Artículo 1°.- El ejercicio de la profesión de abogado en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e e           Islas del Atlántico Sur, se regirá por las prescripciones de la presente Ley y, subsidiariamente, por lasas normas de los Códigos de procedimientos provinciales y demás leyes que se dicten en su consecuencia.

La protección de la libertad y dignidad de la profesión del abogado forma parte de las finalidades de          esta Ley y ninguna de sus disposiciones podrá entenderse en un sentido que las menoscabe o restrinja.

Artículo 2º.- Los Colegios Públicos de Abogados, uno por cada Distrito judicial provincial, tendrán a su cargo el gobierno y administración de la matrícula de abogados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la presente Ley.

Artículo 3º.- Para ejercer la profesión de abogado en jurisdicción de la provincia de Tierra del Fuego se requiere:

1. a) Poseer título universitario habilitante expedido por autoridad competente;
2. b) hallarse inscripto en la matrícula;
3. c) haber jurado ante el Colegio Público de Abogados correspondiente al Distrito judicial de su domicilio en Tierra del Fuego;
4. d) no encontrarse incurso en las incompatibilidades o impedimentos previstos en el siguiente artículo.

Artículo 4º.- No se podrá ejercer la profesión de abogado y procurador en la provincia de Tierra del Fuego en los siguientes casos:

1. a) Por incompatibilidad:

1.- El Gobernador, Vicegobernador, ministros, secretarios, legisladores y los funcionarios responsables de entes autárquicos y descentralizados de la Provincia, intendentes municipales, concejales y demás funcionarios públicos que por Constitución Nacional o Provincial, Ley nacional o provincial, Carta Orgánica Municipal u ordenanza, tengan prohibido el ejercicio de la profesión, mientras dure el ejercicio de  su mandato;

2.- los magistrados, funcionarios, y empleados judiciales de cualquier fuero y jurisdicción; los que se desempeñen en el Ministerio Público; Fiscal de Estado, titular y adjunto; los integrantes de tribunales administrativos, excepto cuando el ejercicio profesional resulte una obligación legal, representando o patrocinando al Estado nacional, provincial, o municipal;

3.- los magistrados y funcionarios de los tribunales municipales de faltas;

4- los abogados jubilados como tales, cualquiera sea la jurisdicción donde hayan obtenido la jubilación, en la medida dispuesta por la legislación previsional que les sea aplicable;

5.- los magistrados y funcionarios judiciales jubilados como tales, limitándose la incompatibilidad a la actuación ante el fuero al que hubieren pertenecido y por el término de cuatro (4) años a partir de su cese;

6.- los abogados que siendo escribanos posean un registro notarial en la Provincia, bajo los alcances comprendidos por la Ley provincial N° 286 o la que en el futuro la modifique o sustituya, o bajo dependencia de entidades públicas;

7.- los abogados que ejerzan las profesiones de contador público, martillero o cualquier otra considerada auxiliar de la Justicia, limitándose la incompatibilidad a la actuación ante el tribunal o juzgado en que hayan sido designados como auxiliares de la Justicia, y mientras duren sus funciones.

1. b) Por especial impedimento:

1.- Los suspendidos en el ejercicio profesional por los Colegios Públicos que crea esta Ley;

2.- los excluidos de la matrícula profesional, tanto en la provincia de Tierra del Fuego como en cualquier otra de la República, por sanción disciplinaria aplicada por el Colegio o por los organismos competentes de las provincias y/o ciudad autónoma de Buenos Aires mientras no sean objeto de rehabilitación.

Artículo 5°.- Los abogados comprendidos en las incompatibilidades del artículo anterior deberán comunicar fehacientemente tal circunstancia al Consejo Directivo, dentro de los diez (10) días posteriores a la producción del hecho. Asimismo deberán informar la causal y el lapso de su duración, de lo que se tomará debida nota en la matrícula. La omisión de la denuncia mencionada lo hará pasible de la sanción prevista en la presente Ley. No obstante lo expuesto, podrán actuar en causa propia o en la de su cónyuge, ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, pupilo o adoptado, así como también en las que sean inherentes a su cargo o empleo, pudiendo devengar honorarios conforme a las leyes.

TÍTULO II

CAPÍTULO I

JERARQUÍA DEL ABOGADO. DEBERES Y DERECHOS

Artículo 6°.- Son deberes específicos de los abogados, sin perjuicio de otros que se señalen en leyes especiales, los siguientes:

1. a) Observar fielmente la Constitución Nacional, Provincial y la legislación que en su consecuencia se dicte;
2. b) tener estudio o domicilio constituido dentro del radio de la jurisdicción provincial donde ejerza su profesión;
3. c) comunicar al Colegio todo cambio de domicilio que efectúen, así como también la cesación o reanudación de sus actividades profesionales;
4. d) comportarse con lealtad, probidad y buena fe en el desempeño profesional;
5. e) observar con fidelidad el secreto profesional, salvo autorización fehaciente del interesado;
6. f) abonar el monto que fije la Asamblea de Matriculados del Colegio donde se encuentra matriculado en concepto de inscripción de la matrícula y la cuota mensual que fije la misma en concepto de pago de la matrícula anual.

