los efectos de que resuelva este último en lugar de aquél:

 

PRESENTAN COMPROMISO ARBITRAL – SOLICITAN SE REMITA EL EXPEDIENTE

Señor Juez:

XX, actor, con el patrocinio letrado del Dr. […] y NN, demandado, con el patrocinio letrado del Dr. […], en el Expediente nº […], caratulado “XX c/ NN”, ratificando los domicilios reales denunciados y ad litem constituidos respectivamente, a V.S. por nuestro propio derecho, nos  presentamos y decimos:

  1. Que, conforme con lo establecido por los artículos 710 y 713 del Código Procesal Civil, Comercial, Laboral, Rural y Minero, venimos a celebrar el compromiso arbitral sujeto a las siguientes cláusulas:

1.1. La presente causa será resuelta por el Tribunal de Arbitraje del Colegio Público de Abogados de Río Grande (Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur), conforme con lo dispuesto por su Reglamento y sus eventuales modificaciones, salvo en lo que se opusieran a este compromiso.

1.2. A los efectos del dictado del laudo, nombramos árbitro/s a […].

1.3. Todas las regulaciones de honorarios correspondientes a esta causa serán dictadas por el Secretario General.

1.4. Contra el laudo sólo procederá el recurso de nulidad [alternativa: Contra el laudo procederán los recursos de nulidad y apelación].

1.5. Acordamos, asimismo, que no se nombrará director del procedimiento, por lo que sus funciones serán desempeñadas por el Secretario General.

  1. Por lo expuesto, a V.S. solicitamos: tenga por presentado el compromiso arbitral precedente y, consecuentemente, remita el expediente al Tribunal de Arbitraje señalado o, en su defecto, sus copias auténticas, a los fines del dictado del laudo, las regulaciones de honorarios y toda otra resolución que pudiere corresponder, y SERÁ JUSTICIA.

 

Nota 1: este compromiso no requiere la mención de los puntos sobre los que el Tribunal de Arbitraje habrá de pronunciarse, dado que dichas cuestiones ya han quedado establecidas en la demanda y su contestación, presentadas en el expediente judicial a remitir.

Nota 2: De acuerdo con lo previsto por el artículo 1882 del Código Civil, el compromiso arbitral debe ser formalizado por las mismas partes (con patrocinio letrado, naturalmente), salvo que el abogado apoderado contase con facultades especiales para comprometer en árbitros.

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