Artículo 7°.- Son derechos específicos y exclusivos de los abogados matriculados, en ejercicio de la matrícula y en ejercicio de la profesión, los siguientes:

1. a) Evacuar consultas jurídicas y percibir remuneración no inferior a las establecidas en las leyes arancelarias;
2. b) defender, patrocinar y representar judicial y extrajudicialmente a sus clientes;
3. c) guardar el secreto profesional;
4. d) comunicarse libremente con sus clientes respecto de los intereses jurídicos de éstos, cuando se hallaren privados de su libertad;
5. e) la inviolabilidad de su estudio profesional, en resguardo de la garantía constitucional de la defensa en juicio. Se establece expresamente la prohibición de allanamiento de los estudios jurídicos y/o la intervención judicial de los teléfonos de los mismos;
6. f) elegir a un matriculado en ejercicio de la matrícula y de la profesión como representante ante el Consejo de la Magistratura.

Artículo 8°.- El abogado en el ejercicio profesional estará equiparado a los magistrados judiciales en cuanto al trato, consideración y respeto que se le debe. Sin perjuicio de las sanciones penales que pudieren corresponder a quien no observara esta norma, el abogado afectado tendrá derecho a efectuar una reclamación ante el superior jerárquico del infractor que deberá tramitarse sumariamente. Además el afectado deberá comunicar de inmediato al Colegio cualquier violación de la presente norma, quien podrá constituirse en parte de dichas actuaciones.

Artículo 9°.- Sin perjuicio de los derechos que les acuerden las leyes, es facultad de los abogados en el ejercicio de su profesión requerir a las entidades públicas información concerniente a las cuestiones que se les haya encomendado y asimismo tener libre acceso personal a archivos y demás dependencias administrativas en las que existan registros de antecedentes. Se exceptúan de esta disposición las informaciones, registros y archivos cuyas constancias se declaren reservadas por disposición legal, en cuyo caso el abogado deberá requerir el informe por intermedio del juez de la causa.

Artículo 10.- En dependencias policiales, penitenciarias u organismos de seguridad, deberán proporcionarse al abogado los informes que éste requiera respecto de los motivos de detención de cualquier persona y el nombre del Juez a cuyo cargo se hallare la causa. Dicho informe deberá ser proporcionado por escrito y/o verbalmente, por intermedio del funcionario de mayor jerarquía existente al momento del requerimiento. No podrán establecerse horarios para evacuar tales pedidos, a cuyo efecto se consideran hábiles las veinticuatro (24) horas del día y todos los días del año. La sola exhibición de la credencial otorgada por el Colegio es requisito suficiente para acreditar la condición de abogado.

Artículo 11.- Con la sola exhibición de la credencial profesional, el abogado podrá examinar, compulsar y retirar copias a su costa de libros, registros, actuaciones judiciales y administrativas nacionales, provinciales y municipales y de registros notariales cuya publicidad no se encuentre prohibida por las leyes que rigen el procedimiento o el acto registral.

Artículo 12.- Queda expresamente prohibido a los abogados:

1. a) Representar, patrocinar y/o asesorar simultáneamente o sucesivamente en una misma causa, intereses opuestos;
2. b) ejercer la profesión en procesos en cuya tramitación hubiera intervenido anteriormente como juez de cualquier instancia, secretario o representante del Ministerio Público;
3. c) autorizar el uso de su firma o nombre a personas que, sin ser abogados, ejerzan actividades propias de la profesión;
4. d) publicar avisos que induzcan a engaño u ofrecer ventajas que resulten violatorias de las leyes en vigor, o que atenten contra la ética profesional;
5. e) recurrir directamente, o por terceras personas, a intermediarios remunerados para obtener asuntos;
6. f) disponer la distribución o participación de honorarios con personas que carezcan de título habilitante para el ejercicio profesional;
7. g) asegurar al cliente el éxito del pleito;
8. h) retener indebidamente documentación perteneciente a sus clientes o demorar injustificadamente la entrega de dinero o valores y siempre que sean requeridos en forma fehaciente y expresa y corresponda su devolución.

Artículo 13.- Ningún juez de la Provincia, podrá ordenar el allanamiento a los Estudios jurídicos de los abogados, ni la intervención de sus teléfonos, ni de su correspondencia, ni de sus comunicaciones o bases informáticas, siempre que se trate de causas relacionadas con el ejercicio de su profesión. En caso de ser objeto el profesional de una imputación penal a título personal, las medidas mencionadas podrán realizarse con la previa comparecencia de dos (2) representantes del Colegio correspondiente, el que será notificado fehacientemente en la persona de su presidente de la medida dispuesta, indicando fecha, lugar, hora y Estudio jurídico. Los representantes del Colegio presenciarán la medida judicial, a los efectos de salvaguardar el secreto profesional del abogado afectado, debiendo versar la medida judicial sobre cuestiones concretas, especificando en la manda judicial la información o documentación requerida por el Juez. Dichas medidas judiciales serán diligenciadas personalmente por el Juez, no pudiendo ser reemplazado por otro funcionario de menor jerarquía, bajo pena de nulidad.

TÍTULO III

MATRÍCULA

INSCRIPCIÓN EN LA MATRÍCULA

Artículo 14.- La matrícula será administrada por los Colegios Públicos de Abogados de cada Distrito judicial provincial, de conformidad con lo dispuesto en la presente norma.

Artículo 15.- La solicitud de inscripción en la matrícula será presentada al Colegio Público de Abogados correspondiente al Distrito judicial provincial del domicilio real del peticionante el que, en un plazo de diez (10) días hábiles, procederá a elevar la misma al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, juntamente con la documentación acompañada, previa verificación del cumplimiento de los requisitos formales exigidos por el artículo 17 de la presente Ley, y si no se encuentra alcanzado por alguna de las incompatibilidades previstas en la normativa vigente. La intervención del Superior Tribunal de Justicia, será por el plazo previsto en el artículo 71 de la presente Ley.

Artículo 16.- El Superior Tribunal de Justicia, verificará si el peticionante reúne los requisitos exigidos por la presente Ley y, a tal fin, procederá a realizar todos los pedidos de informes pertinentes tanto a la universidad que expidió el Título académico, como asimismo a los Colegios Públicos de Abogados del país en donde tenga o haya tenido matrícula, y a los registros públicos pertinentes a los fines de corroborar la autenticidad de la documentación acompañada por el peticionante, como asimismo los extremos exigidos por la ley. Asimismo requerirá por intermedio de la Secretaría de Superintendencia los antecedentes del peticionante al Registro Nacional de Reincidencia Criminal a los fines del cumplimiento de los recaudos de la presente Ley. La intervención del Superior Tribunal, será por el plazo previsto en el artículo 71 de la presente Ley.

Artículo 17.- Para inscribirse en la matrícula de los Colegios que por esta Ley se crean, se requiere:

1. a) Acreditar la identidad personal;
2. b) presentar Título de abogado expedido y/o reconocido por autoridad nacional competente con sus respectivas legalizaciones y certificaciones de los Ministerios de Educación y del Interior de la Nación;
3. c) presentar certificado de buena conducta;
4. d) denunciar el domicilio real y constituir uno dentro de la jurisdicción del Colegio Público de Abogados en que se pretenda matricular;
5. e) presentar una declaración jurada de no estar afectado por ninguna de las incompatibilidades o impedimentos referidos en el artículo 4° de la presente Ley;
6. f) abonar las sumas que establezca la Asamblea de Matriculados del Colegio donde se pretende matricular, en concepto de inscripción a la matrícula;
7. g) prestar juramento profesional ante el Colegio.

Artículo 18.- La solicitud de inscripción a la matrícula, una vez cumplidos los trámites exigidos en los artículos 15, 16 y 17 de esta Ley, será publicada por el Colegio Público de Abogados correspondiente, por el lapso de treinta (30) días corridos, en la sede del mismo, y en los edificios donde funcione la Justicia provincial, a los fines de la presentación de oposiciones fundadas en la inobservancia de algunos de los requisitos que exige la presente Ley. El Colegio correspondiente evaluará las oposiciones presentadas, debiendo expedirse dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la presentación. La falta de resolución dentro de dicho plazo, implicará tener por aceptada la solicitud del peticionante.

Artículo 19.- El rechazo del pedido de inscripción sólo podrá fundarse en el incumplimiento de alguno de los requisitos previstos en la presente Ley, y deberá ser decidido por el voto como mínimo de los dos tercios (2/3) de los miembros del Consejo Directivo. En caso de denegatoria, el peticionante interesado podrá interponer recurso de apelación ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia. Dicho recurso deberá ser deducido y fundado dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la correspondiente notificación. El recurso se concederá al solo efecto devolutivo. El Superior Tribunal dará traslado por cinco (5) días hábiles al Colegio. Vencido ese plazo, el Tribunal resolverá la apertura a prueba por veinte (20) días, si hubiera sido solicitada por el apelante y se considerara procedente la misma. Concluida la substanciación del recurso o vencido el período de prueba, el Superior Tribunal dictará resolución dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores, que serán improrrogables.

Artículo 20.- Será condición indispensable y necesaria para obtener la matrícula, la jura del profesional que se encuentre en condiciones, ante el Colegio de Abogados del Distrito judicial correspondiente, estableciéndose que dicha jura será realizada al menos cuatro (4) veces en el año conforme el calendario que establezca cada Colegio. El profesional prestará juramento ante el Presidente del Colegio Público de Abogados, de desempeñar su profesión con dignidad, decoro, probidad y con sujeción a las normas legales y éticas de la presente Ley, procurando la recta aplicación del Derecho, conforme a la Constitución Nacional y Constitución Provincial.

Artículo 21.- Una vez efectuada la jura por el profesional y comunicada dicha circunstancia al Superior Tribunal de Justicia, éste le extenderá en forma inmediata el número de matrícula profesional correspondiente y su credencial.

Artículo 22.-  El Colegio Público de Abogados de cada Distrito, entregará al matriculado la credencial a que se refiere el artículo anterior, la que contendrá su fotografía, número de documento de identidad, domicilio legal y número de matrícula. Contendrá asimismo en su reverso la transcripción de los artículos 8º y 9º de esta Ley.

Artículo 23.- Cada uno de los Colegios tendrá a su cargo la actualización de la matrícula de abogados, debiendo comunicar las modificaciones que se operen en la misma al Superior Tribunal de Justicia.

Artículo 24.- Los abogados matriculados que con posterioridad a la inscripción, incurran en alguna de las incompatibilidades especificadas en el artículo 4° podrán reincorporarse a la matrícula al cesar las causas de incompatibilidad allí enunciadas.

TÍTULO IV

COLEGIACIÓN DE ABOGADOS

CAPÍTULO I

CREACIÓN DE LOS COLEGIOS

DENOMINACIÓN. MATRICULACIÓN. PERSONERÍA

Artículo 25.- Créanse en la provincia de Tierra del Fuego, dos Colegios de Abogados, los que se denominarán Colegio Público de Abogados de Río Grande y Colegio Público de Abogados de Ushuaia, los cuales controlarán el ejercicio de la profesión de abogado  ajustándose a las disposiciones de la presente Ley. Los Colegios Públicos de Abogados que se crean por medio de la presente funcionarán con el carácter, derechos y obligaciones de las personas jurídicas de derecho público no estatal. Sin perjuicio de las remisiones especiales, la actuación de cada uno de los Colegios a que se refiere al ejercicio del cometido administrativo que esta Ley le habilita, se regirá observando supletoriamente la Ley provincial N° 141 de Procedimientos Administrativos. Prohíbese el uso, por asociaciones o entidades particulares que se constituyan en lo sucesivo, de la denominación Colegio Público de Abogados de Río Grande y Colegio Público de Abogados de Ushuaia u otras que por su semejanza puedan inducir a confusiones.

Artículo 26.- A los fines de delimitar territorialmente la competencia de cada uno de los Colegios establecidos por esta Ley se crean dos jurisdicciones, la primera cuya cabecera estará en la ciudad de Río Grande, comprenderá la jurisdicción correspondiente al Distrito Judicial Norte de la Provincia y la segunda con cabecera en la ciudad de Ushuaia, comprenderá al Distrito Judicial Sur de la Provincia.

Artículo 27.- Serán matriculados al Colegio Público de Abogados de cada jurisdicción de la provincia de Tierra del Fuego, los abogados con domicilio real en la Provincia que a la fecha de la sanción de la presente Ley se encuentren inscriptos en el registro de la matrícula llevada por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, de conformidad al domicilio denunciado que corresponda a cada jurisdicción, conforme las prescripciones de la presente Ley y los abogados que en el futuro se matriculen conforme las disposiciones de esta Ley. La matrícula otorgada por los Colegios Públicos de Abogados conforme a la presente Ley,  deberá mantenerse vigente con el pago del arancel al Colegio Público de Abogados del domicilio real correspondiente y será válida en cualquiera de las jurisdicciones.

Artículo 28.- La matriculación implicará el ejercicio del poder disciplinario sobre el inscripto, el cual será ejercido por las autoridades del Colegio donde se encuentre matriculado, y el acatamiento de éste al cumplimiento de los deberes y obligaciones fijados por esta Ley.

CAPÍTULO II

FINALIDAD. FUNCIONES. DEBERES Y FACULTADES

Artículo 29.- Los Colegios Públicos de Abogados creados por esta Ley tendrán las siguientes facultades generales:

1. a) El gobierno y administración de la matrícula de los abogados en cada una de sus jurisdicciones;
2. b) ejercer el poder disciplinario sobre los matriculados de su jurisdicción;
3. c) defender a los miembros del Colegio para asegurarles el libre ejercicio de la profesión conforme a las leyes, velar por la dignidad y el decoro profesional de los abogados  y afianzar la armonía entre ellos;
4. d) contribuir con el mejoramiento de la administración de justicia;
5. e) evacuar las consultas que le sean requeridas en cuanto a la designación de los magistrados;
6. f) dictar normas de ética profesional, que inexcusablemente deberán observar los abogados y la aplicación de las sanciones que aseguren su cumplimiento;
7. g) propender a la creación de un organismo provincial representativo de los dos Colegios creados por esta Ley;
8. h) colaborar con los Poderes públicos en la elaboración de la legislación en general;
9. i) crear una Caja de jubilaciones.

Artículo 30.- Los Colegios Públicos de Abogados tendrán las siguientes atribuciones para el cumplimiento de sus finalidades:

1. a) Controlar la matrícula de los abogados ejerciendo el poder disciplinario sobre los mismos a través del Tribunal de Ética y Disciplina, conforme a las normas establecidas en la presente Ley;
2. b) controlar el efectivo cumplimiento de las sanciones disciplinarias impuestas a los abogados matriculados;
3. c) cooperar en los estudios de planes académicos y/o universitarios, y de cursos jurídicos especiales, realizando o participando en trabajos, congresos, reuniones y conferencias que hagan a la formación del abogado;
4. d) promover la creación de una biblioteca jurídica y el otorgamiento de becas que propicien el estudio y especialización de las ciencias del derecho;
5. e) intervenir como árbitro en las causas que le sean sometidas, tanto en cuestiones en que sea parte el Estado, los particulares, o las que se susciten entre profesionales, o entre éstos y sus clientes;
6. f) tutelar la inviolabilidad del ejercicio profesional en todos sus órdenes, estando investido a esos efectos de legitimación procesal para ejercitar la acción pública;
7. g) administrar los bienes y fondos del Colegio de conformidad a la presente, al Reglamento interno y, en especial, conforme al Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos que apruebe anualmente la asamblea de matriculados.

CAPÍTULO III

ÓRGANOS DE LOS COLEGIOS

CONSTITUCIÓN Y COMPETENCIA

Artículo 31.- Cada uno de los Colegios Públicos de Abogados creados por esta Ley, se compondrá de los siguientes órganos:

1. a) Asamblea de Matriculados;
2. b) Consejo Directivo;
3. e) Tribunal de Ética y Disciplina.

Artículo 32.- El desempeño de todos los cargos será con carácter ad-honorem. Cuando las necesidades funcionales lo requieran, el caso se someterá a la voluntad de la Asamblea y ésta fijará los valores por los servicios.

SECCIÓN I

DE LAS ASAMBLEAS DE MATRICULADOS

Artículo 33.- Las Asambleas serán ordinarias y extraordinarias y se constituirán por todos los profesionales inscriptos en la matrícula, que tengan regularizado el derecho de ejercicio profesional.

Artículo 34.- Es competencia de la Asamblea ordinaria:

1. a) Sancionar un Código de ética y sus modificaciones;
2. b) reunirse, por lo menos una (1) vez al año, en la fecha y forma que establezca el Reglamento interno, a los fines de tratar el siguiente temario: memoria, balance, presupuesto de gastos y cálculo de recursos; informes anuales del Consejo Directivo y del Tribunal de Ética y Disciplina;
3. c) fijar el monto de la inscripción en la matrícula;
4. d) fijar el monto de la matrícula anual y su forma de pago;
5. e) establecer el monto del derecho fijo previsto en el artículo 64, inciso f).

Artículo 35.- La Asamblea extraordinaria se reunirá cuando lo disponga el Consejo Directivo o lo solicite un número no inferior al quince por ciento (15%) de los matriculados. En dicha  Asamblea sólo podrá tratarse el orden del día que haya sido objeto de expresa mención en la convocatoria.

Artículo 36.- La Convocatoria a Asamblea ordinaria deberá realizarse con no menos de treinta (30) días de anticipación a la fecha de la celebración.

.La convocatoria a Asamblea extraordinaria requerirá de veinte (20) días de anticipación como mínimo.

Artículo 37.- Las convocatorias deberán realizarse mediante publicación en el Boletín Oficial y en uno de los diarios de mayor circulación de la ciudad que corresponda por dos (2) días. Asimismo deberá exhibirse la citación en lugar visible de la sede del Colegio respectivo y en las tablillas de los Juzgados de las correspondientes ciudades durante cinco (5) días previos a la celebración. Las Asambleas se constituirán válidamente a la hora fijada para su convocatoria con la presencia de la mitad más uno de sus miembros. Transcurrida una (1) hora desde la que hubiere fijado para su iniciación, se tendrá por constituida válidamente cualquiera sea el número de matriculados presentes. Las decisiones de la Asamblea serán adoptadas por mayoría absoluta  -mitad más uno- de los votos presentes.

Artículo 38.- El presidente y secretario del Consejo Directivo, actuarán con el mismo carácter en las Asambleas. En ausencia de éstos actuarán en dicho carácter los matriculados que la propia Asamblea designe.

SECCIÓN II

DEL CONSEJO DIRECTIVO

Artículo 39.- El Consejo Directivo estará compuesto por un (1) presidente, un (1) vicepresidente, un (1) secretario, un (1) tesorero, tres (3) vocales titulares y tres (3) vocales suplentes.

Para ser designado miembro del Consejo Directivo se requiere ser abogado, con una antigüedad mínima de cinco (5) años de matriculación en la Provincia y no estar comprendido en las incompatibilidades previstas en el artículo 4° de la presente Ley.

Artículo 40.- Los miembros del Consejo Directivo serán elegidos por voto directo, secreto y obligatorio de los matriculados, por el sistema de listas. La lista que obtenga la mayor cantidad de votos se adjudicará los cargos de presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, primer vocal titular, primer vocal suplente y segundo vocal suplente. La lista que obtenga el segundo lugar en cantidad de votos se adjudicará el segundo y tercer vocal titular y el tercer vocal suplente, siempre y cuando obtenga el veinticinco por ciento (25%) de los votos válidos emitidos, o la diferencia entre el primero y el segundo sea inferior al diez por ciento (10%) de los votos válidos emitidos. Los cargos por la minoría serán ocupados por los candidatos a presidente, vicepresidente y secretario de la lista que obtenga el segundo lugar. Para el caso de que ninguna de las listas obtenga la minoría requerida, la totalidad de los cargos serán ocupados por la lista ganadora.

Artículo 41.- Los miembros del Consejo Directivo durarán dos (2) años en sus funciones y podrán ser reelectos por una sola vez por el período inmediato. En lo sucesivo sólo podrán ser reelegidos con intervalos mínimos de dos (2) años.

Artículo 42.- En caso de renuncia de alguno de los miembros del Consejo Directivo los cargos vacantes se ocuparán en la forma que la reglamentación determine, debiéndose respetar la adjudicación de los cargos de presidente, vicepresidente, secretario y tesorero de la lista ganadora. Si por cualquier circunstancia el número de miembros del Consejo Directivo quedara reducido a tres (3) deberá convocarse a elecciones en un plazo no mayor a treinta (30) días.

Artículo 43.- Es de competencia del Consejo Directivo:

1. a) Llevar el control de la matrícula de los abogados y resolver sobre los pedidos de inscripción, resolver todo lo atinente a las matriculaciones de los abogados y tomar el juramento previsto por el artículo 20 de la presente Ley;
2. b) convocar a las Asambleas, ordinaria y extraordinaria, fijando el orden del día;
3. c) cumplimentar las decisiones y resoluciones de la Asamblea si no tuvieren como destinatario específico a otro órgano;
4. d) presentar anualmente a la Asamblea ordinaria de matriculados la memoria, balance general e inventario del ejercicio anterior, así como el presupuesto de gastos y cálculo de recursos para el siguiente Ejercicio;
5. e) remitir al Tribunal de Disciplina los antecedentes relativos a las faltas previstas en la presente Ley;

f)) nombrar, remover y ejercer el poder disciplinario sobre el personal designado y/o contratado del Colegio;

1. g) ejercer todas las facultades y atribuciones de la presente Ley que no hayan sido conferidas específicamente a otros órganos;
2. h) adquirir, enajenar y gravar bienes inmuebles, contraer deudas por préstamos que se soliciten con garantías reales con autorización de la Asamblea, recibir donaciones con o sin cargo, adquirir o enajenar bienes inmuebles, efectuar depósitos en cualquier entidad financiera autorizada por el Banco Central de la República Argentina, y realizar todo otro acto de gestión administrativa;
3. i) dictar su propio Reglamento y establecer las misiones y funciones de sus miembros;
4. j) comunicar a la Federación Argentina de Colegios Públicos de Abogados las sanciones aplicadas a los matriculados conforme a la presente Ley.

Artículo 44.- La representación legal del respectivo Colegio será ejercida por el Presidente del Consejo Directivo o su reemplazante.

Artículo 45.- El Consejo Directivo se reunirá como mínimo una (1) vez por mes y cada vez que sea convocado por el Presidente o lo solicite la mayoría de sus miembros titulares y sus resoluciones se adoptarán por la simple mayoría de los votos presentes. El Presidente tendrá  doble voto en caso de empate. El Consejo Directivo decidirá, en sus reuniones, toda cuestión que le sea sometida por los matriculados, por los otros órganos del Colegio, por los Poderes públicos o entidades gremiales afines y que, por esta Ley o el Reglamento interno del Colegio, sean de su competencia. También resolverá  sobre toda cuestión urgente que sea de materia de la Asamblea, sujeto a la aprobación de la misma. Estas últimas resoluciones deberán adoptarse por el voto de los dos tercios (2/3) de los miembros presentes.

SECCIÓN III

DEL TRIBUNAL DE ÉTICA Y DISCIPLINA

Artículo 46.- El Tribunal de Ética y Disciplina estará compuesto por tres (3) miembros titulares y tres (3) miembros suplentes.

Artículo 47.- Los miembros del Tribunal de Ética y Disciplina serán elegidos por voto directo, secreto y obligatorio de los matriculados con idéntico sistema de elección que el previsto para el Consejo Directivo y en el mismo acto electoral.

Artículo 48.- Los miembros del Tribunal de Ética y Disciplina durarán dos (2) años en sus funciones y podrán ser reelectos.

Artículo 49.- Para ser miembro del Tribunal de Etica y Disciplina se requiere:

1. a) Ser abogado inscripto en la matrícula correspondiente del Colegio, con una antigüedad mínima de dos (2) años en la misma y con una antigüedad no menor de ocho (8) años en el ejercicio de la profesión;
2. b) no haber sido sancionado disciplinariamente por violaciones a normas de ética profesional durante todo el ejercicio de la profesión.

Artículo 50.- Es competencia del Tribunal de Ética y Disciplina:

1. a) Substanciar los sumarios por violación al Código de ética y disciplina;
2. b) aplicar las sanciones para la que esté facultado;
3. c) dictaminar, opinar e informar, cuando ello le sea requerido;
4. d) llevar un registro de penalidades de los matriculados;
5. e) rendir a la Asamblea ordinaria un informe detallado de las causas substanciadas y sus resultados.

Artículo 51.- Los miembros del Tribunal de Ética y Disciplina serán recusables y podrán excusarse por las mismas causas establecidas para los jueces en el Código Procesal Civil, Comercial, Laboral, Rural y Minero de la Provincia, no admitiéndose la recusación ni la excusación sin causa.

Artículo 52.- El procedimiento a que se ajustará el Tribunal de Ética y Disciplina, como así también su modo de actuación, deberá ser previsto en el Código de ética, respetando las siguientes reglas:

1. a) Proceso oral actuado;
2. b) derecho a la defensa;
3. c) determinación de plazos procesales;
4. d) impulso de oficio del procedimiento;
5. e) normas supletorias aplicables, observando en primer término las opciones del Código Procesal Penal de la Provincia;
6. f) término máximo de duración del proceso.

Artículo 53.- El Tribunal de Ética y Disciplina podrá disponer directamente la comparecencia de los testigos, realizar inspecciones, verificar expedientes y realizar todo tipo de diligencias.

Artículo 54.- El Tribunal contará con un secretario ad-hoc y ad-honorem designado de entre los profesionales de la matrícula, a propuesta de aquél.

Artículo 55.- Las disposiciones de la presente Ley no podrán ser modificadas o dejadas sin efecto, ni excusarse de los deberes u obligaciones profesionales allí contenidos por acuerdo de partes, por lo que son nulos los convenios de acuerdos que al respecto se suscribieran.

TÍTULO IV

DE LOS PODERES DISCIPLINARIOS

CAPÍTULO ÚNICO

COMPETENCIAS. CAUSAS. SANCIONES

RECURSOS. REHABILITACIÓN

Artículo 56.- Es atribución exclusiva de cada Colegio fiscalizar el correcto ejercicio de la profesión de abogado. A tales efectos ejercerá el poder disciplinario con independencia de la responsabilidad civil, penal o administrativa que puede imputarse a los matriculados.

Artículo 57.- Los abogados matriculados quedarán sujetos a las sanciones disciplinarias previstas en esta Ley, por las siguientes causas:

1. a) Condena judicial por delito doloso a pena privativa de la libertad, cuando de las circunstancias del caso se desprendiera que el hecho afecta al decoro y ética profesionales, o condena que comporte la inhabilitación profesional;
2. b) ejercicio de la profesión en violación de las prohibiciones y limitaciones establecidas en el artículo 4º de la presente Ley;
3. c) retención indebida de documentación o bienes pertenecientes a sus mandantes, representados o asistidos;
4. d) incumplimientos de los deberes de la profesión previstos en el artículo 6º de la presente Ley;
5. e) incumplimiento de las normas de ética profesional sancionadas por la Asamblea;
6. f) todo incumplimiento de las obligaciones o deberes establecidos por esta Ley.

Artículo 58.- Las sanciones disciplinarias serán:

1. a) Llamado de atención;
2. b) multa cuyo importe no podrá exceder a la retribución mensual de un juez de primera instancia;
3. c) suspensión de hasta un (1) año en el ejercicio de la profesión;
4. d) exclusión de la matrícula, que sólo podrá aplicarse:

1- Por haber sido suspendido el imputado cinco (5) o más veces con anterioridad dentro de los últimos diez (10) años;

2- por haber sido condenado a pena privativa de la libertad por la comisión de un delito doloso, siempre que el hecho esté directamente vinculado al ejercicio de la profesión, o afectare de manera grave el decoro o ética profesional.

En todos los casos a los efectos de la aplicación de las sanciones, el Tribunal de Ética y Disciplina deberá tener en cuenta los antecedentes del abogado.

Artículo 59.- En todos los casos que recaiga sentencia penal condenatoria a un abogado, será obligación del tribunal o juzgado interviniente comunicar al Colegio donde se encuentre radicada su matrícula, la pena aplicada con remisión de copia íntegra del fallo recaído y certificación de que la misma se encuentra firme. La comunicación deberá ser dirigida al Presidente del Consejo Directivo dentro del término de cinco (5) días de quedar firme la sentencia.

Artículo 60.- Las sanciones previstas en el artículo 58 de la presente Ley se aplicarán por decisión de simple mayoría de los miembros del Tribunal de Ética y Disciplina.

Todas las sanciones aplicadas por dicho Tribunal serán apelables con efecto suspensivo. El recurso será resuelto por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego y el Consejo Directivo del Colegio será parte de la substanciación del recurso.

Recibido el recurso, el Superior Tribunal de Justicia dará traslado al Consejo Directivo del Colegio por el término de diez (10) días y, evacuado el mismo, deberá resolver en el término de treinta (30) días.

Cuando se impongan sanciones de suspensión, las mismas se harán efectivas a partir de los treinta (30) días de quedar firme la sanción.

Artículo 61.- Las acciones disciplinarias prescribirán a los dos (2) años de producidos los hechos que autoricen su ejercicio y siempre que quienes tuvieran interés en promoverlas hubieran podido -razonablemente- tener conocimiento de los mismos. Cuando hubiere condena penal, el plazo de prescripción de las acciones disciplinarias de esta Ley será de seis (6) meses a contar desde la notificación al Colegio.

Artículo 62.- El Tribunal de Ética y Disciplina, por resolución fundada, podrá acordar la rehabilitación del abogado excluido de la matrícula, siempre que hayan transcurrido dos (2) años como mínimo del fallo disciplinario firme y hayan cesado las consecuencias de la condena penal, si la hubo.

Artículo 63.- Las sanciones aplicadas por este Tribunal serán anotadas en el legajo correspondiente del profesional sancionado, comunicando dicha circunstancia al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia.La renuncia a la matrícula no impedirá el juzgamiento del renunciante.

TÍTULO V

DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO I

INTEGRACIÓN DE LOS FONDOS DEL COLEGIO

Artículo 64.-  Los fondos de cada Colegio se formarán con los siguientes recursos:

1. a) Cuota de inscripción y cuota regular que deberán pagar los abogados inscriptos y en ejercicio de la profesión. Estas cuotas serán fijadas anualmente por la Asamblea de Matriculados;
2. b) donaciones, herencias, legados y subsidios;
3. c) multas  establecidas por esta Ley;
4. d) los intereses y frutos civiles de los bienes del Colegio;
5. e) los aranceles que perciba el Colegio por los servicios que preste;
6. f) el importe proveniente de un derecho fijo que se abonará por única vez en cada juicio junto con la primer presentación que realice cada abogado ante los jueces o tribunales de la Provincia. La Asamblea fijará el monto de este derecho fijo en base a una proporción del importe de la tasa de justicia que se tribute en juicios de monto indeterminado. Los jueces no darán curso a ninguna presentación sin verificar el pago de este derecho sin perjuicio de la validez de los actos procesales cumplidos. Quedan exceptuados de esta contribución los profesionales que actúen en procesos exentos del pago de tasa de justicia y aquellos cuya actuación profesional resulte de una obligación legal o representando o patrocinando al Estado nacional, provincial o municipal. El sistema de percepción del derecho establecido en esta disposición se realizará mediante el pago de un bono que emitirá cada uno de los Colegios para su respectiva circunscripción;
7. g) todo otro ingreso proveniente de actividades realizadas en cumplimiento de esta Ley.!

CAPÍTULO II

DEPÓSITO DE LOS FONDOS. PERCEPCIÓN DE CUOTAS

Artículo 65.- Los fondos que ingresen al Colegio conforme a lo previsto en el artículo anterior deberán ser depositados en el Banco Provincia de Tierra del Fuego, en cuenta especial a nombre del mismo.

Artículo 66.- La cuota de inscripción deberá ser abonada antes de prestar juramento. Las cuotas regulares deberán ser abonadas dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada período, pudiendo abonarse por adelantado el equivalente al año calendario. En caso de atraso de tres (3) cuotas regulares consecutivas, el asociado moroso deberá pagar un adicional de la cuota establecida que determinará el Consejo Directivo y su cobro compulsivo se realizará aplicando las disposiciones del Procedimiento de Ejecución Fiscal.

Será título ejecutivo el Certificado de Deuda suscripto por el presidente y el tesorero del Consejo Directivo o sus reemplazantes.

Artículo 67.- La falta de pago de seis (6) cuotas mensuales consecutivas o de seis (6) derechos fijos de los establecidos en el artículo 64, inciso f), en el lapso de un (1) año judicial, será causal de suspensión temporaria en la matrícula hasta tanto no regularice los pagos debidos; y el no pago de un (1) año de las cuotas que fije la Asamblea de Matriculados se interpretará como abandono del ejercicio profesional y dará lugar a que el Colegio respectivo lo suspenda en forma definitiva y sin otro recaudo de la matrícula hasta que regularice sus situación, sin perjuicio de la prosecución de la acción prevista en el segundo párrafo del artículo anterior.

Artículo 68.- Quienes se encuentren incursos en las incompatibilidades del artículo 4º de la presente Ley, podrán suspender el pago de los derechos y contribuciones establecidas en beneficio del Colegio respectivo.

TÍTULO VI

RÉGIMEN ELECTORAL

Artículo 69.- El Reglamento electoral deberá ser aprobado por la Asamblea de Matriculados debiendo ajustarse a las previsiones de la presente Ley y en todo lo que no se oponga se aplicarán las disposiciones de la Ley provincial electoral vigente, contemplando las siguientes bases:

1. a) Las listas que se presenten, para ser oficializadas, deberán contar con avales -por escrito- de no menos del diez por ciento (10%) de los abogados habilitados para ser electores;
2. b) las listas de candidatos para integrar el Consejo Directivo y el Tribunal de Ética y Disciplina se presentarán de manera separada;
3. c) los candidatos deberán reunir los requisitos previstos en la presente Ley para el cargo al que se postulen y hallarse asimismo al día con sus obligaciones pecuniarias para con el Colegio.

Artículo 70.- Son electores de los órganos de los Colegios que por esta Ley se crean todos los abogados que figuren en el padrón, se hallen al día en el pago de la cuota y no estén comprendidos en las incompatibilidades o impedimentos del artículo 4º de la presente Ley.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 71.- Las funciones respecto del gobierno y administración de la matrícula serán ejercidas los primeros cuatro (4) años a partir de la publicación de la presente Ley, conjuntamente por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia y los Colegios Públicos de Abogados de cada Distrito.

En caso de que alguno de los Colegios Públicos de Abogados, cumplidos los dos (2) primeros años desde la vigencia de la presente Ley, se encontrare en condiciones de ejercer las facultades establecidas en los artículos 2°, 14, 21 y 23 de la presente norma, podrán solicitar al Superior Tribunal de Justicia el ejercicio pleno de las mismas.

Artículo 72.- El primer padrón provisorio de los abogados inscriptos en la matrícula hasta la fecha de publicación de la presente Ley, clasificando a los profesionales que posean el domicilio real en la Provincia y aquellos que no residan en la misma, será confeccionado dentro de los treinta (30) días corridos de sancionada la presente Ley, por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia.

A partir de ese momento, automáticamente integrarán la matrícula del Colegio Público de Abogados los que posean domicilio real en la provincia de Tierra del Fuego.

A partir de la vigencia de la presente Ley todos aquellos profesionales que no posean domicilio real en la Provincia deberán ajustarse a las prescripciones de la presente Ley dentro de un plazo de noventa (90) días. Vencido este plazo, cesarán en la matrícula.

Artículo 73.- La primera elección a cubrir los cargos de los Colegios Públicos de cada distrito se regirá contemplando lo establecido en los incisos a), b) y c) del artículo 69 de la presente y, subsidiariamente, por el Código electoral vigente. La convocatoria a elecciones será efectuada por los órganos de administración de las actuales asociaciones civiles entre cuyos objetivos se encuentra la defensa de los intereses profesionales de los abogados; deberán convocar a elecciones del Consejo Directivo y del Tribunal de Ética y Disciplina conforme a la presente Ley en un plazo no mayor a ciento ochenta (180) días. A tal efecto deberá exhibirse el padrón de matriculados en las respectivas sedes por uince (15) días corridos a los fines de que se formulen las impugnaciones a que hubiere lugar. Depurado el padrón se onvocará dentro de los diez (10) días a la presentación de listas conforme al artículo 69 de la presente Ley. El acto eleccionario deberá celebrarse dentro de los veinte (20) días siguientes. El primer Consejo Directivo será puesto en funciones por el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, quien hará entrega al Consejo Directivo electo las copias certificadas de los registros referentes a la matrícula de abogados existentes a la fecha.

Artículo 74.- Dentro de los sesenta (60) días de su asunción, el primer Consejo Directivo deberá convocar a la Asamblea de Matriculados la cual determinará:

1. a) El monto de la matrícula anual y su forma de pago;
2. b) el monto de inscripción en la matrícula;
3. c) el monto de derecho fijo;
4. d) una comisión que se abocará a la confección de los proyectos de Códigos de ética de los abogados y Reglamento electoral, los cuales serán sometidos a consideración de la Asamblea en un plazo no superior a los sesenta (60) días.

Artículo 75.- Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial.